¿Revictimización a Jessy Quintero? Fue declarada inocente de la muerte de Luis Andrés Colmenares, pero Fiscalía, Bomberos y Rama Judicial no aceptan responsabilidad en acusaciones

En la mañana del 9 de octubre de 2011, la vida de Jessy Quintero, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, sufrió un cambio radical. Ese día, las autoridades la capturaron en un cinematográfico operativo, acusándola de haber participado en los hechos que rodearon la muerte de Luis Andrés Colmenares, su mejor amigo, cuyo cuerpo sin vida apareció en el canal del parque El Virrey el 31 de octubre de 2010. Ahí arrancó la pesadilla que la llevó a estar privada de la libertad, y ahora se convirtió en una demanda de reparación sobre la cual, según confirmó SEMANA en exclusiva, ni Fiscalía, ni Rama Judicial, ni Bomberos quieren responder.

La joven, quien para ese entonces estaba a punto de terminar su carrera, se vio obligada a abandonar sus estudios y estuvo con detención domiciliaria durante un año y un mes. Toda esta situación, asegura, le ocasionó graves daños morales. Era víctima de chistes y matoneo en redes sociales, así como de amenazas y señalamientos que la culpaban constantemente por la muerte del joven. Ni siquiera el fallo absolutorio cesó las acusaciones.

Esta grave situación motivó una demanda en la que se pide una indemnización económica por los daños y perjuicios causados por lo que se calificó como un “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”.

Reclama que tanto la Rama Judicial, como la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos, a los que considera principales responsables en su tragedia, respondan por los daños y perjuicios causados y paguen una indemnización cercana a los 1.000 millones de pesos por el daño a la dignidad humana, los gastos en abogados y los perjuicios generados por los 13 meses que estuvo privada de la libertad.

“La Fiscalía no emprendió una investigación con seriedad y en búsqueda de la verdad. Degradó la acción penal a una fantasía delictiva, manipulando pruebas y ocultando otras”, resalta la demanda de 88 páginas. Sin embargo, en los conceptos emitidos por estas entidades, conocidos en exclusiva por SEMANA, las partes demandadas se tiran la pelota y no reconocen responsabilidad alguna en los hechos.

El primero en pedir que no se le vinculara con este caso fue el Cuerpo de Bomberos de la capital, esto pese a que fueron los que adelantaron las labores de búsqueda de Colmenares esa fatídica noche de Halloween y, tras la presión de familiares y amigos del joven, lo hallaron en el canal de aguas lluvias.

“La falta de seguimiento de los protocolos y la mentira a las autoridades trajo consecuencias graves para Jessy Quintero: con base en ello se abrió una investigación penal en su contra por el delito de falso testimonio y encubrimiento”, advierte la demanda. Pese a estos señalamientos directos, el Cuerpo de Bomberos asegura que nada tiene que ver.

“No tuvo (bomberos) incidencia en los hechos referenciados por la demandante como causantes del daño presuntamente derivados de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y de la privación injusta de la libertad de la señorita Jessy Mercedes Quintero”, asegura la réplica que les achaca la responsabilidad a la Fiscalía y a la Rama Judicial.

Esta respuesta se da pese a que la demanda señala que durante el extenso juicio quedó demostrado que los integrantes del Cuerpo de Bomberos, que realizaron el operativo de búsqueda, mintieron varias veces sobre las acciones que se adelantaron para ubicar al joven en el caño de El Virrey.

Para la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá es un graso error vincularlos, pues no hay “existencia de un nexo de causalidad entre los hechos narrados por la demandante y el daño referido, al haber guiado el Cuerpo Oficial de Bomberos sus actuaciones bajo los parámetros establecidos”.

Esta conclusión firmada por dos bomberos fue la punta de lanza para que la Fiscalía General asegurara que “alguien” trasladó y arrojó el cuerpo de Luis Andrés Colmenares Escobar, pues de otra manera no se entendía cómo nadie había vuelto a ver al joven. En la demanda se señala que la seguidilla de errores e incumplimientos crasos en el protocolo llevaron a que se creara toda una teoría jurídica sin fundamento que terminó con Jessy Quintero detenida y privada de su libertad, lo que afectó su calidad de vida.

“Si la Fiscalía General no hubiera manipulado las pruebas que demostraban la inexistencia del delito, los medios de comunicación hubieran tenido la oportunidad de informar imparcial y objetivamente sobre el proceso penal. En consecuencia, también se hubiera evitado el acoso cibernético que sufrió Jessy Quintero y que consistió en ridiculización por medio de memes, tuits, videos y fotos en las diferentes redes sociales”, advierte la demanda.

La respuesta de la Fiscalía se niega a reconocer el error y, contrario a los dos fallos en los que se absuelve a Jessy Quintero, el ente investigador asegura que “se encuentra pendiente de decisión de admisión de recurso de casación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, por lo que el caso en sí no se ha cerrado definitivamente.

Por esto defendió la labor que se adelantó durante años para responder la gran pregunta sobre lo que ocurrió en las últimas horas de vida de Luis Andrés. “Es claro que la acá demandante, con sus imprudencias y luego con sus omisiones en el proceso penal (...), llevaron a la imposición de la medida de aseguramiento”.

Considerando además que existía evidencia suficiente para inferir en ese momento que Jessy Quintero y Laura Moreno fueron las últimas personas que tuvieron contacto con Luis Andrés, después de salir de una discoteca en la que celebraban una fiesta de disfraces, en el norte de Bogotá.

Igualmente, quiso esquivar responsabilidad alguna frente a los señalamientos hechos. “Es cierto que el desarrollo del proceso penal tuvo una exposición mediática casi que desde sus inicios, pero esta situación de ninguna manera podría indicarse que corrió por cuenta de la Fiscalía General de la Nación”.

En la respuesta a la demanda, el ente investigador rechazó los 15 señalamientos que se hicieron en contra de su actuar, indicando que se presentaron las evidencias correspondientes, pero que fueron los jueces que decidieron no acoger su teoría y emitir fallo absolutorio. En simples palabras, son cosas que pasan en la administración de justicia en Colombia.

Incluso, la Fiscalía fue más allá, plantea revivir el mediático caso y poner a Quintero nuevamente en el banquillo de acusada, al solicitar que sea llamada a declarar para que cuente nuevamente su historia y responda las preguntas que le serán formuladas frente a los supuestos daños ocasionados durante este proceso. Una fuente cercana a la demandante aseguró que esto representa una clara revictimización, puesto que en la parte documental está presente lo que ocurrió durante esos años.

La Rama Judicial también le está sacando el cuerpo a la responsabilidad y en un documento manifestó que la decisión de cobijar con medida de aseguramiento se hizo siguiendo una solicitud presentada por la Fiscalía, evaluada en una audiencia pública en la que también se escucharon las intervenciones de la Procuraduría, el abogado de la familia Colmenares y la procesada.

Por esto, se pidió cobijar la independencia judicial alertando que no fue una decisión apresarla y que se garantizó el debido proceso, por lo que pidió rechazar de plano las pretensiones de la demanda.

En los próximos días se emitirá una decisión de fondo frente a la demanda que pide una reparación para el padre, la madre, la abuela materna y la hermana de Jessy Quintero, quien, hoy por hoy, intenta recuperar su vida y alejarse de ese mediático caso que marcó la historia judicial reciente de Colombia. Eso quiere, que le paguen por lo que tuvo que vivir.