“Robledo es la Greta Garbo del derecho”: Jaime Lombana habla de conflictos de interés en la pelea por el lujoso Peñas Blancas

En el exclusivo sector de los cerros del norte Bogotá es difícil no saber qué es Peñas Blancas. Hace unos años el edificio irrumpió el tradicional paisaje de ladrillo de esos barrios y dejó clavado en la montaña una imagen de construcción de Miami a 2.600 metros del mar.

No solo por eso era conocido el conjunto residencial. También porque se trató en su momento del edificio más costoso de la ciudad, un complejo que tenía cine, piscina, sauna o turco, gimnasio y grandes zonas para niños. Los apartamentos se pueden comprar hoy desde 5.000 millones de pesos y allí tienen su hogar algunas de las estrellas más queridas del país y de sus empresarios más exitosos.

Por eso, la pelea que se libra allí tiene todos los reflectores encima. Los propietarios aseguran que la fachada se está “derritiendo” y que nadie les responde. El lío ya llegó a los juzgados y está en manos de exclusivos bufetes de abogados. “Hicimos una millonaria inversión con préstamos bancarios y no es justo lo que está pasando”, dice una de las residentes del lugar.

En uno de los lados de esa disputa está uno de los penalistas más prestigiosos del país: Jaime Lombana. El jurista se enfrenta hoy al exsuperindentente Pablo Felipe Robledo, quien es apoderado de varios propietarios del edificio. “Este edificio se construyó entre los años 2007 y 2009. Han pasado más de 11 años sin que le hayan hecho mantenimiento”, asegura.

El penalista reconoce que lo que se vive en ese pleito es una verdadera “novela” y que esta tiene una protagonista que es la “Greta Garbo del derecho.. el doctor Robledo. Todo lo pierde en los tribunales”. Lombana argumenta que la obra se entregó correctamente, pero que no se le hizo el mantenimiento en los tribunales. Y agrega que los problemas de la fachada no amenazan la estructura del edificio.

“Robledo ha generado todo un ruido mediático, causándole un gran daño a los propietarios. Ha afectado la valorización de los apartamentos. Y el buen nombre de un edificio bonito y cómodo”, añade. Agrega que hay un conflicto de interés pues Robledo como superintendente conoció el proyecto. “Eso no es ético”, precisó.

Lombana comenzará a representar a un grupo de propietarios que disienten de la posición de Robledo y del hecho de que él sea quien represente esa causa. El penalista aclara que ya hay decisiones de instituciones públicas como la superintendencia de industria, que aseguró que la fachada no es parte de la estructura sino es decorativa. “Robledo quiere ganarse sus honorarios. No es moralmente correcto que él los represente frente a la entidad en la que trabajó”.

La visión de Robledo

Los propietarios que están molestos aseguran que la fachada sí tiene problemas. Justamente, por esa confianza no iniciaron acciones legales años atrás y, según conoció SEMANA, hubo recomendaciones para que las diferencias se solucionaran a través del diálogo epistolar con la constructora y que el conflicto no llegara a los estrados judiciales.

Pablo Felipe Robledo, quien representa los intereses de algunos copropietarios, asegura que la razón de los desprendimientos, y el problema en la fachada, es que “quedó mal construida”. A su juicio, los dueños de los apartamentos no pueden usar las zonas sociales del conjunto, pues estas tuvieron que cerrarse “para evitar accidentes. Casi a diario se desprende una piedra de la fachada”. Así las cosas, mientras que los propietarios afirman que la constructora debe responder, Escalar dice que los dueños de los inmuebles deben sacar de su bolsillo para arreglar los daños.

En las instancias a las que ha acudido, Robledo perdió el pleito. La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció y manifestó que “la fachada no era un elemento estructural, sino de los acabados”, por lo que desestimó las pretensiones de los dueños. El Tribunal de Bogotá ratificó el concepto y definió que, al haber pasado diez años, el tiempo de las reclamaciones ya había vencido.

“El edificio se entregó en perfectas condiciones y durante la garantía no hubo problema alguno”, dijo González. Y agregó que a “la fachada la dejaron dañar, la administración no hizo su trabajo y nunca se hicieron mantenimientos”. Robledo reconoce los pronunciamientos de las autoridades, pero, explica, sus clientes buscan una protección como consumidores, pues pagaron precios altísimos por un bien cuya fachada se está resquebrajando.

En su opinión, Escalar podría haber incurrido en un posible engaño al entregar un producto defectuoso y sin calidad. “La acción no se inició antes porque se pensó que se estaban haciendo negocios con gente seria”, reiteró el abogado de los demandantes. Sin embargo, esta puja por la fachada de la discordia no terminará pronto, pues hay un proceso vigente en la Secretaría de Hábitat, un fallo que sería el definitivo para dirimir este caso.

Como el proceso está desde 2019 en la entidad distrital, Robledo confirmó que al pleito se sumó un reciente informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros: “Hay fallas en las losas de la fachada que no necesariamente obedecen al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento”. Según el representante de las víctimas, hay fallas en el diseño y construcción de la fachada que pudieron causar “graves accidentes” por falta de revisiones técnicas antes de la entrega.

Lo que viene

El caso está ahora en la Secretaría de Hábitat. Los dueños de los lujosos apartamentos, que, paradójicamente, se enamoraron de la fachada que hoy se está derrumbando, harán una recolecta entre ellos para arreglar la imagen del edificio insignia de la avenida Circunvalar.

En total, deberán reunir 10.000 millones de pesos para cubrir los gastos, pues saben que sus propiedades se están desvalorizando. Robledo cree que es mejor hacer la vaca para reparar el daño, y reconoce que por cuenta del problema los apartamentos han perdido valor y que “quien intente vender en este momento no va a encontrar cliente, porque por este lío nadie va a comprar”.