Rifirrafe entre el expresidente Santos y el gobierno por asesinato de líderes sociales

La visita del exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon a Colombia ha propiciado encuentros académicos y de análisis sociopolíticos y económicos. Uno de los mas recientes fue el conversatorio que se adelantó en la Universidad de los Andes, con el expresidente y premio nobel de paz, Juan Manuel Santos. Entre los tantos temas que trataron se resaltó el de los asesinatos contra líderes sociales.

Para el expresidente Santos, los más de 40 homicidios de esta población registrados en lo corrido del año sumado a los crímenes contra una decena de firmantes de los acuerdos de paz, son el reflejo de la falta de voluntad política del actual gobierno para la correcta implementación de dichos acuerdos que él lideró con la guerrilla de las Farc.

“Dejaron de lado muchas de las decisiones que en mi gobierno tomamos con el fin de prevenir lo que está sucediendo en este momento, que puede ser corregido si se implementa lo que está establecido dentro del acuerdo de paz”, dijo Santos en algunos de los apartes, señalando que se ha incumplido con el capítulo especial de garantías y seguridad.

Explicó que esta parte de los acuerdos establecen los procedimientos a seguir y que deben contar con el liderazgo del presidente para salirle al paso a los problemas que desde un inicio se sabía iban a presentarse.

Tras las declaraciones, la Consejería de Derechos Humanos, publicó en su cuenta de Twitter, en el que cita la respuesta del consejero Jefferson Mena Sánchez: “Dr. Santos, trabajé en su gobierno. No sé si se le olvida, o no sabe qué pasó con los homicidios de líderes sociales en sus dos períodos de gobierno, permítame yo se lo recuerdo. De 2010-2014: 304 casos siendo 2012 y 2013, los años con mayor número de casos con 73 y 76, de acuerdo con la Fiscalía. Entre 2015-2018 los casos fueron 325, siendo 2016 y 2018 los más altos con 133 y 178 casos. En 2015 fuente @FiscaliaCol y 2016-2018 @ONUHumanRights”. Otras fuentes citan que, según las estadísticas conocidas en su momento, durante el gobierno de Juan Manuel Santos fueron asesinados 609 líderes sociales.

Cabe recordar que arrancando 2021 Semana presentó una radiografía sobre quiénes estarían detrás de las muertes de los excombatientes. Al final de enero ya eran cinco excombatientes asesinados, que se suman a los 250 homicidios ocurridos, según el Partido Comunes, desde 2016. Una cifra ligeramente superior a la del Gobierno, que da cuenta de 240 muertes. La diferencia entre ambos registros radica en que el conteo hecho por el Estado comenzó en 2017, cuando se implementaron los acuerdos.

El congresista Carlos Antonio Lozada, del Partido Comunes, asegura que ser firmantes de la paz se “convierte en una condena y objeto seguro de un intento de homicidio por el discurso estigmatizante del presidente de la república”. Para el senador se estaría repitiendo la historia de la Unión Patriótica. Sin embargo, esa afirmación la desmiente el Gobierno y asegura que solo en uno de los casos (el de Dimar Torres, ocurrido en el Catatumbo en 2019) de los más de 200 homicidios registrados hubo presencia de agentes del Estado.

Esta grave situación de seguridad para los excombatientes ha generado las siguientes preguntas: ¿quién los está matando? ¿Por qué? ¿Se debe su muerte al hecho de que son excombatientes o hay otros motivos?

SEMANA consultó múltiples fuentes para responder esos cuestionamientos y encontró que esa triste realidad es más compleja de lo que se pensaba. Las causas por las que asesinan a los reincorporados no solo incluyen su calidad de exmiembros de la guerrilla, sino ajustes de cuentas, rencillas y presunta participación en actividades criminales. Esa información sale de los 148 casos con avances significativos en su esclarecimiento.

Con sorpresa, las sentencias condenatorias proferidas por jueces de la República muestran que un porcentaje importante de esas afectaciones obedecen a ajustes de cuentas por temas de estupefacientes y nexos con estructuras criminales. Como en el caso registrado el 2 de agosto de 2018, en el que diez personas, entre ellas algunos excombatientes de las Farc, como Argelino Ortega, Emiro Ramírez, Arides y Jhon Jaime Sanabria, fueron asesinados mientras departían en un billar en El Tarra, Norte de Santander.

Tras más de un año de investigación, la Fiscalía anunció que todos los responsables de la masacre fueron capturados y judicializados. En medio de las pruebas compiladas se estableció que los cuatro exintegrantes de las Farc estaban negociando base de coca. Algo similar sucedió con Mauricio Castañeda, de 24 años, a quien sicarios lo ultimaron, presuntamente, por una pérdida de dinero perteneciente a un grupo residual.

SEMANA le preguntó a Pastor Alape sobre este tema y respondió: “Es que cuando no hay presencia del Estado aparecen una serie de actores que están en la ilegalidad y no hay otra posibilidad de sobrevivencia, entonces la oferta es la del crimen”. Por su parte, Lozada manifestó que en Colombia no existe la pena de muerte y que la responsabilidad del Gobierno es garantizar la protección de todas las vidas.

Al revisar las cifras oficiales, se observa que desde 2017 se han denunciado 39 tentativas de homicidio a excombatientes y 15 desapariciones forzadas. Se reporta que 55 familiares de exguerrilleros han sido victimizados: 49 por homicidio, cinco más sufrieron atentados y una fue reportada como desaparecida. Según las estadísticas de las autoridades, 67 % de estos casos, es decir 37 de ellos, tienen avances significativos en las investigaciones.

Las autoridades también han logrado determinar que muchos de los homicidios de excombatientes se dan en medio de otras situaciones que no tienen que ver con su condición. Por ejemplo, cuatro casos ocurrieron en medio de hurtos y 24 por riñas. Así mismo, la información examinada por SEMANA arroja que, para las autoridades, los hechos en los que las muertes de reincorporados se habrían dado por su labor de liderazgo (como sucedió con Jorge Enrique Corredor, excomandante del frente 21) son contados con los dedos de las manos. De igual manera, se sabe que dos homicidios de excombatientes se dieron en Peque, Antioquia, mientras realizaban política y el de Wilson Saavedra en el sur del Tolima, en mayo de 2019.

Pero a diferencia de la población en general, las investigaciones por delitos cometidos en contra de los reincorporados avanzan mucho más rápido que la de cualquier otro colombiano, por una razón. Desde los acuerdos de paz se estableció que habría un grupo especial de investigadores y fiscales. Cada vez que sucede un crimen, este grupo atiende personalmente los casos y esas carpetas no se suman a las miles que reposan en los escritorios de un fiscal común.