Retrasos, irregularidades y falta de pruebas, la historia de la investigación contra almacenes Supercundi

El caso Supercundi y Merkandrea lo recuerda al país con el anuncio, en 2017, de la Fiscalía: extinción de dominio a los supermercados que, supuestamente, fueron financiados y servían de banco criminal para el lavado de activos de la entonces guerrilla de las Farc.

Con el anuncio de extinción de dominio, algunos vándalos, en diferentes barrios de Bogotá y municipios de Cundinamarca, se tomaron la justicia por su cuenta e iniciaron una asonada llena de saqueos en los supermercados que fueron identificados por la Fiscalía. Al final lo único que pudo extinguir la Fiscalía fueron los edificios, porque los productos fueron hurtados por los delincuentes.

El proceso en la Fiscalía no tuvo futuro, un juez lo remitió a la JEP, que desde hace cuatro años lo tiene en sala de espera y sin resolver la responsabilidad de los Mora Urrea o determinar su inocencia. Por eso el Tribunal para la Paz le jala las orejas a la misma JEP para que pise el acelerador y en 20 días defina el caso. Esta es la historia.

Los propietarios de los supermercados, los hermanos Alirio, Uriel y Norberto Mora Urrea, fueron capturados como presuntos responsables de una millonaria operación de lavado de activos al servicio del extinto jefe guerrillero alias Romaña. Cinco años después siguen investigados y la Justicia Especial de Paz hace un enérgico llamado de atención para definir su situación jurídica.

Las denuncias

Los abogados de la familia Mora Urrea hicieron una investigación que reveló cómo el caso Supercundi estuvo en los anaqueles de la Fiscalía y en el despacho de una fiscal que ahora es la directora de finanzas criminales de la entidad, Luz Ángela Bahamón.

De acuerdo con el abogado Alejandro Carranza, en 2007, la entonces fiscal Bahamón aseguró ante un juez de control de garantías que tenían información de procesos en Panamá contra los hermanos Mora Urrea, de un supuesto lavado de activos. El problema es que Panamá lo negó y eso, según el abogado, la fiscal lo ocultó.

“Ella siguió mintiéndoles a los jueces de garantías junto a dos personas del DAS, una de ellas Luz Enith Arenas, que parece ser una funcionaria con la que ella confabula para cometer estas vías de hecho y montar procesos judiciales. Lo monta con mentiras y se queda con esa investigación y en el año 2009 un juez de garantías dice ojo porque allí hay algunas irregularidades”, advirtió el abogado.

Las respuestas de Panamá se convirtieron en una talanquera para la Fiscalía en ese momento. El abogado Carranza aseguró que el proceso ni se archivó ni precluyó, solo se guardó en el cajón de la fiscal Bahamón, la misma que lo desempolvó 10 años después en la cruzada del ente acusador contra los bienes de las Farc.

“Ella oculta la investigación y esto es muy grave, la meten en un cajón y la deja guardada hasta el año 2016; cuando ella es directora de lavado de activos, la saca del cajón le mete unos falsos testigos y con eso sale en febrero 2018 a decir en público: aquí están los bienes de las Farc ocultos y aquí la Fiscalía está encontrando supuestamente los activos”, dijo el abogado.

Presiones

Una denuncia radicada en la misma Fiscalía contra la directora de finanzas criminales, Luz Ángela Bahamón, incluye un documento que según el abogado explica de qué forma la alta funcionaria del ente acusador, la misma que inició en 2007 las verificaciones en el caso Supercundi, ahora instruía a los fiscales sobre lo que deben o no hacer.

“Una fiscal que ella trasladó a la unidad de lavado de activos y deja constancia donde dice que la directora Luz Ángela Bahamón me pidió que retirara la audiencia de imputación y ella en un acto deja la constancia”, señaló el abogado Carranza.

En el documento, de acuerdo con la denuncia, se lee cómo la fiscal del caso insiste en que por orden de Bahamón retira una imputación contra los hermanos Mora Urrea, lo que constituye una evidente intromisión en la independencia y autonomía de los fiscales. La denuncia de los abogados, curiosamente, fue respondida por un subalterno de la directora.

Testigos falsos

En la denuncia que está en poder de la Fiscalía se explica cómo los testigos presentados por la fiscal del caso y en contra de los hermanos Mora Urrea, se empiezan a retractar, incluso a advertir que Alirio Mora Urrea fue secuestrado por las mismas Farc y que nunca fueron testaferros del grupo guerrillero. Las declaraciones fueron entregadas en el llamado Caso 001 de la Justicia Especial de Paz.

Los testigos de la Fiscalía permitieron a los delegados de extinción de dominio y algunas directivas, tomar la determinación de adelantar los operativos que extinguieron los bienes de la familia Mora Urrea, otro proceso que lleva cinco años en un juzgado sin resolver la responsabilidad o inocencia de los implicados.

El asunto o el problema es que el tiempo no retrocede y la extinción de dominio fue un hecho. Hay una amplia posibilidad de que la JEP exonere a los Mora Urrea y así, el proceso de la Fiscalía se cae, al igual que la extinción de dominio. Entonces, el Estado deberá responder –en otras palabras, los colombianos– por una millonaria demanda.