Rosa y el Mello Cotes: la historia detrás de la suspensión del clan del Magdalena

La Vía de la Prosperidad, presentada en su momento como una de las grandes obras de infraestructura y de movilidad para miles de habitantes del departamento del Magdalena, terminó convertida en una especie de ‘elefante blanco’, con más enredos financieros y administrativos que soluciones.

Este jueves, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por 12 meses (que se convertirá en multa superior a $100 millones de pesos dado que no están ejerciendo ningún cargo público) a la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga (2016-2019) y a su sobrino, el exmandatario Luis Miguel Cotes Habeych (2012-2015), por irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión pública, que comprometió recursos por más de $466.000 millones de la nación y del Sistema General de Regalías.

El órgano de control estableció que los Cotes transgredieron los principios de economía y responsabilidad de la contratación estatal, y de eficacia de la función administrativa, ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo-Sitio Nuevo-Remolino-Guaimaro, en Magdalena, cuya ejecución quedó establecida bajo el Contrato de Obra 617 de 2013.

Las faltas de los exmandatarios fueron calificadas como gravísimas –a título de culpa grave– por la falta de diligencia, cuidado y eficacia en la adopción de decisiones que se esperan del administrador y/o gobernante de un ente territorial, quien tiene a su cargo la dirección de la contratación y el manejo de confiados por la nación y el OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) Regional Caribe.

Otro de los grandes incumplimientos de la obra, señalados en la sanción, es que esta pasó de una planeación inicial de 52,6 kilómetros a solo 18,3 kilómetros como consecuencia de las deficiencias en la planeación, la falta de definición, la existencia y validación de canteras o fuentes de materiales viables para el momento del inicio de la obra, factores que causaron la exclusión de variantes importantes para la funcionalidad de la obra. Los tramos excluidos del contrato, producto de la denominada “regularización”, presentan deterioro y dificultades para la movilidad de los usuarios, particularmente en época de lluvias, estipuló el informe.

“La Gobernación de Magdalena entrega una vía que no es funcional, un proyecto que no fue finalizado. Por la ausencia de procesos contractuales en curso para continuar la vía, tanto en diseños como en obra, y acorde con los términos del acta de liquidación del 10 de diciembre de 2019, se deduce que la obra empleó el doble de tiempo al inicialmente pactado, todo ello a causa de la deficiente planeación en la dirección de la actividad contractual”, dijo la Procuraduría.

El accionar de los Cotes durante sus mandatos como gobernadores lesionó los derechos, intereses y expectativas de las comunidades que esperaban beneficiarse con la vía, añadió el Ministerio Público. “La falta de diligencia quedó también acreditada con los múltiples modificatorios y adiciones que tuvo el Contrato 617 de 2013, luego de la denominada ‘regulación’ de la ejecución de la obra, la cual fue suscrita por la gobernadora Rosa Cotes, esperando la finalización de la obra el 15 de julio de 2018, lo que ocurrió el 10 de diciembre de 2019, con lo que se evidenció falta de cuidado en la estructuración y definición de los acuerdos establecidos, generando más demoras en la ejecución del negocio jurídico”.

La decisión de la Procuraduría es un duro golpe para una de las familias políticas más poderosas del departamento del Magdalena. Un clan liderado históricamente por Álvaro Cotes, junto a su hermano Luis, reconocidos desde la década de 1990 por sus negocios en los sectores bananero y portuario.

Francisco “Chico” Zúñiga, cuñado de los hermanos Cotes y esposo de la ahora sancionada Rosa, fue el primero en incursionar en política, nombrado por el entonces presidente César Gaviria. Después Álvaro (padre) intentó infructuosamente llegar a varios puestos de elección popular, pero luego fue vinculado a investigaciones por parapolítica debido a señalamientos de alianzas con miembros del Bloque Norte de las AUC.

Desde 2008 la vida política de la familia cambió con el triunfo para una curul en la Asamblea de Luis Miguel Cotes. Pero el gran salto del clan fue en 2012, cuando el mismo Mello, como se le conoce, ganó la Gobernación del Magdalena. En 2016 obtuvieron su segundo triunfo consecutivo en la administración departamental, esta vez en nombre de Rosa Cotes, quien terminó su periodo el pasado 31 de diciembre. Pero el actual gobernador, Carlos Caicedo, les propinó una fuerte derrota electoral en las pasadas elecciones de octubre al quedarse no solo con el primer cargo del departamento, sino también con la Alcaldía de Santa Marta con su ahijada política Virna Johnson.

La respuesta

A través de un comunicado de prensa conjunto, Rosa y Luis Miguel Cotes señalaron que ya habían sido notificados del fallo en primera instancia de la Procuraduría. Además, que harán uso del derecho de apelación para que la decisión sea revisada jurídicamente, bajo la representación del abogado Jaime Lombana Villalba. “Confiamos en que la decisión será revocada y se nos absuelva de cualquier responsabilidad”.

Según los recién sancionados, “la decisión proferida por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal es por una presunta imprudencia o falta de previsibilidad y no por un hecho de corrupción”.