POLÉMICA
¿Revivirán el computador de Raúl Reyes? La petición de las familias de diputados del Valle asesinados por las Farc
Varias familias de los diputados pedirán a la JEP tener en cuenta la información que se encontró en el campamento guerrillero, aunque no sea válida como prueba en la justicia ordinaria.
A pocos días de cumplirse 19 años del secuestro de los diputados del Valle, sus familias, a través de la Fundación Defensa de Inocentes, en cabeza del abogado Juan Camilo Sanclemente, presentarán en los próximos días ante la JEP una solicitud para que se revise como prueba el contenido encontrado en el computador de Raúl Reyes.
Conocido como el canciller de las Farc, Reyes era el segundo hombre en importancia para el secretariado, abatido durante la Operación Fénix en Ecuador, en 2008. El contenido de los computadores, más allá de la polémica, es contundente.
Por ejemplo, uno de los correos, de julio de 2007, firmado por una persona denominada como J.E y dirigido a los “camaradas del secretariado”, retrata las condiciones en las que fueron ultimados los diputados. “Ahora se requiere la entrega de los despojos mortales de los diputados para conocer qué nuevos elementos surgen para elaborar un comunicado desenmascarando las maniobras realizadas por el Gobierno (de Uribe) para rescatar los prisioneros por la vía militar y al mismo tiempo negarse al intercambio humanitario con cualquier pretexto”, se lee en uno de tantos mensajes escritos.
Y es que la frase “Señoras y señores, nos los llevamos del centro de Cali” sigue golpeando el recuerdo de las familias de los 11 diputados secuestrados esa tarde de abril de 2002. Ellos nunca regresaron, fueron asesinados en cautiverio. El único sobreviviente fue Sigifredo López.
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Otro correo, del 6 de julio de 2007, está dirigido al “Apreciado e Ilustre Camarada Iván” (Iván Márquez) y firmado con la frase: “Paro aquí. Un abrazo, Raúl”. Se lee que “lo preponderante de la movilización de ayer fue el intercambio humanitario, la paz y la entrega de los cadáveres de los once diputados”
Las familias piden que algunos de estos correos sirvan como aporte probatorio al caso 01 (secuestro) ante la nueva justicia transicional, creada al amparo del acuerdo de paz de La Habana. La polémica está servida, y el debate se centrará en la validez que decida darles la JEP a estas pruebas. Ya para el caso de los falsos positivos recibió informes de organizaciones, que no tienen el peso de una prueba judicial, para llegar a la cifra de 6.402 víctimas.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que el contenido de los computadores de Raúl Reyes, entre ellos, correos que se cruzaba la guerrilla, son ilegales, porque no se observan como correos, sino como mensajes de procesadores de texto, a los que no se les respetó la cadena de custodia y no pueden ser usados como prueba en procesos judiciales.
La historia muestra que, por ejemplo, fueron aportados como prueba de la Fiscalía en 2012 en el caso en el que fue investigado el exdiputado Sigifredo López, tras ser señalado como cómplice de su secuestro y el de sus 11 compañeros de cautiverio.
Otro correo de septiembre de 2007 habla de los cuerpos de los diputados para entregarlos: “Entregamos el martes pasado a Leyva y Barbosa del CICR las coordenadas donde yacen los despojos de los diputados” (ver imagen 2).
Hace un par de meses, en el Auto 19 del 26 de enero de 2021, la JEP, en el mismo documento que imputó al secretariado de las Farc por lo que se denominó “toma de rehenes y crímenes de guerra”, explicó que revisaron copias espejo de los computadores incautados en operaciones militares “con el agravante de que estos, en parte, aún están encriptados”.
La defensa de las familias considera que hay falta de compromiso de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados por las Farc. Aunque Timochenko públicamente asumió la responsabilidad por la imputación efectuada por la JEP, de manera extraña pidió un plazo de 30 días para presentar observaciones al caso. Igualmente, las familias argumentan que quienes han cometido delitos de lesa humanidad y aceptaron su responsabilidad no pueden seguir ejerciendo como congresistas, pues lo establecido en el acuerdo es que deben cumplir la sanción o pena impuesta, con todas las implicaciones que ello conlleva. ¿Revivirán el computador de Raúl Reyes? La JEP tiene la última palabra.
