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Richard Aguilar: la historia detrás de la captura del senador de Cambio Radical
Las irregularidades en contratación durante su periodo como gobernador tienen en jaque al político, que presentó su renuncia ante el Senado para defenderse. ¿Quiénes más están en la mira?
La celebración indebida de contratos, otros sin requisitos legales, concierto para delinquir y peculado son los delitos por los que la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Richard Aguilar Villa. El senador, de 39 años, además de ser un referente en Santander –donde fue gobernador entre 2012 y 2015, periodo en el que la justicia tiene puestos todos los ojos–, también se vislumbraba como una de las principales cartas de Cambio Radical. Había logrado escalar en el partido hasta convertirse en una de las voces líderes para asuntos de trascendencia, como la reforma tributaria que esta semana empieza su presentación en el Congreso. Pero todo eso ahora es viento.
La captura de Aguilar Villa obedece a una investigación de cuando fue gobernador de Santander, y, aunque el foco está puesto entre 2014 y 2015, en su mandato se presentaron irregularidades contractuales que pueden terminar abriendo una caja de Pandora con un carrusel mayor. Los investigadores revisan la evidencia y los testimonios de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo del hoy capturado, y de Lenin Darío Pardo Pulido, esposo de Toledo y quien también era contratista de la Gobernación. Ellos se acogieron a un principio de oportunidad propuesto por la Fiscalía para acelerar el proceso.
La madeja partió del contrato para el reforzamiento del estadio Alfonso López, del que el senador habría recibido unos 2.000 millones de pesos. Pero esto sería solo una parte del entramado y la red de corrupción en el interior del Gobierno seccional durante el periodo de Aguilar Villa. De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar detalles de la celebración de varios contratos de obra en Santander, con los nombres de quienes realizaban reuniones previas para acordar los porcentajes que les corresponderían a los involucrados.
Los testigos, con el ánimo de ganar beneficios, proporcionarían más información sobre esta red y sus implicados, unas 17 personas, entre ellos, dos aforados: el exgobernador y Edwin Ballesteros, representante a la Cámara de Santander por el Centro Democrático. Ballesteros, durante la administración de Aguilar Villa, se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), creada en este periodo para proporcionar agua potable a decenas de santandereanos que sufren por este suministro.
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El proceso de Ballesteros
Ballesteros ya cuenta con un proceso en la Corte Suprema de Justicia y tendrá que presentarse a indagatoria el 23 de agosto para responder por el caso que impulsó la captura del senador. En la investigación abierta en mayo pasado por las presuntas irregularidades en contratos durante su paso por la Esant, es investigado por cohecho, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Y es que, según conoció SEMANA, con la llegada de Aguilar Villa a la Gobernación en 2012, supuestamente, su equipo empezó a modificar el manual de contratación creando, inicialmente, un comité asesor. Este incluía entre sus funciones definir los requisitos habilitantes y de ponderación para los procesos precontractuales, liderados por un círculo de confianza. En 2013, con el cambio de uno de los funcionarios cercanos, los ajustes al manual se reversaban y los procesos precontractuales pasaban a las oficinas gestoras o secretarías; pero el direccionamiento de los contratos y los contratistas llegaban por orden expresa del gobernador, especialmente, para la Secretaría de Infraestructura, en la que estaba el grueso de los recursos económicos del departamento.
En el comunicado de la captura de Aguilar Villa, la Corte detalló que el proceso se encamina por el favorecimiento de los contratos con otorgamientos a dedo para obras en Santander, entre las que el órgano detalló: “Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil-Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga-Floridablanca (2014)”.
La casa Aguilar
La captura de Aguilar Villa representa un remezón para la política santandereana, pues la joven promesa era la renovación de la marca Aguilar. Hay que recordar que en 2011, el padre, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo –célebre por liderar el operativo en el que murió el capo Pablo Escobar Gaviria–, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos luego de que se lo condenara por nexos con paramilitares. En ese momento, se creía que era una estirpe destinada al olvido, pero los hijos del expolicía saltaron al ruedo político.
La familia Aguilar ha logrado poner tres gobernadores. Primero fue el padre, quien le ganó la puja electoral al Partido Liberal en 2004. Luego intentó ser elegido en 2011 cuando fue inhabilitado, y asumió el camino Richard. En la actualidad, Mauricio Aguilar Hurtado lidera los hilos del departamento.
El analista político e investigador Julio Acelas comparte que ese es, justamente, uno de los golpes recibidos con la captura, porque Richard fue “un tipo que en la Gobernación hizo una gestión que era altamente favorable para la gente. En el primer mes de 2012 alcanzó el 78 por ciento de popularidad, y en el último mes de 2015 terminó en 81 por ciento. Varias veces fue elegido como el mejor gobernador del país. Un hombre dinámico, joven, de tratamiento horizontal con la gente. Él renovó el clan y la marca Aguilar, y tenía un futuro político impresionante”.
Esa madurez política lo convirtió en vocero de Cambio Radical. Aunque SEMANA quiso conversar con algunos de los integrantes de la colectividad en la región, prefirieron guardar silencio y esperar a que avance el proceso.
La decisión de la Corte podría, también, suponer un sacudón en la Gobernación de Aguilar Hurtado, hermano medio del senador, quien en los últimos días ha enfrentado denuncias por irregularidades en la contratación, una bandera defendida por el diputado Ferley Sierra, del Partido Verde. Él dice que el clan Aguilar representa la corrupción de las maquinarias políticas tradicionales.
Sierra, en un debate de control político a los contratos de comunicaciones de la Gobernación, develó que se ha dado dinero, incluso, a medios para que difundan información a través de cuentas de Facebook, Twitter y YouTube, y, si acaso, cuentan solo con una de esas plataformas.
El papel del gobernador
Tras conocerse la captura de Aguilar Villa, el gobernador se hizo a un lado trinando: “Ante la actual situación de Richard Aguilar quiero manifestar que como hermano me duele. Como gobernante confío y espero que el sistema judicial actúe en derecho”.
Según el director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, Óscar Mauricio Parra Gaitán, aunque para el mandatario seccional esto no impacta directamente el ejercicio de gobierno, “sí da una alerta, sobre todo para el panorama político en el 2022, y la alerta es especialmente que los movimientos políticos, los partidos políticos y las coaliciones van a disputar muy fuerte el poder político”.
El hecho de que Aguilar Hurtado esté a cargo del gobierno departamental mientras se investiga a su hermano cuando desempeñó el cargo es un asunto que no está libre de suspicacias. El mismo Sierra denunció que se desapareció una caja de archivos con documentos clave para la investigación. Por eso, Acelas sugiere que el Ministerio del Interior debería considerar la posibilidad de que se nombre un gobernador ad hoc para este proceso.
A pesar de que Richard presentó su renuncia al Senado para concentrarse en su defensa, hay una serie de señalamientos, pues sería la forma más fácil de evadir responsabilidades ante la Corte. Sin embargo, el órgano debe revisar esta situación para definir su alcance.
En lo político, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y magíster en Derecho, Daniel Torres, considera que hay que hacer una lectura en el contexto de que se está ad portas de las elecciones legislativas y presidenciales. “El senador de Cambio Radical en Santander era (Richard) Aguilar. Pierde un fortín y es difícil recuperarlo después de este golpe duro; entonces, puede perder ese cupo, pero también pierde credibilidad. Aunque la cultura política en Colombia es deficiente”, comenta.
Tras la captura, ya camina el proceso en el que los testigos podrían suministrar pistas de un caso de corrupción del que hasta ahora se están conociendo los detalles. Los ojos están puestos sobre el gobernador actual para que no se ofrezcan beneficios u oculten pruebas clave en este carrusel de contratos.