Fiscal expone redes de compra de votos en todo el país

Antes de las elecciones presidenciales, el fiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió gravísimos casos de supuesta corrupción electoral que serían expuestos tras los comicios. Este jueves, el jefe del ente acusador expuso las investigaciones que dan cuenta de redes de compra de votos y otras formas de delitos electorales que se extendieron por todo el país durante la contienda legislativa.

El caso más crítico, y que ya tiene tras las rejas a la senadora electa Aída Merlano y a otros de sus supuestos cómplices, responde a una estructura que se habría armado en Atlántico, con la participación de la congresista, pero que también habría favorecido a Lilibeth Llinás, candidata a la Cámara por Cambio Radical.

De esa red también serían parte los diputados Jorge Rangel y Margarita Balén; los concejales Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo; y los exconcejales Aissar Castro Reyes y Vicente Tamara. Todos ellos serán imputados por concierto para delinquir y corrupción al sufragante, dijo el fiscal.

Además de ellos, la Fiscalía identificó a 2.323 líderes barriales que, al parecer, "actuaron como mercaderes, se encargaron de la venta de paquete de votantes". Según las pesquisas, estas personas ofrecían paquetes de votos al mejor postor. Los votantes eran presentados en un centro de operaciones con fotocopias de sus cédulas, planillas y hasta la huella. Al menos 20 de esos líderes ya van a ser imputados por un nuevo delito, tipificado el año pasado: tráfico de votos.

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El ente investigador encontró prácticas corruptas como que, a los adultos mayores, los enviaban acompañados de niños que se encargaban de verificar que el voto se marcara como se había tranzado.

Una red de esa tamaño, dijo Martínez, se financiaba con recursos de distintas fuentes. Recibían recursos privados que, al parecer, provenían de contratos de prestación de servicios con el Concejo de Barranquilla que se le asignaban a las personas que trabajaban para Casa Blanca.

También había recursos privados, de cuya procedencia hay registros a través de cientos cheques de varios particulares. Estos habrían sido cobrados por personas de la organización criminal, uno de ellos Edwin Salas, solo en febrero cobró 21 que superaron los 1.000 millones de pesos. Otro de los supuestos colaboradores cobró en un mismo día cheques por más de 500 millones.

"Esto era la danza de los millones", dijo Martínez, y agregó: "Las sumas eran depositadas en lugares estratégicos de Casablanca y hasta en la bañera. El monto máximo de gastos para un candidato al Senado era de 900 millones. Y las platas que hemos identificado pasaron de lejos el límite".

Por este caso, la Fiscalía llamará a interregatorio a los empresarios Mauricio y Julio Gerlein Echeverria, hermanos del exsenador conservador Roberto Gerlein, por su presunta participacón en esta red criminal. "Hay más dirigentes y más intermediarios involucrados", aseguró Martínez, por lo que las investigaciones en este caso no terminan.

Pero los hallazgos de supuesta corrupción electoral tampoco se agotan en el caso Casa Blanca. La Fiscalía tiene en el radar a Sergio Lora, un ciudadano que fue capturado el 11 de marzo con 7 millones en efectivo y una lista de votantes.

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El Nene Pérez, alcalde de Ciénaga (Magdalena), habría intervenido para que Lora no fuera judicializado. El senador electo Fabián Castillo de Cambio Radical también visitó al detenido y, por petición de la Fiscalía, podría ser investigado por la Corte Suprema.

En Medellín también se investiga la campaña de Margarita Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, pues al parecer se ofrecieron viajes a San Andrés, tablets y televisores a precios muy baratos, a cambio de que votaran por la congresista.

La campaña habría recolectado la plata de los votantes en una cuenta y habría dispuesto la entrega de los electrodomésticos y los viajes tras comprobar el voto. Varias de las personas no recibieron lo prometido y denunciaron los hechos como víctimas de una estafa. La Fiscalía tiene audios que comprometerían a Alejandro Cuartas, gerente de la campaña de Restrepo, según el ente.

También en Antioquia, la Fiscalía detectó que en el SENA de Caucasia se pidieron votos para el representante Julián Bedoya, a cambio de contratos, caso por el que ya hay una captura.

En Bogotá, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social, le habría exigido a las profesoras de jardines infantiles en Keneddy que votaran por el candidato a la Cámara Diego Caro, y por María Fernanda Cabal al Senado, a cambio de renovarles el contrato.

Finalmente, en Cauca, se investiga la supuesta alteración de resultados en siete mesas que habría favorecido a Faber Muñoz, representante electo por el Partido de La U. También se investigan registros irregulares de más de 1.000 jurados de votación en Atlántico, por los que serán imputados dos funcionarios públicos.

Hay más investigaciones en curso en otras capitales y municipios, dijo el fiscal Martínez, que serán expuestas también en tiempo real, para que cumplan un papel disuasivo frente a los delitos electorales.