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Revelan detalles de la versión que dio el coronel del Ejército capturado con un arsenal en el aeropuerto Eldorado
La excusa que entregó a sus superiores no fue convincente y lo retiraron del servicio, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Finalizando el pasado mes de octubre, la Policía reportó que había capturado a un coronel activo del Ejército con todo un arsenal en el aeropuerto Eldorado. El sujeto llevaba armas, 55 cargadores de pistola, siete adaptadores tipo fusil para pistola y miras. El coronel viajaba desde Miami, Estados Unidos, y tenía como destino último la ciudad de Cali.
Al pasar las maletas que traía consigo el coronel por el escáner del aeropuerto, las unidades de policía quedaron sorprendidas al detectar el armamento que estaba adentro de los equipajes. Vale la pena aclarar que, según información en su momento de las autoridades, el armamento que pretendía ingresar al país el oficial era ilegal.
El uniformado fue identificado como el coronel Jorge Esteban Bautista López, quien fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Hasta el momento ninguna alta autoridad del Gobierno se había pronunciado sobre el caso. Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que el coronel había sido retirado de la institución y dio a entender que la explicación que entregó el oficial sobre su actuar no fue convincente.
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“No se sabe para qué traía ese armamento, ha dado razones que no son a mi gusto entendible, como que se trataba de una labor de intermediación con amigos, por eso fue retirado del Ejército”, reveló el ministro Velásquez.
Así mismo, se pronunció sobre el reciente escándalo en el Ejército revelado por la Fiscalía, en donde quedó en evidencia la presunta participación militares activos y en retiro en una poderosa red de tráfico de armas.
“Hay investigaciones internas del Ejército, investigaciones administrativas que apoyan también las investigaciones judiciales que realiza la Fiscalía, hay una comunicación permanente en el suministro de la información requerida por la Fiscalía para la desarticulación de redes en la medida en que se acredite esa existencia de una participación más organizada en este tipo de delitos”, señaló el alto funcionario.
De igual manera, indicó que se ha encontrado posible omisión en algunas unidades sobre el conteo del armamento. “Hay una responsabilidad que tienen los comandantes de hacer un conteo diario de las armas que están a su cargo para iniciar inmediatamente investigaciones cuando se reporten faltantes, ha habido omisiones en algunas unidades y eso igualmente hace parte de las investigaciones”, dijo.
Tráfico de armas
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a ocho presuntos integrantes de una red delictiva señalada de obtener armas de fuego y munición de uso exclusivo de la fuerza pública para venderlas a distintas estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.
Entre los procesados se identificó a personal activo y exintegrantes del Ejército Nacional que desempeñaron diversas funciones en los depósitos de los fuertes militares ubicados en Caquetá, Meta, Bogotá, Putumayo y la costa Atlántica.
Al parecer, aprovecharon sus cargos para extraer pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos de diferentes calibres, y entregarlos a particulares que se encargaban de la comercialización y distribución a los grupos armados ilegales.
La evidencia indica que los dineros producto de las negociaciones ilícitas eran enviados a través de empresas de giros. Hasta el momento se han documentado pagos por más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2022.
Las ocho personas que harían parte de esta red fueron capturadas en una acción conjunta del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional en Medellín (Antioquia), Florencia (Caquetá), Villavicencio (Meta), Barranca de Upía (Meta), Apía (Risaralda) y Neiva (Huila).
Entre los detenidos está el soldado profesional retirado Arbey Panqueva Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes fueron condenados por el delito de tráfico de armas y cumplían detención en los lugares de residencia. Los elementos de prueba indican que, al parecer, mantenían contacto con funcionarios de distintos batallones para continuar adquiriendo armamento a gran escala.
