La ponencia que pone a tambalear la revocatoria de Peñalosa

Emiliano Rivera, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el que recaía la resposabilidad de analizar la legalidad del proceso de revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, presentó su ponenecia. En ella anexó un peritazgo al fondo de financiación del comité promotor de la revocatoria que evidencia presuntas irregularidades en la forma como se financió el proceso de recolección de firmas, circunstancia que podría poner a tambalear el proceso contra el alcalde Bogotá.

Este miércoles la sala plena del CNE se reunió para discutir la ponencia, pero no hubo lugar a votación. El magistrado Armando Novoa pidió la rotación del expediente de la revocatoria para conocer al detalle el proceso y las pruebas derivadas del informe del Fondo de Financiación Política, antes de emitir su voto. La votación fue aplazada y Novoa tiene un término de tres días para analizar el expediente.

La ponencia de Rivera tiene más aristas. Según conoció SEMANA, el magistrado pide, en aras de garantizar el debido proceso, citar a Gustavo Merchán, representante del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, para que rinda descargos ante el CNE. También pidió acompañamiento especial de la Fiscalía para que lidere el peritazgo frente a las firmas recolectadas. 

En conversación con este medio, Merchán aseguró que en la mañana radicó una recusación contra el magistrado Emiliano Rivera porque -asegura- desde la semana pasada y sin que lo notificaran, los medios de comunicación ya anunciaron una posible investigación en su contra. 

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Para marcar el sentido de su ponencia, Rivera se soportó en el informe presentado por el Fondo de Financiación Política el pasado 28 de agosto. En ese documento se señala la presunta violación a los topes de la financiación. La norma indica que una organización no puede aportar más del 10% de los 415 millones máximos que se pueden invertir en el proceso. Y las cuentas indican que Sintrateléfonos, el sindicato de la ETB del que Merchán es fiscal, habría aportado alrededor de 70 millones de pesos, mucho más de los 41 millones que se le permitían.

Pero Merchán dice que el CNE está haciendo una mala interpretación de su caso, pues ese monto es la suma no solo de las donaciones sino también de los créditos que se habrían hecho a través de esa entidad. Además, asegura que los topes solo le imponen a los privados, y no a las entidades sin ánimo de lucro que hacen donaciones en los procesos de participación ciudadana.

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La ponencia de Rivera sepultaría la revocatoria contra Peñalosa, pues para que se convoquen a las urnas son necesarios dos certificados: uno del CNE avalando la financiación del proceso, y otro de la Registraduría, verificando la validez de las firmas.

Este último proceso también está enredado. Los peritos designados por el alclade Peñalosa están revisando los apoyos y, por ahora, el aval de la Registraduría también sigue embolatado. Lo claro es que la revocatoria está llegando a su punto definitivo y, por ahora, parece que se hunde.