Los tres uribistas prófugos de la justicia

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia María del Rosario González fue la protagonista del jueves anterior. Durante más de siete horas leyó un voluminoso expediente de 401 folios en los que sustentaba una controvertida decisión: la condena a algo más de 17 años de prisión, y al pago de una millonaria multa (cerca de 13 millones de dólares) a quien fuera uno de los hombres de confianza del expresidente Álvaro Uribe. 

Las cámaras de televisión y los periodistas de los medios radiales y escritos, todos la escuchaban con atención. Pero el principal interesado en la sentencia, Andrés Felipe Arias, fue el gran ausente de una de las diligencias más esperadas por la opinión pública. 

El exministro de Agricultura, cerebro del programa Agro Ingreso Seguro, había decidido evadir a la justicia antes de escuchar una de las más duras condenas que se hayan proferido contra un exalto funcionario del Estado. 

Arias, quien estuvo más de dos años detenido y asistió a todas las audiencias durante su proceso, pasó a ser considerado un prófugo.

El exfuncionario, considerado en su momento una prominente figura política (fue precandidato presidencial en el 2010), abandonó el país el pasado 13 de junio, el mismo día en que se filtró la información de que la Corte Suprema de Justicia dictaría sentencia en su contra. Las autoridades colombianas tienen información de que en el momento de conocerse el fallo, ‘Uribito’, como se le conoce, se encontraba en Miami. 

"(Arias) hizo unos trámites en el consulado de Miami hace unas semanas. La cónsul se lo comunicó a la Cancillería y nosotros a la Fiscalía", explicó este jueves la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, desde Brasilia.

Y mientras el expresidente Álvaro Uribe lo declaraba víctima de una persecución política, el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Angelino Garzón, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, coincidían en señalar que Arias debe presentarse y responder a la justicia colombiana. En otras palabras, han sugerido que su condición es la de prófugo. 

Incluso, el partido Polo Democrático, que hizo oposición al gobierno de Álvaro Uribe, fue más allá. pues no sólo le exigió al Gobierno que proceda a cancelarle el pasaporte y a pedir la circular roja de la Interpol, sino que calificó como una conducta sistemática del uribismo la de evadir la justicia.

Y es que Arias no es un caso particular. Es el tercer alto funcionario del gobierno de Uribe que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La primera que huyó fue María del Pilar Hurtado, quien dirigió entre el 2007 y el 2009 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que fue liquidado luego de que se descubrió la trama de espionaje que desde allí se adelantó contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos de oposición, periodistas y defensores de Derechos Humanos. 

En el 2010, Hurtado fue acusada de haber impartido las órdenes a sus subalternos por instrucción directa de la Casa de Nariño. En ese momento, y con ayuda de Uribe, la exdirectora consiguió refugiarse en Panamá, gracias al asilo que le otorgó el presidente de ese país, RicardoMartinelli. 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos solicitó su extradición un año más tarde para que respondiera por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Ahora, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el asilo y el nuevo mandatario panameño, Juan Carlos Varela, mostró su disposición de extraditar a Hurtado. A pesar de estas decisiones, su paradero es un misterio. Incluso no se descarta la hipótesis de que hubiera abandonado ese país.

El otro caso es el de Luis Carlos Restrepo, quien fue alto comisionado para la Paz entre el 2002 y el 2009. A él también se le perdió el rastro cuando se produjo una decisión judicial en su contra. El 20 de enero del 2012 la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de prevaricato, peculado, fraude procesal y tráfico y porte de armas. 

Los hechos por los que se ordenó la captura de Restrepo se remontan al 7 marzo del 2006, siendo Juan Carlos Restrepo comisionado de Paz del Gobierno Uribe, cuando se produjo la supuesta desmovilización de 62 guerrilleros del frente cacica la Gaitana de las FARC.

Sin embargo, meses después, debido a las declaraciones de algunos de los desmovilizados, se conoció que el proceso había sido un montaje y que de los 62 supuestos guerrilleros desmovilizados sólo algunos lo eran realmente, mientras la mayoría eran indigentes y desempleados que recibieron alrededor de 500.000 pesos por participar del montaje.

La Fiscalía citó a declarar a Restrepo en enero del 2012, pero no se presentó a la audiencia y entonces se determinó que se había fugado del país. Desde la clandestinidad ha enviado algunas comunicaciones. Nadie sabe de su paradero. Se presume que también estaría en Estados Unidos. 

El primer aliado político del expresidente Uribe que intentó evadir la justicia abandonando el país fue su primo, el exsenador Mario Uribe Escobar. En abril del 2008 la Fiscalía ordenó su captura por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Uribe Escobar no se entregó y, por el contrario, se refugió en la embajada de Costa Rica en Bogotá. Allí pidió asilo mientras en las afueras casi un centenar de personas exigía su entrega a la justicia. El asilo no le fue concedido. 

Ahora, y a pocas horas de posesionarse como senador, el expresidente Uribe sufrió otro golpe: ver a uno de sus más cercanos colaboradores condenado. El exmandatario insiste en que Andrés Felipe Arias, a quien alguna vez calificó como su copia mejorada, es un perseguido por la justicia. Pero otra cosa piensan sus adversarios y la opinión pública, que ya lo señalan como el tercer uribista prófugo de la justicia.