Corte Constitucional: el nuevo escenario de Peñalosa para evitar la revocatoria

Enrique Peñalosa ha puesto toda la carne el asador para aferrarse al Palacio Liévano. Aunque este jueves la Registraduría dio el aval definitivo a las firmas necesarias para seguir el trámite de la revocatoria, después de que los grafólogos del mandatario hicieran su propia revisión, la Corte Constitucional admitió la revisión de una tutela interpuesta por el alcalde que también podría frenar el proceso. Como quien dice, se le cerró una puerta, pero se le abrió una ventana. 

En septiembre pasado, la Corte Suprema ratificó un fallo del Tribunal Superior de Bogotá con el que el alcalde pretendía frenar la revocatoria. En la tutela alegaba que se le habían violado los derechos a ser elegido, al debido proceso y a la defensa. Los argumentos esgrimidos incluían supuestas fallas en las notificaciones durante el proceso, y la falta de controles reales para determinar si las razones indicadas por el comité para revocarlos eran reales (la insatisfacción general de la ciudadanía y el incumplimiento del plan de gobierno).

La Corte Suprema finalmente desestimó sus peticiones. Pero Peñalosa apeló de nuevo y, esta semana, la Corte Constitucional le notificó a las partes que había aceptado la tutela para revisarla. Ahora, está en las manos del magistrado Antonio Lizarazo decidir si acepta el reclamo del alcalde y le ahorra el enfrentamiento a las urnas.

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La admisión de la tutela es un respiro para el alcalde. Peñalosa venía de una racha tranquila en su controvertido periodo. En agosto, el Concejo le aprobó la ampliación en 2,4 billones del cupo de endeudamiento con el que cuadraba caja luego del embolate de la venta de la ETB, sobre todo para construir uno de sus obras priorizados, pero que también le ha significado numerosos detractores: la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima.

El mes pasado logró el Conpes definitivo para la construcción de la primera línea del metro elevado, con el que aseguró la destinación de 6 billones de las arcas del país para la megaobra. Y esta semana, la Comisión de Hacienda le aprobó -aún falta la votación en la Plenaria- las vigencias futuras para conseguir 9,1 billones del Distrito y completar la plata del metro.

Cuando los vientos alrededor del alcalde parecían más favorables, llegó la noticia del aval definitivo de las firmas. Era una batalla que Peñalosa no resignaba. El pasado 20 de julio, el organismo electoral validó 472.000 firmas de las 706.000 presentadas por el comité Unidos Revocamos a Peñalosa. Y ocho días después, su apoderado, el exmagistrado Humberto Sierra Porto, pidió que le permitieran a un grupo de grafólogos el exámen de las rúbricas, pues creían que muchos de ellos presentaban fallas.

Una solicitud a la que la Registraduría accedió, paradójicamente, basada en un precedente que había sentado Gustavo Petro, el rival más enconado de Peñalosa, cuando enfrentaba un proceso similar. Finalmente, los expertos contratados por los defensores del alcalde pidieron que la Registraduría anulara 251.000 firmas de las ya avaladas, con lo que dejarían sin soporte la revocatoria.

Pero este miércoles, la Dirección de Censo de la Registraduría expidió un informe definitivo en el que solo anuló 15.400 firmas. Con más de 460.000 apoyos validados, la revocatoria, por el lado de la Registraduría, sigue en marcha.

Tras ese revés de Peñalosa, solo le quedan la carta que se le destapó esta semana en la Corte Constitucional y la que está en juego en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Allí, a comienzos de septiembre, el magistrado Emiliano Rivera presentó una ponencia en la que asegura, basado en un informe del Fondo de Financiación del mismo CNE, que hubo irregularidades en la entrada de dineros para sustentar la recolección de firmas.

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En esencia, el reporte evidenciaría que se violaron los topes, pues la ley dice que una sola organización no puede aportar más del 10% de los 415 millones de pesos que, como máximo, se pueden invertir en la recolección de firmas. Y las cuentas de Unidos Revocamos a Peñalosa indicarían que Sintrateléfonos, un sindicato de la ETB, aportó 70 millones, 30 más de los que podía.

Desde el grupo que promueve la revocatoria se han defendido diciendo que el CNE enreda la norma, pues revuelve las sumas que fueron donaciones con las que provenían de créditos. Aún así, falta que el tribunal electoral vote el proyecto de Rivera, que de ser aprobado por las mayorías, sepultaría la revocatoria. En plata blanca, Peñalosa quemó una carta pero aún le quedan dos ases en los tribunales para que su permanencia en el Palacio Liévano no tenga que ser sometida a votaciones.