El general y la oficina de Envigado

En junio del año pasado SEMANA publicó una investigación titulada Ovejas Negras. Allí, entre otras cosas, se reveló la historia del entonces general Jorge Romero y los vínculos que lo relacionaban con una serie de actividades con integrantes de la organización criminal conocida como la Oficina de Envigado. Tres semanas después fue destituido del Ejército y la Fiscalía lo capturó.

El entonces fiscal general encargado, Fabio Espitia, durante la rueda de prensa en la que anunció su detención, reconoció que esa investigación llevaba más de un año en la en la entidad. Sin embargo, sólo cuando el artículo periodístico salió a la luz pública las medidas se concretaron por parte del búnker.

Lo que hoy se conoce, gracias a los detalles de la operación Bastón revelados por SEMANA en su última edición, es que la contrainteligencia del Ejército entregó un arsenal de evidencias, testigos y documentos al ente investigador sobre el caso de Romero y allí pasaron los meses sin que nada ocurriera.

El caso de Romero fue bautizado con el nombre de misión Cóndor. Y el voluminoso dossier contiene todos los detalles de las actuaciones de este alto oficial que hoy está detenido. Allí incluso aparece el número de noticia criminal asignado al caso por la fiscalía cuando los militares entregaron las primeras pruebas para que los fiscales abrieran la investigación formal. Más allá de la extraña demora en la entidad a la hora de tomar medidas, lo cierto del caso es que la indagación y las pruebas entregadas por la contrainteligencia militar fueron corroboradas por la propia Fiscalía, lo que demuestra la contundencia de los trabajos que hacen parte de Bastón.

Esta es parte de las revelaciones que esta revista publicó sobre el caso de Romero que hoy tiene privado de la libertad a uno de los protagonistas de Bastón.

SEMANA conoció las declaraciones en poder de la Fiscalía y la Procuraduría de un importante empresario antioqueño, de un militar y de una civil sobre supuestos actos de corrupción del general Jorge Romero Pinzón cuando comandó la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017. Sus denuncias no son los únicos señalamientos sobre el militar. La Fiscalía investiga posibles malos manejos que sumarían alrededor de 1.000 millones de pesos. Dineros destinados al mantenimiento de vehículos y a la compra de combustible, entre otros, habrían sido desviados mediante maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo.

En los círculos castrenses se especulaba que, al no ser llamado al curso de ascenso para mayor general, Romero saldría de las filas. Sin embargo, en enero de 2019, con la llegada de la nueva cúpula del Ejército, terminó designado en la jefatura del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, unidad que maneja un abultado presupuesto para proyectos en el país.

La declaración del empresario –cuyo nombre se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad– apunta a una de esas líneas de investigación sobre el general. Se trata de una dinámica que Romero habría montado en la Cuarta Brigada para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.

En su declaración, el empresario advierte: “¿Hasta dónde puede repercutir mi versión? Si de pronto él tiene un papá (padrino) y lo único que van a hacer es que archivan, yo voy a quedar con un enemigo poderoso. Pero, como ciudadano, pienso que personas como él surgen por el miedo, porque nadie los enfrenta”. Entonces relata que conoció a Romero porque la misma esposa del general les arregló una cita. Allí, en la sede de la brigada, el general le pidió que organizara un encuentro con la plana mayor del empresariado paisa, porque a ellos había que protegerlos.

• Las carpetas secretas

“En tres días convoqué y le llevé a todos los industriales de la ciudad, Fábrica de Licores, Tanques y Camiones; o sea, los industriales grandes (...), transportistas, comerciantes...”. Según la declaración, esa reunión no fue atendida por Romero, sino por un mayor del mismo apellido. Al final del encuentro, el general habló con el empresario. Fue entonces que se refirió a los permisos para el manejo de armas que los empresarios piden para protegerse.

“Me dice: ‘Lo de los permisos especiales yo te los voy a manejar, le voy a poner orden a esto. Quiero que tú me manejes esa parte y me lo manejes en sobre cerrado’”. El empresario agrega: “Cuando a mí me dijo eso, [pensé]: Dios mío, qué persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos”. Cuenta que en el momento en que se le vencieron los permisos para las cuatro armas que manejaba, envió a la brigada las solicitudes para renovarlos, acatando el trámite regular. Le negaron uno de ellos.

El empresario se enteró, según cuenta, de que el general Romero buscó información en la Policía sobre sus empresas. “Veíamos la mala intención de él y como el querer buscar cosas que de pronto, realmente... Para ser honestos, si uno se pone a buscar, él sí las tiene. Nosotros no. O sea, las cosas oscuras creo que las maneja él”. Más adelante, el empresario dice: “Uno se dio cuenta, por muchos contratos y muchas cosas, de que el hombre se lucró”. Y agrega: “No sé quién será el padrino de él o el que está detrás. Pero yo veo que sigue ascendiendo, que está en mejores cargos o con más poder”. “Pero, inmediatamente, en la brigada le dijeron que por qué está negando el permiso, si reunía todas las condiciones. Entonces me lo aprobó. Me hizo ir a la oficina (...) y me puso a esperar como cinco horas (...) Luego me hizo pasar. [Me dijo]: ¿Yo qué le dije a usted? ¿Usted por qué presenta los permisos? Le dije: señor, yo hago el trámite”. Romero le alegó: “Yo le dije a usted cómo era esto”.

"Once millones por arma"

En poder de la Fiscalía hay otro soporte que amplía ese supuesto modus operandi basado en la venta de salvoconductos. Es la versión de una mujer que llegó a la brigada a tramitarle un permiso a un tercero para quien trabajaba. Allí, contrario a lo que ella esperaba, y como al parecer había acordado con un alto oficial retirado, la recibió un militar que no estaba al tanto del ilícito, y quien termina interrogándola: “¿A usted cuánto le colaboran por cada arma?”, le pregunta él. Y ella, preocupada por haber quedado en evidencia, intenta explicar la situación: “Eso viene desde arriba. A mí simplemente me dijeron ‘tenga la plata’ para que la trajera acá. Quiénes [estén] untados, no sé qué. Con decirle que conozco a mi general Romero; diga que va de su parte y que él llamó. Así, si ellos ya saben. Sí me entiende desde dónde empieza la mentira”.

La mujer luego explica que acordó ese pago con un coronel retirado. “A mí me dijeron que viniera acá y diera once millones y medio”, dice ella. Al parecer, el pago no era la única irregularidad en ese fraudulento trámite. El oficial que la atiende le explica que “el señor (quien solicitaba el arma) tenía un problema de narcotráfico”. En este punto, la mujer le insiste al oficial que le devuelva la documentación del hombre que la mandó hasta la brigada, en un intento por borrar el rastro de ese fraude y por volver a intentar la misma movida, pero en otra ciudad. “Me dijeron: ‘esto es tan sencillo que si le entrega la carpeta, ellos se van para otra ciudad”’.

En agosto de 2018, siete meses después de que el general Romero abandonó la Cuarta Brigada para escalar a la comandancia de la Tercera División del Ejército, se desató un escándalo en Antioquia. La Policía capturó a alias Pichi Belén, el jefe máximo de la Oficina, la organización criminal más poderosa de Medellín. Hubo revuelo cuando se supo que el capo tenía un arma con un salvoconducto que había conseguido en Neiva, pese a que llevaba a cuestas una orden de captura y tenía antecedentes criminales. “Es materia de investigación el por qué el hombre más buscado de Medellín tenía un arma de fuego con permiso”, dijo en su momento Claudia Carrasquilla, la entonces fiscal contra el crimen organizado.

El lío del combustible

En los expedientes reposa una declaración de un oficial que trabajó bajo el mando de Romero en Medellín, y que agrega detalles sobre el presunto cartel de los permisos de armas. “Los empresarios antioqueños se han venido quejando por lo del manejo de permisos especiales y mi general, supuestamente, los está reuniendo para colaborarles (...) Mandaba a mi mayor Romero y al sargento Echavarría a que los reuniera y les hablaran de una situación a mejorar la inteligencia y una colaboración especial (...) La gente se ha venido cansando de eso y ya hay comentarios”.

El oficial luego hace referencia a un trino del abogado antioqueño Jaime Restrepo, que se autodenomina como El Patriota en sus redes sociales y allí mismo ha mostrado que tiene varias armas. “La firma de los permisos para armas de fuego y permisos especiales se convirtió en la caja menor de la Cuarta Brigada. ¡Corrupción!”, publicó el 25 de noviembre de 2016.

Además, el oficial habría advertido los presuntos desvíos del dinero que la brigada recibía para costear el combustible de sus vehículos. Eso, dice, le causó problemas con Romero: “Mi general cuando le expusimos el trabajo él se enojó, que por qué nos metíamos en esa parte. Después nos dimos cuenta de que sacaron 30 millones de pesos que cambiaron en efectivo y se los dieron a él para un viaje que hizo a Brasil con la esposa”. En esa ocasión, Romero habría recibido viáticos regulares del Ejército porque se trataba de un viaje conocido como de georreferenciación, al que asisten varios altos oficiales... El dinero extraído irregularmente del presupuesto de combustible era para costear el acompañamiento de su esposa.

“También hubo un contrato de 384 millones cuando llegó la partida de mantenimiento en agosto y septiembre. Resulta que la partida (...) la pagaron completa con una verificación de vehículos que nunca recibieron los mantenimientos estipulados”. El oficial agrega: “Él se trajo su cúpula. Puso los mismos que tenía en la Séptima Brigada en Villavicencio. Los puestos que manejan la parte administrativa de dinero los manipula él”, dijo en una declaración que está en poder de la Procuraduría y la Fiscalía. Tras dejar el cargo en la Cuarta Brigada, el general Romero fue designado para un puesto superior, como comandante de la Tercera División.

En 2018, cuando no fue llamado a curso de ascenso para mayor general, se dio por descontado que pasaba a retiro. Sin embargo, con los cambios en el Ejército el año pasado fue ascendido a la cúpula militar, al frente del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo en el país.

En su momento SEMANA envió un cuestionario al brigadier general Romero. El oficial se acercó a las inmediaciones de la revista afirmando tener el cuestionario respondido. Este medio pidió una entrevista grabada al oficial, la cual no aceptó y las respuestas del cuestionario jamás llegaron. Hoy está a la espera de enfrentar un juicio por las graves denuncias en su contra.