Nación
Richard Aguilar, acusado formalmente ante la Corte Suprema por posibles actos de corrupción
La diligencia se cumple ante el despacho del magistrado Jorge Caldas en la sala de primera instancia. La acusación es por presuntamente incurrir en cuatro delitos.
Ante la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo la audiencia de acusación en contra del excongresista y exgobernador de Santander, Richard Aguilar, que es señalado de presunta corrupción en contratos cuando fue mandatario departamental entre 2012 y 2015. La investigación es liderada por el despacho del magistrado Jorge Caldas.
El magistrado anunció que queda formalizada la acusación y la Fiscalía deberá presentar ahora las pruebas del caso. Puntualmente, Aguilar es señalado de haber sido presunto partícipe de cuatro delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Aguilar sigue bajo la lupa de la justicia por su presunta participación en la celebración irregular de por lo menos seis millonarios contratos de infraestructura. El exmandatario fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Por un lado, en el contrato del reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas, y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos (con un contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos), se señaló que el entonces gobernador dio instrucciones precisas para que fuera direccionado a Reyes –que formaba parte de la unión temporal Reforzamos 2015–, pues ya había un pacto de palabra para la entrega de la comisión.
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El escándalo sigue generando ecos. Tanto que recientemente un exasesor de Aguilar habría ofrecido 2.800 millones de pesos para silenciar a testigos en caso de corrupción. Se trata de una conversación grabada por la Fiscalía General que dejó en evidencia cómo Jaramillo llamó a Claudia Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, y a su esposo, el contratista Lenin Pardo, para que no atendieran las llamadas del ente investigador.
“Julián Jaramillo acordó el pago con el contratista Octavio Reyes Sarmiento de dineros indebidos para él y otros funcionarios públicos por la adjudicación irregular de ese contrato, correspondientes al 16 % del valor total del contrato, de los cuales el 10 % sería para el gobernador de Santander Richard Aguilar, el 3 % para la secretaria de Infraestructura Claudia Janeth Toledo y el 3 % restante para usted, Julián Jaramillo, como director de proyectos de infraestructura”, explicó el fiscal de la unidad anticorrupción al momento de exponer el caso.
