Judicial
Richard Aguilar habría recibido el 10 % del valor total del contrato del estadio de Bucaramanga
El contrato para el reforzamiento de la estructura del escenario deportivo tuvo un valor de 22 mil millones de pesos.
Por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y peculado por apropiación fueron vinculados formalmente el contratista Octavio Reyes y el exasesor de la Gobernación de Santander, Julián Jaramillo, por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración del millonario contrato para el reforzamiento del estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga.
La Unión Temporal Reforzamiento 2015 –liderada por Octavio Reyes– resultó beneficiada con este contrato de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, para lograr este cometido, la unión temporal ya había suscrito un compromiso con el entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar y varios de sus funcionarios.
El 16 % de valor total del contrato sería repartido entre Aguilar, la secretaria de Infraestructura, Claudia Janeth Toledo, y Julián Jaramillo, quien fungía como director de proyectos de infraestructura del departamento y era una de las personas más cercanas a Aguilar.
El contrato fue direccionado en el proceso licitatorio. Para evitar llamar la atención de la auditoría, Reyes había recibido información de manera anticipada para presentar el pliego de condiciones y así ser el único que cumpliera con todos los requisitos exigidos para la obra.
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“Julián Jaramillo acordó el pago con el contratista Octavio Reyes Sarmiento de dineros indebidos para él y otros funcionarios públicos por la adjudicación irregular de ese contrato correspondientes al 16 % del valor total del contrato, de los cuales el 10 % serían para el gobernador de Santander Richard Aguilar, el 3 % para la secretaria de Infraestructura Claudia Janeth Toledo y el 3 % restante para usted, Julián Jaramillo, como director de proyectos de infraestructura”, explicó el fiscal de la unidad anticorrupción.
Durante la imputación de cargos se presentaron testimonios que revelan cómo Jaramillo participó de la “empresa criminal” que montó desde la Gobernación Richard Aguilar, con el fin de direccionar los contratos más importantes de infraestructura y así beneficiar a sus familiares, amigos y personas que lo apoyaron en su candidatura.
En el año 2019, cuando estalló el escándalo por corrupción en la Gobernación de Richard Aguilar, Jaramillo habría intentado contactar a Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura, y a su esposo, Lenin Pardo, con el fin de que guardaran silencio y no hicieran ninguna negociación con la Fiscalía.
Esto debido a que los nombres de Toledo y Pardo habían sido mencionados por el direccionamiento de contratos y el cobro de comisiones. Para garantizar su silencio, les ofreció 2.800 millones de pesos y una cuota adicional para que no contaran nada de lo que habían sido testigos.
Pese a las constantes presiones, la pareja de esposos firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General en el que se comprometieron a dar su extenso testimonio y presentar pruebas sobre los constantes actos de corrupción.
Esta declaración ha sido clave para vincular al exgobernador Richard Aguilar, quien fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, así como a varios exfuncionarios de su administración por la entrega de millonarios contratos de manera irregular.
