Revocan detención domiciliaria y envían a prisión a juez de Cúcuta que pidió 600 millones de pesos para “ayudar” en un proceso

Un revés se presentó en el proceso que se adelanta contra el juez especializado Juan Carlos Campo Fernández, capturado el pasado 1 de abril por solicitar 600 millones de pesos para direccionar un fallo en medio de un proceso de extinción de dominio. Tras resolver un recurso de apelación, se determinó que por la gravedad de los hechos el funcionario debía estar en una cárcel y no con detención domiciliaria.

El funcionario judicial es investigado por hacerle un ofrecimiento económico a un abogado “para arreglar” todo lo concerniente al proceso y acelerar la decisión. La Fiscalía General detalló que existen varias interceptaciones telefónicas y registro de reuniones presenciales con un abogado y un ciudadano para hablar de la extinción de dominio.

Para ir adelantando el trámite y direccionamiento del proceso, el juez pidió un adelanto de 50 millones de pesos. Casualmente, esa suma de dinero en efectivo le fue encontrada en su poder al momento de su detención en Bucaramanga, en un operativo adelantado por agentes del Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía General.

El juez, según detalló la Fiscalía General, dio instrucciones precisas para evitar llamar la atención, así como el monto que se debía cancelar. Entre sus consejos, por así llamarlos, indicó que para devolver el predio al ciudadano en cuestión necesitaba que el abogado presentara una nueva solicitud de control de legalidad “sobre dichos activos”.

El abogado que denunció el caso es Rodrigo Parada, conocido jurista que recaudó la evidencia para demostrar cómo el juez se encargó de contactarlo, llamarlo de manera insistente y lanzarle la oferta económica a cambio de manipular el aparato de justicia, en favor de su cliente.

“Yo nunca le confirmo nada y le digo que voy a hablar con mi cliente que nos vemos después y a partir de allí empieza a llamar y a llamar y esto está absolutamente grabado, hay información que no se presentó en la audiencia porque estaba pendiente de hacerse un control posterior, hay más grabaciones que no se revelaron”, dijo el abogado Parada.

“El material probatorio da cuenta que, al parecer, se había pactado el pago del 50 por ciento de la cantidad exigida al radicar la mencionada petición, y el saldo al emitir el fallo que los favorecería”, precisó el fiscal anticorrupción en la detallada narración ante un juez de control de garantías de Bucaramanga.

Por estos hechos de corrupción, un fiscal de la Dirección Especializa le imputó al juez el delito de concusión, es decir, exigencia de sobornos. Tras la pregunta del juez de control de garantías, y pese a toda la evidencia probatoria presentada durante la imputación, el funcionario judicial se declaró inocente de los hechos.

En un primer momento, se le otorgó una medida de aseguramiento consistente en privación de libertad en su lugar de residencia. Sin embargo, el delegado de la fiscalía anticorrupción aseguró que existía un constante riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.