Retrasos en contratación del ICBF podría afectar a más de 1,2 millones de niños, alerta la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación hizo una alerta sobre los retrasos en contratación de los servicios del Programa de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que ponen en riesgo a por lo menos 1,2 millones de menores en el territorio nacional que esperan su continuidad.

Así lo dio a conocer el ente de control a través de un comunicado en el que señaló que tras hacer un barrido por distintas zonas del país evidenció los graves problemas que enfrenta la entidad “con los procesos de selección de operadores, suscripción de contratos y el inicio en la ejecución de los mismos”, generando graves inconvenientes a los derechos de los niños, niñas y madres gestantes.

“La falta de planeación y capacidad del ICBF para implementar el nuevo modelo para la contratación del servicio y los retos que este acarreaba, quedando corta ante la magnitud de la continuidad del Programa de Primera Infancia”, indicó.

Según informó la Procuraduría, tras realizar varias investigaciones, de 1.325 zonas dispuestas para que el ICBF preste sus servicios, 240 están desiertas y el resto de ellas o no se han suscrito contratos o no se han hecho las ejecuciones.

“Requerí al Bienestar Familiar que agilice de manera urgente la contratación correspondiente y que lo haga en pro de los derechos de la población infantil (..) Yo me pregunto: ¿por qué tanta demora que está afectando la vida de nuestros menores?”, dijo la procuradora Margarita Cabello.

El departamento de La Guajira es uno de los lugares que preocupa por la situación que allí se vive, pues “por lo menos 44 mil niños de la comunidad wayuu padecen la falta del Programa de Primera Infancia, el cual contempla educación inicial, alimentación nutritiva, acompañamiento a las familias, entornos protectores y espacios a los menores y madres gestantes”.

El panorama es preocupante, más aún luego de que en un trabajo conjunto entre ICBF y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República se detectaron 220 contratos irregulares en manos de 59 operadores, los cuales tenían el mismo representante legal, idéntica dirección de domicilio, fecha de constitución y error en el objeto y alcance.

Un hecho que dio a conocer la directora del instituto, Astrid Eliana Cáceres, a través de la red social X en la que denunció que “encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición”.

“Con estas instituciones, el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana. Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”, reveló la directora general.

Las irregularidades descubiertas también incluyen incumplimientos al objeto de los contratos celebrados, en cuanto al número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados.