Revocatorias, con sus días contados

José Cuesta es el vocero del comité ‘Unidos Revoquemos a Peñalosa’. Como otros promotores, que lideran procesos similares en todo el país, acudió al Consejo Nacional Electoral –CNE- para defender la revocatoria que promueve, la del Alcalde Mayor de Bogotá. Se encontró con un escenario hostil. Le bastó con escuchar las primeras intervenciones de la publicitada audiencia para dejar escapar un pálpito: “van a tumbar la revocatoria”.

Cuesta se sentó en la última fila del auditorio. En la primera, el alcalde Enrique Peñalosa y su abogado, el exmagistrado Humberto Sierra Porto. Los tres esperaban su turno. En frente, la mesa principal, donde estaban sentados siete de los nueve magistrados del CNE. Alexander Vega, el presidente, moderaba la audiencia.

Desde que la Constitución instituyó la figura de la revocatoria del mandato, nunca un promotor tuvo que ir a justificarla ante la autoridad electoral. Solo tenía que cumplir los requisitos, entre ellos la recolección de firmas del 5 % del censo electoral de cada municipio y departamento. En el caso de Cuesta y su comité, más de 271.000 firmas se recogieron.  

Por eso, la audiencia pública que organizó el CNE pareció más un juicio final a este mecanismo de participación ciudadana, que a pesar de numerosos intentos, nunca ha prosperado en ningún municipio ni departamento del país. Esto sucedía porque hasta el 2015, la ley obligaba a cumplir con unos requisitos muy altos, casi imposibles de cumplir para cualquier grupo de inconformes. Sin embargo, el 1 de enero de este año todo cambió y entró a regir una nueva normatividad que vuelve más realista la posibilidad de revocar un mandato. 

La nueva ley generó una explisión de solicitudes (107 mandatarios hasta la fecha) y ante la magnitud de lo que podría venir, hace dos semanas, en sala plena, los magistrados decidieron escuchar a los promotores de la revocatoria y a los alcaldes afectados. El propósito era conocer, de los primeros, si las motivaciones expuestas tenían justificación; y si a los mandatarios se les había respetado el debido proceso.  

Una audiencia citada para que los magistrados se llenen de argumentos y poder determinar la suspensión de aquellas revocatorias que no cumplieran con las condiciones señaladas en la ley: que el alcalde o gobernador en cuestión haya incumplido su programa de gobierno, o por motivo insatisfacción generalizada.

Para los voceros de los comités promotores, el CNE está a pocas horas de suspender algunos procesos, y cuestionan sus facultades para hacerlo, pues se trata de una autoridad administrativa. 

Lo que preocupa a los promotores es que si los magistrados fijan su posición a partir de la audiencia, las revocatorias estarían condenadas de antemano. Juan Carlos Galindo, registrador nacional, fue el primero en ponerle ‘banderillas’ a este mecanismo. Dijo que las 107 revocatorias en trámite costarían $100.000 millones de pesos, presupuesto con el que no cuenta la Registraduría. Un argumento que fue utilizado durante toda la audiencia por muchos alcaldes, que coincidían en invertir esa suma en salud, educación... 

Luego, Carmen Castañeda, personera de Bogotá, pidió que se derogara la ley de la revocatoria. Gilberto Toro Giraldo, de la Federación de Municipios, y Plinio Olano, de la de Departamentos, coincidieron en que se estaba utilizando la solicitud de revocatoria como revanchismo político. Humberto Sierra Porto, defensor de Peñalosa, hasta aseguró que personas con aspiraciones presidenciales quieren adelantar la campaña política.

Los argumentos contra la revocatoria se concentraron en que en el primer año de gobierno no se puede medir la gestión de un alcalde, y que una cosa son las promesas de campaña y otras el programa de gobierno registrado. En una entrevista con Semana.com, Sierra Porto asegura que hoy el único requisito es el inconformismo frente al plan de gobierno, pero que para adelantar esa revocatoria debería acreditarse también el incumplimiento de ese plan. 

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Estde debate se desarrolló en un auditorio lleno de alcaldes que entraron y salieron todo el día. Cada vez que uno se defendía, como tuvo que hacer Peñalosa, lo aplaudían, como en solidaridad de cuerpo. A todos los alcaldes les dieron 10 minutos para defenderse, como a la alcaldesa de Ocaña (Norte de Santander), Miriam del Socorro Prado, cuya revocatoria ya llegó a las urnas, y está convocada para el próximo domingo, 21 de mayo. Ella se declaró víctima de lo que llamó "feminicidio político", y aseguró que su único pecado, por el que la quieren tumbar, es por haber sido la primera mujer alcaldesa de su municipio. Le cobran una promesa de campaña, dice, pero eso es diferente al programa de gobierno, se defiende. 

Manuel Eduardo Ocoró, alcalde de Orito (Putumayo), aprovechó su tiempo para denunciar la extorsión de la que ha sido víctima por parte del vocero del comité que promueve su revocatoria. Según el alcalde, primero le pidieron $200 millones para adulterar las firmas. Cuando se llamó al atril al único promotor de la revocatoria, nadie pasó al frente. El mismo alcalde dijo que la semana pasada había sido capturado en flagrancia por la Fiscalía.  

Otra cosa sucedía en el auditorio cuando subían a tarima a los voceros de los promotores. El abogado Oscar Dueñas, de ‘Revoquemos a Peñalosa’, quien reclamó por el cambio en las reglas de juego, no recibió un solo aplauso. Y cuando José Cuesta quiso hablar fue despedido con algunos silbidos, pues su compañero ya había agotado los 10 minutos. Peñalosa y Sierra Porto se repartieron 25 minutos.

Afuera de la sede del CNE, decenas de funcionarios de la Empresa de Teléfonos de Bogotá se manifestaban a favor de la revocatoria a Peñalosa. Exigían que se les respetara el mecanismo de participación, y que no les cambiaran las reglas de juego "en pleno partido". 

Aún quedan decenas de alcaldes por intervenir ante los magistrados, para explicarles las razones por las que creen que las revocatorias deben ser suspendidas. Este martes seguirán desfilando por el CNE. 

El próximo domingo, además de la de Ocaña, también está convocada la revocatoria  del alcalde de El Copey (Cesar), José Luis Nieves Pérez. Lo que pueda pasar con estas será determinante para el resto del país, incluida la que se tramita contra Enrique Peñalosa.

Si el CNE pide la suspensión de estas revocatorias, las demás podrían sufrir la misma suerte. Pero si las aprueba, los otros promotores podrían reclamar el principio de igualdad para llegar a las urnas.

Tras la audiencia de este lunes, lo que se ventila es que las revocatorias de Ocaña y El Copey, así como la que se convocó contra el alcalde Agustín Villarreal, de San Benito Abad (Sucre), y programada para el 6 de junio, podrían quedar suspendidas.

Por lo menos eso dejó entrever Alexander Vega, presidente del CNE, quien consideró que el mecanismo de revocatoria “viene siendo utilizado de manera ilegal en muchas partes del país”. Cada revocatoria, aclaró, será revisada caso por caso, para saber si están debidamente justificadas. El magistrado, sin embargo, ha llegado a la conclusión de que los alcaldes “están siendo víctimas de intereses particulares” a través de este mecanismo de participación.

Vega aseguró que si el CNE permite que los procesos se convoquen ilegalmente estarían exponiendo a la Registraduría a incurrir en fraude procesal. El magistrado aclaró que aquellos procesos que cumplan con las condiciones no tendrán problema para llegar a las urnas.

José Cuesta, el vocero de ‘Unidos Revoquemos a Peñalosa’, le da otra lectura. Considera que en el CNE hay una manifiesta intención de convertir los mecanismos de participación ciudadana en mecanismos eunucos. “Esto es un golpe contra la democracia –dice-. Pondrán en peligro las consultas populares, como la de Cajamarca. Iniciamos una recolección en el marco de unas reglas de juego, y no puede ser que se cambien en la mitad del partido. Todo esto es para proteger los intereses políticos y económicos del alcalde Peñalosa”.

Cuesta anticipó que si el CNE suspende la revocatoria de Peñalosa, el comité seguirá dando la batalla para hacer respetar el derecho de convocar a las urnas. No solo con movilización en las calles, sino con lo que llamó “inteligencia jurídica”. Anunció una tutelatón para salvar la revocatoria.