Fallo de la Corte sobre Esmad motiva reunión urgente en Presidencia

Ante el fallo que se conoció de la Corte Suprema de Justicia que le ordena a la Presidencia de la República definir unos mecanismos que permitan garantizar la protección de las manifestaciones y protestas en Colombia, el mandatario Iván Duque citó a una reunión extraordinaria de trabajo en la Casa de Nariño para analizar con su gabinete los alcances de esa decisión.

De acuerdo con altas fuentes del Gobierno, en el encuentro, que tiene carácter de urgencia, estará el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la ministra del Interior Alicia Arango, la consejera presidencial de Derechos Humanos Nancy Patricia Gutiérrez y el equipo de la Secretaría Jurídica de Presidencia.

Se pondrá sobre la mesa en la reunión la estructuración de una estrategia que permita seguir protegiendo los derechos humanos en medio de las manifestaciones que sea convocadas en el país, además de discutir los procedimientos que enmarcan la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.

El martes de esta semana, se conoció un fallo que fue calificado como histórico, en el cual la Corte Suprema de Justicia luego de evidenciar que en Colombia se presenta una problemática por la intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas, ordenó a la Presidencia de la República garantizar el derecho a la protesta.

Así mismo, dentro de las determinaciones adoptadas por el alto tribunal el Gobierno y las demás autoridades deberán proteger los derechos fundamentales a la expresión, reunión y libertad de prensa en cuya decisión también establece la puesta en marcha de un de un protocolo de acciones preventivas que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

La providencia de la Corte ordena la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.

“La Corte señala explícitamente que la protesta intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio, no están protegidas por la Constitución Nacional”, se desprende del documento de la Corte Suprema.

También dice el alto tribunal en su providencia “se infiere de lo escrutado constitucionalmente –señala la sentencia–, por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el ESMAD que, hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”.

La Corte Suprema le recordó en ese fallo al Gobierno que “una de las obligaciones del Estado es proteger la libertad de expresión, de crítica y de opinión, aspectos que constituyen una conducta legítima de disenso social, siempre y cuando no se busque hacer propaganda por la guerra y el vandalismo, cuando no se pretende hacer apología del odio, de la violencia, del delito y, en general, de la violencia como forma de solucionar los problemas”.

Finalmente, los magistrados ordenan al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo García que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas pida disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales.