Ashton, Musa y Lyons: los casos que enredan al exmagistrado Francisco Ricaurte

Las declaraciones del exfiscal Gustavo Moreno pusieron a temblar al exmagistrado Francisco Ricaurte, quien fuera considerado, el día de su captura –hace dos años– como uno de los representantes más importantes de la justicia. Este martes, un juez de Bogotá le concedió la libertad por vencimiento de términos, lo que significa que afrontará fuera de la cárcel su juicio penal como uno de los protagonistas del cartel de la toga. 

La Fiscalía lo procesa por cuatro delitos relacionados a seis casos en los cuales Ricaurte habría incidido ilegalmente para evitar que se hiciera justicia. Uno de estos está listo para sentencia condenatoria en la Corte Suprema de Justicia. Se trata del caso contra el exfiscal delegado ante la corte Alfredo Bettín, quien aceptó el cargo de prevaricato por haber engavetado procesos contra el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. A cambio de su reconocimiento y de declarar en los procesos contra Ricaurte y contra el también exmagistrado Leonidas Bustos, a Bettín le ofrecieron una sentencia inferior. De modo que la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si en lugar de aplicarle la pena por el delito de prevaricato le concede una por abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.

En este caso, las revelaciones de Moreno dejaron al descubierto que a cambio de que lo dejaran en el cargo de fiscal delegado ante la corte, Bettín accedió a lo solicitado por Ricaurte y el exmagistrado Bustos para no mover los procesos contra el exgobernador Abadía. Incluso, Bettín alcanzó a ser designado como coordinador de delegados ante la corte mientras estuvo de fiscal general encargado Jorge Perdomo. Pero para los integrantes del cartel de la toga habría sido sorpresivo que Perdomo no fuera ternado por el presidente Santos para llegar a la Fiscalía General y con el cambio de administración Bettín se vio obligado a mover el proceso. O por lo menos esta fue la versión que Moreno le entregó a la Corte Suprema de Justicia. El exgobernador ha negado toda relación con el cartel de la toga y actualmente afronta un proceso en la Corte Suprema se trata, precisamente, de un expediete impulsado por el exfiscal Bettín.

"En el caso de Juan Carlos Abadía donde ya no soy yo el apoderado, es el doctor Bustos quien trata de frenar la imputación, situación que no se puede frenar porque el doctor Espitia (actual fiscal general encargado, para ese entonces designado como coordinador de fiscales ante la corte) está muy pendiente. Después se adquiere un compormiso de que si se imputa se haría sin medida de aseguramiento. Y la imputación se hizo sin medida de aseguramiento", reveló Moreno a los magistrados.

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Pero el dosier de Ricaurte o Pacho –como le llama Moreno– es mucho más amplio. Según Moreno, Ricaurte apoyó la candidatura de Perdomo a fiscal general y una vez quedó por fuera de la baraja fue Bustos quien le habría propuesto a Néstor Humberto Martínez que nombrara a Moreno de Vicefiscal. Petición que –dicen las declaraciones del extraditado exfiscal– fue rechazada por Martínez. Aún así, Moreno sin experiencia como empleado de la rama, llegó a ser nombrado por Martínez Neira como fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, uno de los cárgos directivos del búnker. El propio Martínez Neira se encargó de desemascarlo y capturarlo con colaboración de la DEA. 

El extraditado exfiscal Moreno también le habló a la justicia de cómo en el caso del excongresista liberal Álvaro Ashton se habría desembolsado una importante cantidad de dinero. Según la Fiscalía, Ashton se comunicó con Ricaurte para evitar el comienzo de la investigación por supuestos nexos con paramilitares y una orden de captura. Para ello, el valor facturado habría sido de $1.200 millones. Ricaurte –quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia– habría instruido a Gustavo Moreno sobre la cantidad a cobrar y la forma de repartirse el dinero recibido.

En el caso de Musa Besaile, el excongresista habría entregado en el 2015 en la oficina de su abogado defensor, Luis Ignacio Lyons España, la suma de 390 millones de pesos. De esa cifra, al parecer, 290 millones estaban destinados para Ricaurte. Se habla de una segunda entrega en la que el abogado Luis Ignacio Lyons habría llevado $ 300 millones, de los cuales 250 habrían sido para Ricaurte. 

También se le señala porque la supuesta intervención de Ricaurte en los casos del exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus. Según las denuncias, el implicado se contactó con Camilo Tarquino Gallego, exmagistrado de la Corte Suprema, con el fin de que su proceso fuera manipulado a su favor. Al parecer, por ese tipo de intervención ilegal se le habrían cobrado $20.000’000.000.

Un caso más es el relacionado con el excongresista Julio Manzur, quien habría recibido información privilegiada sobre su captura a mediados de diciembre de 2014. De acuerdo con las autoridades, Gustavo Moreno solicitó a Manzur el pago de $2.000’000.000 para que se pudiera evitar “un acto tan bochornoso”. Sin embargo, Manzur se negó a pagar el monto exigido por el cartel de la toga y fue capturado tal como se lo habían anunciado.

Contra Ricaurte también avanzan cuestionamientos por malos manejos burocráticos en Fonade, el fortín político de Musa Besaile y Bernardo ‘el ñoño‘ Elías, ambos hoy exsenadores detenidos. En este caso, también de acuerdo con la Fiscalía, Ricaurte sugirió –junto con otros congresistas– la designación de Alfredo Ramón Bula Dumar, hermano de un abogado miembro del equipo del entonces magistrado Malo Fernández, como gerente del Fondo.

"En algunos de los casos, la entidad fue usada para hacer favores burocráticos y comercializar puestos con la finalidad de lograr favores de la organización”, subrayó la Fiscalía. 

Aunque Ricaurte quedó este martes en libertad por orden de un juez de segunda instancia, los procesos en su contra continúan. Afrontará el juicio en libertad por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La Fiscalía le achaca a la defensa de Ricaurte maniobras dilatorias que llevaron a que en 240 días el juicio contra el exmagistrado no haya arrancado. No obstante, un juez de Bogotá tomó la decisión de darle la razón a los abogados del exmagistrado señalando que el ente acusador no cumplió con su deber de adelantar el juicio tras dos años de detención preventiva del procesado. Así las cosas, este escándalo tiene a dos exmagistrados en juicio –Francisco Ricaurte y Gustavo Malo– pero solo el segundo seguirá tras las rejas; y a otro más –Leonidas Bustos– en proceso de ser acusado ante la Corte Suprema de Justicia. De Busto solo se sabe que hace meses dejó el país rumbo a Canadá. 

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