Romper récord en incautaciones de cocaína, la estrategia que se juega el gobierno Petro en Política de Seguridad Nacional

Uno de los propósitos este año del gobierno del presidente Gustavo Petro es romper el récord de incautaciones de cocaína en el país, para ello, la meta que se han propuesto no tiene precedentes y es llegar a las 832 toneladas del alcaloide decomisado.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, anunció que el Gobierno no tendrá como prioridad ir detrás de los pequeños cultivadores de hoja de coca, pues la nueva orden a la fuerza pública es ir detrás de los grandes ‘empresarios’ del narcotráfico en el país y para eso el primer paso es atacar sus finanzas, los cientos de millones que reciben por sus negocios ilegales y sus cargamentos.

“El diagnóstico está compuesto por las afectaciones en los territorios, particularmente las humanitarias; afectaciones a la seguridad ciudadana en los centros urbanos; afectaciones al medio ambiente, especialmente en lo concerniente a deforestación; amenazas a la soberanía, integridad territorial, independencia y orden constitucional, además del problema mundial de las drogas y el problema de la confianza en las instituciones de seguridad”, dijo el ministro Velásquez.

Añadió que dentro de sus objetivos también está “aportar a la paz total, desarticular las organizaciones armadas ilegales, priorizar el territorio, abordar el problema mundial de las drogas, avanzar en la seguridad urbana, avanzar en el nuevo modelo de articulación entre nación y territorio, y fortalecer la seguridad de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad”.

El ministro también indicó “que lo que se busca con esta nueva política de seguridad nacional es fortalecer el talento humano, fortalecer la legitimidad de la fuerza pública (integridad, transparencia, derechos humanos y género), avanzar en el fortalecimiento de la Policía Nacional a través del Proceso de transformación policial más humana, apoyar el proceso transformación de los territorios, gestionar el riesgo de desastres”.

Según el ministro, con la estrategia de seguridad que empezarán a implementar lo que se buscará es disminuir cifras como las de 2022, en cuando un total de 82.862 personas fueron afectadas por desplazamiento forzado masivo, de estas, las comunidades afrodescendientes representan el 49 %, y las comunidades indígenas, el 16 %. En términos geográficos, el 17 deriva del desplazamiento intermunicipal y el 10 del desplazamiento interveredal.

Otro de los indicadores que busca el Ministerio de Defensa impactar es el de los delitos informáticos. De acuerdo con las cifras del Centro Cibernético de la Policía Nacional, en los últimos años los delitos cibernéticos han aumentado de manera considerable, pasando de 572 casos denunciados en 2009 a 7.753 en 2015 y a 51.585 en 2021.

En el año 2022, estos delitos aumentaron el 27,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, llegando a 65.344 casos denunciados. El mayor delito es el de hurto por medios informáticos, registrando 26.523 denuncias.

El Ministerio de Defensa reconoció que para mediados de 2023 habrá un aumento de los cultivos ilícitos en el país, pues explicó que el último informe Simci, que corresponde al año 2021, indica que para ese año, Colombia alcanzó su nivel más alto de cultivos de coca, que ascendió a 204.000 hectáreas, 43 % más con relación al año inmediatamente anterior (143.000 hectáreas sembradas).

Por eso dijo el ministro Velásquez que “de ahí la importancia de adelantar acciones orientadas a generar puntos de inflexión en las finanzas de las organizaciones criminales, que conduzcan a su extinción, y en donde se evite su fraccionamiento y reproducción”.

Además indicó que “los cultivos ilícitos de coca, la producción y exportación de cocaína, la minería ilegal, la extorsión, la corrupción, el contrabando, el robo de combustible, el tráfico ilegal de madera, etc., son el centro de gravedad de las disputas entre estas organizaciones ilegales, y de ellas con el Estado”.

Para combatir estos delitos el Ministerio de Defensa buscará fortalecer la cooperación internacional, con las diferentes agencias de inteligencia y policía judicial de Estados Unidos, Europa, Asia, Suramérica y Centroamérica, para la lucha corresponsable contra el crimen transnacional, en particular el narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando.