Revocatorias de mandato: ¿un mecanismo más político que ciudadano?

Este nuevo año, marcado por las elecciones legislativas y presidenciales, arrancó movido por cuenta de las revocatorias de mandato.

Mientras el proceso contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, ya tiene fecha para ser votado, el que se lleva contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tomó forma luego de que la Registraduría rechazara la impugnación que había presentado la defensa del mandatario de la capital antioqueña.

Sin embargo, está demostrado que, si bien iniciar un proceso de revocatoria de mandato puede parecer un procedimiento sencillo, para que esta se lleve a cabo es necesaria una serie de requisitos nada fáciles de conseguir.

La mejor muestra de esto es que solo una vez se ha logrado llevar a cabo con éxito una revocatoria de mandato, en los más de 26 años de vigencia con los que cuenta esta medida. Así sucedió con el alcalde de Tasco (Boyacá), Nelson García Castellanos, quien en 2018, tras más de dos años de mandato, se convirtió en el primer y único alcalde revocado. Los otros 109 intentos han fallado o en la recolección de firmas o al momento de ir a las urnas.

Para realizar una revocatoria de mandato se requiere recolectar una cantidad de firmas válidas de ciudadanos que formen parte del censo electoral, equivalentes al 30 % de los votos que obtuvo el mandatario cuando fue electo. Si se cumple ese requisito se convoca a una votación en los siguientes dos meses, en la cual se debe conseguir por lo menos una participación del 40 % de los votos totales que se emitieron en la votación cuando se eligió al mandatario, y un apoyo a la revocatoria de la mitad más uno.

Esta votación se hace en una fecha distinta a las elecciones, lo que hace difícil que los ciudadanos salgan a las urnas en un país con una cultural electoral en la que prima el abstencionismo.

“Generalmente algunos comités logran superar con éxito el paso de las firmas, pero se ‘cuelgan’ a la hora de acudir a las urnas, pues una cosa es que un ciudadano firme una planilla que le llevan cerca de su casa y otra que se tome el trabajo de salir a votar”, aseguró el politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Sánchez, quien agregó que “los mandatarios pocas veces dejan que los procesos revocatorios en su contra lleguen a las urnas, porque presentan todo tipo de recursos jurídicos para entorpecer el proceso”.

Sánchez considera que también se debe tener en cuenta que muchas veces estos procesos no son “liderados por ciudadanos espontáneos inconformes con el plan de gobierno de un alcalde, sino por adversarios políticos del mandatario, lo que hace que los que apoyan la revocatoria sean únicamente los miembros de ese grupo político”.

En un sentido similar se pronunció el abogado y analista Julio Orozco: “Yo creo que esto no puede ser objeto de ilusión en Antioquia y Medellín. No solo por una cuestión semántica o política, sino jurídica. Considero que el constituyente jamás estimó que el mecanismo de participación ciudadana llamado revocatoria legitimara a la oposición para utilizarlo. Yo creo que esto puede avanzar más, pero por lo que se lee tanto en la Carta Interamericana, como en la carta de la OEA, es que vendrán unas medidas cautelares. Eso no lleva a ningún Pereira, a ningún Medellín”.

Según una reciente publicación de la Universidad Nacional, las revocatorias, en lugar de ser un instrumento de control político basado en un debate programático, se han convertido en un termómetro político, en la medida en que: lo utilizan más políticos opositores que ciudadanos, se desarrolla en épocas preelectorales y se ataca al Gobierno y no al programa de gobierno.

Por la falta de efectividad, muchos expertos cuestionan el dinero que se invierte en estos procesos.

¿En qué van los procesos?

A pesar de que en un principio fueron más de 20 los procesos de revocatorios que se iniciaron, entre los que destacaban los de Claudia López (Bogotá), Jorge Iván Ospina (Cali), William Dau (Cartagena), Daniel Quintero (Medellín) y Jairo Yañez (Cúcuta), actualmente solo dos de estos procesos han superado la etapa de recolección de firmas y se encuentran en firme.

El más avanzado es el que se lleva contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez. El proceso ya superó todas sus etapas, por lo que el próximo 30 de enero, según determinó la Gobernación de Santander, los cucuteños deberán acudir a las urnas para decidir si revocan o no al alcalde.

El otro proceso que tomó impulso es el que se lleva en contra del alcalde de Medellín Daniel Quintero.

Con la decisión de la Registraduría de rechazar la impugnación que había interpuesto la defensa del alcalde de Medellín, el proceso queda en firme. Sin embargo, el proceso está enredado, pues el mandatario tiene lista una estrategia con la que aspira a frenar o por lo menos dilatar el proceso.

Una de las líneas de defensa de Quintero será ante el Consejo Nacional Electoral, organismo que tendrá que certificar los estados contables del comité promotor. Este no es un simple trámite y por eso parte de las esperanzas de la defensa del alcalde están en este proceso.

“Falta la parte de verificación de cuentas, que es otro punto dentro del proceso revocatorio. Estamos pidiendo desde hace algún tiempo las copias y tampoco nos las han suministrado. No obstante, por otras fuentes hemos encontrado algunas inconsistencias sobre las cuales le estamos pidiendo el Consejo Electoral que se haga alguna evaluación”, le dijo a SEMANA el abogado Alfonso Portela, defensa de Quintero.

Junto a la vía del Consejo Nacional Electoral, la defensa de Quintero está trabajando en otro camino: el judicial. Ya se han interpuesto varias tutelas.