Rodolfo Hernández suma una nueva investigación disciplinaria; esta vez por no combatir el transporte ilegal cuando fue alcalde de Bucaramanga

Una nueva investigación disciplinaria tendrá que enfrentar el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Esta vez, los hechos tienen relación por presuntamente haber omitido las órdenes judiciales que le exigían tomar medidas de fondo e inmediatas para controlar el mototaxismo en la capital de Santander.

Hernández, quien estuvo en el cargo entre 2016 y 2019, habría omitido convocar a una reunión a los alcaldes de los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón, que conforman la zona metropolitana; así como a los directores de tránsito y comandantes de Policía, para tratar el tema, por el cual ya se habían presentado fuertes manifestaciones de taxistas en la zona.

El Presidente del Sindicato Nacional de Conductores, Trabajadores de la Industria del Transporte Automotor (Sinta), considerando que el alcalde se había pasado por la faja lo ordenado por el juzgado 15 administrativo de Bucaramanga, presentó en 2018 una queja disciplinaria alertando que era su obligación citar esa reunión y emitir medidas reglamentarias frente al mototaxismo que apareció de la noche a la mañana.

No fue de ayuda que en diferentes declaraciones públicas, el mandatario atacara a los taxistas y asegurara que él prefería no tomar ese servicio, señalando que incluso cuando salía de Bucaramanga prefería utilizar el servicio de la aplicación Uber porque se sentía más seguro “y el servicio es mucho mejor que el que prestan los taxis”: El entonces Alcalde tampoco se reunió, pese a las constantes peticiones, con los representantes del sindicato de taxistas y transportadores para escuchar sus quejas.

Después de cinco años de radicada la queja, la Procuraduría General consideró que en efecto existía evidencia suficiente para abrir una investigación por “posible incumplimiento de la decisión judicial”. Por esto, le ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para determinar si llama o no a juicio disciplinario al otrora excandidato a la Presidencia de la República para el año 2022.

Hernández, quien aspiraría a la Gobernación de Santander para las elecciones de octubre, podrá pedir ser escuchado en versión libre para presentar sus respectivos argumentos frente al tema. Esta investigación se suma a las otras que tiene Hernández tras su paso por la Alcaldía y las cuales están relacionadas con abuso de la función pública, comentarios contra funcionarios y actos de corrupción.

El pasado 1 de marzo, la Procuraduría General formuló pliego de cargos en contra del exalcalde por realizar manifestaciones injuriosas en contra de otros servidores públicos, así como hacer referencias irrespetuosas sobre un ciudadano, hechos ocurridos durante su administración utilizando su programa institucional.

El Ministerio Público detalló que en algunas de las emisiones del programa ‘Hable con el alcalde’, emitido por la red social Facebook, así como en entrevistas en medios de comunicación, Hernández Suárez habría hecho señalamientos injuriosos en contra del entonces gobernador de Santander, Didier Tavera; el diputado del mismo departamento, Edgar Suárez Gutiérrez; el subcontralor de Bucaramanga para la época, Héctor Rolando Noriega, y el cuerpo de bomberos de la ciudad.

En la actualidad, Rodolfo Hernández enfrenta un juicio por su presunta participación en la exigencia de coimas para la entrega de un millonario contrato de asesoría de la empresa de aseo para resolver la grave situación del relleno sanitario de El Carrasco, el cual ya no podía recibir más residuos.

El contrato, avaluado en 335 millones de pesos, tenía como finalidad la asesoría técnica y jurídica de la administración para enfrentar la situación que ponía en riesgo la salud de los habitantes de Bucaramanga. Sin embargo, en su celebración se presentaron exigencias, presuntamente, por parte de la administración local, para que este le fuera entregado a la empresa Vitalogic. En este caso habría tenido participación Luis Carlos Hernández, hijo mayor del entonces mandatario.

La Fiscalía General acusó en abril de 2022 al exmandatario por el delito de celebración indebida de contratos. El proceso pasó a la Corte Suprema de Justicia por el fuero de senador que tenía Hernández después de perder la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, el expediente volvió a conocimiento de la Fiscalía General cuando renunció a su curul.

En este proceso judicial, que ya cumple dos años, el exalcalde de Bucaramanga ha manifestado que es inocente y que jamás ejerció presiones o exigió el pago de comisiones para la entrega de este contrato.