Ricardo Bonilla denuncia injerencias de Ricardo Roa y Nicolás Alcocer en la hidroeléctrica de Urrá. Estos son los detalles

A raíz de los hechos de corrupción alrededor de la contratación en la central hidroeléctrica de Urrá, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó una denuncia a finales de noviembre contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolás Alcocer.

El ministro Bonilla le confirmó a SEMANA que hizo el denuncio con base en anónimos que fueron entregados a la Fiscalía para averiguación, referidos al caso de Urrá y la contratación. Esos anónimos hablan de distintas personas y hechos.

La acusación de Bonilla se conoce luego de que estallara otro escándalo para el Gobierno: las declaraciones de su exasesora en el Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, ante la fiscal delegada para la Corte Suprema de Justicia. La exfuncionaria habló del supuesto ‘trámite’ de contratos por más de 92.000 millones de pesos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de obtener el respaldo de la Comisión de Crédito Público del Congreso.

Benavides señaló del ministro Bonilla: “[Él] sabía todo, absolutamente todo. [Yo] necesitaba autorización, todo necesitaba que él supiera, yo no lo hacía sola”. Y fue más allá en su declaración: “Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar; él solo necesitaba sacar esto”.

Ahora, la nueva denuncia, de Bonilla contra Roa y Alcocer, está relacionada con procesos licitatorios que habrían privilegiado a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS. Se trata del Parque Solar Urrá 19,9, que presenta un retraso de dos años en su construcción y entrada en operación.

La acusación indica que David Cerón habría utilizado su relación cercana con Nicolás Alcocer para presionar a directivos de Urrá, con el objetivo de alcanzar la adjudicación del Parque Solar Inti II. Incluso, advierte amenazas a los directivos actuales de la compañía.

En la denuncia se señala, como dice Blu Radio, que la empresa Power China, socia de Luxim Ingeniería S.A.S. en el consorcio Lux Power 2022, ha sido favorecida en diversos contratos estatales relacionados con el sector energético. Estas adjudicaciones, según Bonilla, deben ser objeto de revisión debido a los vínculos cercanos entre los principales actores mencionados y su influencia en la administración de Urrá S.A. E.S.P.

Cerón, en conjunto con Nicolás Alcocer y Ricardo Roa, estaría ejerciendo presiones indebidas para evitar la liquidación del contrato del Parque Solar Urrá 19,9, al tiempo que buscaría favorecer la adjudicación de nuevos contratos, como el del Parque Solar Inti II. También se menciona una reclamación del consorcio Lux Power 2022 por un monto de 60.000 millones de pesos, la cual ha sido resistida por la administración de Urrá.

Antecedentes

Ya la Procuraduría había abierto una indagación previa a funcionarios por determinar para esclarecer la existencia de irregularidades en la adjudicación de contratos en la Hidroeléctrica de Urrá y si se gestionaron negocios para vender energía con empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación.

“Según información que ha sido revelada por medios de comunicación, en la Hidroeléctrica de Urrá se habrían gestionado negocios con diez empresas para la venta de energía a empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación”, aseguró en su momento la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría.

También se trata de determinar si se habrían dado transacciones que permitieron altos márgenes asociados con los precios de venta, y en las que se habrían permitido condiciones simuladas de negociación para darle apariencia de legalidad.

La determinación del Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables del supuesto direccionamiento de la contratación de la Hidroeléctrica en Córdoba, aclarar la forma en que actuaron y definir las responsabilidades.

Este no es el único caso de posible corrupción denunciado en esta central hidroeléctrica. Es considerada un botín político del departamento. En los últimos meses, en la central, que cuenta con cientos de puestos de trabajo y un millonario presupuesto para contratación e inversión, se ha desatado una batalla campal por el poder que terminó en un revolcón interno, con cambio de estatutos incluido.

De acuerdo con lo que se ha conocido, Urrá es el centro del poder del clan Calle, cuya cara ante el país es Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y uno de los congresistas comprometidos en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

SEMANA ya había anticipado detalles del pleito y las conexiones con el clan del expresidente de la Cámara, quien queda cada vez más expuesto por el poder que le otorga el Gobierno Petro.

En febrero de 2024, se terminó unilateralmente el contrato de Rafael Amaya del Vecchio, quien era presidente de la hidroeléctrica desde diciembre de 2022, luego de trabajar más de 20 años en la entidad. Este medio conoció que, si bien llegó con el nuevo gobierno, el funcionario, que siempre ha sido técnico, no se ajustó a la supuesta presión del clan Calle.

Frente a la situación, que consideró injusta, Amaya instauró una tutela para ser reintegrado, dada la falta de fundamento de su salida.

La junta decidió que, en ausencia de Amaya, se encargara de la presidencia Eduardo Díaz Pérez, un funcionario con antigüedad dentro de Urrá, pero cuyas decisiones debían pasar por Ángel Delgado Domínguez, segundo suplente. Este es oriundo de Montelíbano y viejo amigo de la familia Calle, dado que estudió en el mismo colegio de los hermanos y compartió espacios laborales con Gabriel.

El 21 de febrero fue admitida y el 4 de abril fue resuelta a favor de Amaya, solicitándole a la junta directiva, incluyendo a Fernanda Valdés, viceministra técnica de Hacienda; Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, y Jesús David Contreras, alcalde de Tierralta, reintegrar a Amaya al cargo en los tres días hábiles siguientes a la notificación.

La junta determinó que debía hacer exámenes de ingreso y pruebas psicotécnicas, entre otros requisitos. Pasaron los días y la hidroeléctrica no acató el fallo, por lo que se abrió un incidente de desacato. Fue ahí cuando ordenaron la realización de todos los estudios.

52 días después del fallo, Amaya recibió el contrato firmado, luego de todas las trabas para impedir que ingresara inmediatamente. A los pocos días volvió al cargo, pero se encontró con un cambio de estatutos que le quitaba todo el poder.

“La junta directiva podrá determinar que no ejerza la representación legal de la sociedad, la cual será adelantada por las personas designadas por la junta directiva”, dice una de las actas de la asamblea.

Hicieron que la junta directiva sea la que establezca una terna para elegir jefe de control interno, cuando era una firma de selección de talento humano la que proponía los nombres. En la segunda acta, hacen que la representación judicial y extrajudicial esté sujeta al secretario general, que en este caso es cercano a los Calle.

Además, el límite de cuantía de los contratos que el presidente puede suscribir autónomamente pasó de 2.000 salarios mínimos a 200: “Se deberá contar con la autorización previa y expresa de la junta directiva”. En un parágrafo delega varias funciones más al primer y segundo suplentes: “Estos asuntos serán adelantados únicamente por estos, salvo que la asamblea general de accionistas disponga lo contrario”. El mismo Delgado llevó estas actas a una notaría, donde dejó en firme los cambios que hizo.