Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos, fue inhabilitado por 12 años por la Procuraduría, ¿por qué?

Doce años de inhabilidad para ejercer cargos públicos fue la drástica sanción disciplinaria que recibió el empresario Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014. La Procuraduría General determinó que consignó datos falsos en el informe de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral.

En el fallo disciplinario se fijó una multa de 50 millones de pesos en contra del empresario por faltar a la verdad en el informe, el cual le era exigido a todas las campañas. En el documento firmado por Prieto se aseguraba que no se recibieron contribuciones o donaciones de particulares ni ayudas en especie, presentando este rubro contable en ceros.

Sin embargo, y contrario a lo plasmado, el Ministerio Público logró probar que la campaña fue destinataria de una donación en especie proveniente de la constructora brasileña Norberto Odebrecht S. A. Sucursal Colombia, que consistió en contratar con la firma Paddington Ventures Límited Corp., estudios de opinión de naturaleza electoral por un millón de dólares (USD 1.000.000). Para llegar a esta conclusión fue clave la información que entregó Eleuberto Martorelli, uno de los representantes de Odebrecht en el país.

“De la formulación de la propuesta del señor Luis Peña (representante de la firma Paddington Ventures Límited Corp.) entendió que la empresa Odebrecht estaba siendo requerida por la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos para financiar un estudio de opinión cuyos resultados indicaran la evaluación de diferentes escenarios con los candidatos presidenciales”, concluye el fallo disciplinario.

Y aunque Martorelli aseguró en dichas declaraciones no tener certeza sobre el destino final del estudio entregado por la empresa de marketing político, la Procuraduría logró probar, mediante un profundo análisis de los documentos en que se plasmaron los resultados, que estos estaban dirigidos específicamente a la campaña Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018.

“De esta manera se puede concluir que los estudios de opinión su estaban destinados a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos 2014-2018, convirtiéndose de esta manera en una donación en especie que entregaba información respecto al escenario electoral del momento(…) Al estar probado lo anterior, no encuentra duda el Despacho en que en el informe suscrito el 25 de junio de 2014 por el señor Prieto Uribe, en su condición de gerente de la campaña, se consignó una falsedad al indicarse que no se habían recibido contribuciones o donaciones de particulares, ni ayudas en especie valoradas a su precio comercial”, señala la decisión.

La Procuraduría también pudo determinar que dichos estudios se realizaron durante seis meses de 2014 y su objeto era hacer seguimiento a la evolución de imagen y el estado perceptual frente a la opinión pública de los posibles candidatos presidenciales de Colombia.

Pese a que en 2018 el empresario se declaró inocente de los hechos que le imputó la Fiscalía General –y por los que fue enviado a la cárcel– tan solo unos meses después firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconoció su responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado. Debido a esto fue condenado a cinco años de prisión.

En la negociación no se fijó un acuerdo de colaboración con las autoridades judiciales para que declarara en los procesos penales que se adelantaban por el caso Odebrecht en Colombia, y por el cual estaban siendo jugados varios empresarios, dirigentes políticos y particulares. Prieto reintegró los 877 millones de pesos para la reparación de los daños y afectaciones causadas a la Nación con su conducta.

El empresario, quien lideró la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, fue procesado y condenado por haber recibido sobornos para mover influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se adjudicara a adición al contrato Ruta del Sol II para la construcción del puente Plato en el Magdalena.

Teniendo en cuenta sus influencias y poder, el empresario habría ejercido una presión indebida para favorecer a la empresa Yuma Concesionaria. Por sus buenos oficios, el empresario habría recibido 650 millones de pesos, dinero que fue cobrado de manera irregular y con una factura ficticia emitida por la empresa Megaland S. A. S., esto con el fin de no llamar la atención de las autoridades.