Proyecto propone cárcel a quien divulgue contenido sexual de su pareja sin consentimiento

En marzo de este año, quince mujeres denunciaron al ingeniero Félix García Chabul por haber grabado a escondidas sus encuentros sexuales  y luego publicar ese contenido en páginas pornográficas. Entre las víctimas había varias universitarias y una menor de edad.

Dos meses después, una mujer alertó en Twitter que  los videos de acoso sexual grabados en TransMilenio aparecían en los portales de contenido para adultos, sin que las autoridades detuvieran esta práctica denigrante.

Y este domingo, 25 de agosto, Paola Ramírez, exnovia de Rodolfo José Hernández, hijo del alcalde de Bucaramanga, denunció que su expareja habría filtrado un video íntimo en redes sociales del cual ella no tenía conocimiento. 

Como estos, hay decenas de casos que siguen ocurriendo en Colombia sin que los responsables paguen por haber violado el derecho a la intimidad, el buen nombre y  la honra de las víctimas. Por este motivo, el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, radicó este martes un proyecto de ley que busca poner freno a estas conductas que se catalogan como una nueva modalidad de violencia de género. 

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El senador le dijo a SEMANA que "no existe un tipo penal que salvaguarde esos derechos, mayoritariamente de las mujeres", por lo que su proyecto busca castigar a quien comparta material íntimo; videos, fotos, o documentos, sin consentimiento de la persona afectada. 

Lo que propone Aguilar es “crear un delito autónomo que castigue estas conductas que atentan contra la integridad física, psicológica y emocional de la víctima”. Ya que hasta el momento, divulgar contenido sexual sin consentimiento no se tipifica específicamente como un delito en el Código Penal colombiano. Aunque el artículo 218 del código menciona que quien fotografíe, grabe o divulgue contenido sexual que involucre menores de edad recibirá penas de entre 10 y 20 años de prisión; lo cierto, es que hay un vacío legal sobre qué ocurre cuando la víctima es un adulto. 

El senador explicó que actualmente solo existen dos formas de salvaguardar los derechos de aquellos a quienes se les divulga contenido sexual sin su consentimiento: la primera de ellas es entablar una demanda por atentar contra el derecho a la intimidad y al buen nombre (Art 15) y la segunda; es demandar por una violación a la protección de datos personales que sí está contemplada en una ley. 

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Sin embargo, Aguilar señala que con su proyecto no estaría legislando en el mismo sentido de la Ley de Protección de Datos Personales puesto que “es un tratamiento distinto a la simple divulgación de datos íntimos, como se contempla en la Ley 1581 de 2012. Con el proyecto de ley estamos castigando la violencia virtual de género como una nueva modalidad de violencia contra la mujer”, dijo.

Aunque el congresista reconoce que hay herramientas actuales para combatir la divulgación de contenido sexual, señala que el desafío de los delitos informáticos es cada vez mayor debido al crecimiento y el alcance de las redes sociales. Lo que deriva en que se consuman otro tipo de actuaciones como el ciberacoso, la extorsión y el sexting utilizado para violentar a una persona.

Sobre la regulación en plataformas como Twitter, donde no hay un filtro de las publicaciones sexuales, Aguilar menciona que los usuarios pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de que la compañía se niegue a bajar el contenido “pero en ese caso no sería un tema penal, sino que solo evita que se viralice este tipo de contenido”. 

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Al momento de radicar la iniciativa, el congresista recordó que el proyecto promueve un agravante en las penas a los infractores, en el caso de que la víctima sea una mujer. “Si la víctima es un hombre la pena va de 5 a 8 años y si la víctima es mujer, el agravante consiste en aumentar la pena en la mitad o tres cuartas partes de la condena”. 

El ponente para presentar el proyecto no se ha definido y a su vez,  falta ver qué bancadas se unen para lograr que la iniciativa pase a ser ley de la república. Según el documento entregado por Aguilar, en 2019 se han presentado 157 denuncias  por divulgación de imágenes sin consentimiento, 17 por ciento más casos que el año anterior.