Rutas escolares y las tragedias que enlutan a Santander; van ocho niños muertos

Los habitantes de los municipios periféricos del departamento de Santander ya no hablan de casualidad, sino de causalidad. Para ellos, no puede ser algo al azar que en este año se hayan registrado más de diez accidentes de tránsito que involucran rutas escolares en zonas rurales. Para decirlo de una manera más precisa: emergencias con buses y camperos urbanos acondicionados para llevar niños desde las veredas hasta los cascos urbanos.

Ante la dificultad para crear un sistema de transporte uniforme y seguro que les permita a los niños llegar a tiempo a sus clases, las diferentes administraciones municipales han echado mano de lo que tienen: pocos recursos para contratar y una improvisación que hasta ahora ha costado más de ocho vidas durante 2022.

Los encargados de llevar a los niños son chivas (buses escaleras), busetas, camperos y otros automotores, cuyos conductores conocen las difíciles rutas rurales y se le miden a esa tarea, pero eso, al menos este año, no ha salido bien.

El caso más representativo, triste y doloroso ocurrió el 22 de marzo en San Andrés, Santander, con una buseta contratada para transportar a los niños desde el Alto de San Pedro hasta el casco urbano. Era el primer día de la ruta que pondría fin a largas caminatas de los estudiantes para llegar a tiempo a clases. El automotor presentó fallas en el sistema y rodó por un abismo: seis menores murieron y al menos 17 quedaron heridos. El hecho copó los titulares de prensa del país entero y unas semanas después, como sucede en estos casos, quedó en el olvido.

Los familiares de Yuley Stefany Pedraza, Erick López Ávila, Esneider Mauricio Jerez, Damarios Cáceres Mahecha y Julián Camilo Díaz, quienes murieron en el accidente, aún cargan con el lastre de la tristeza cuatro meses después.

Ocho años antes, en el mismo municipio de San Andrés, pero en la vía que conduce a Molagavita, un bus escolar rodó por un abismo de 200 metros y fallecieron dos personas. La historia en este lugar parece deambular en círculos, siempre con el mismo desenlace e igual dolor.

Pero de vuelta a 2022, un mes después del trágico accidente en el Alto de San Pedro, el 22 de abril, una buseta que hacía las veces de transporte escolar perdió el control y rodó por un pastizal cuando transitaba por el sector de La Vega, vereda Vijagual, norte de Bucaramanga. Seis niños y una mujer adulta resultaron con lesiones de consideración. En este caso, el accidente no escaló a tragedia porque un árbol se atravesó en el camino e impidió que el automotor cayera a un vacío.

Esa fortuna no acompañó al niño Ómar Johany Daza Joya, de apenas 11 años, y estudiante del Instituto Isidoro Miranda Morantes, en el municipio de San José de Miranda. El menor, al igual que 40 niños, iba rumbo al colegio en un bus con capacidad para 29 personas. Es decir, venían con sobrecupo, pero no había otra manera. Así les toca en estos sectores alejados de las luces del poder centralista.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la fatal situación se presentó en la troncal del norte, en la vereda Cutaligua, por donde se movilizaba la mañana del miércoles 6 de julio una buseta escolar con sobrecupo y sin acompañamiento auxiliar.

“Antes de llegar a una curva, presuntamente uno de los niños abrió la puerta del bus y otro estudiante que estaba recostado contra esta salió expulsado; desafortunadamente, al caer sobre la vía, el mismo vehículo lo arrolló con las llantas traseras. Ese era uno de los vehículos que se había informado que llevaba sobrecupo, tenía capacidad para 29 niños, pero iban 40”, explicó Sandra Lucía León, personera del municipio de San José de Miranda, Santander.

Según la funcionaria, esto era “crónica de muerte anunciada”, pues en reiteradas ocasiones han puesto en conocimiento de las autoridades departamentales y nacionales que el municipio no cuenta con las capacidades necesarias para atender la demanda de transporte escolar. Precisamente, antes de esta tragedia, se estaban adelantando acciones populares con el propósito de hallar solución a este problema.

“Hago un llamado a las autoridades departamentales y nacionales que nos ayuden, porque por más que nosotros queramos defender a los niños, solos no somos capaces. Es muy difícil ver a tantos niños afectados, necesitamos que realmente miren la situación que se está viviendo en este municipio, donde se trabaja con las uñas, porque el presupuesto no alcanza”, manifestó Sandra León.

La cura o enfermedad

Mientras la puja por quiénes deben asumir las culpas y responsabilidades en el transporte escolar en Santander, los niños están en la mitad de una encrucijada: caminar horas y horas para recibir clases, o aventurarse y hacer uso de los esfuerzos de alcaldías por mitigar este problema y combatir la deserción escolar.

Y aunque contratar a particulares para transportar niños es una solución noble por parte de algunas administraciones, no es suficiente, y los hechos relatados hasta este punto dan cuenta de ello. Muchos de los buses no tienen las condiciones técnicas requeridas para este tipo de trabajos.

El miércoles 13 de julio eso quedó en evidencia en el municipio de Enciso, donde una ruta escolar se incendió en pleno parque principal. Ante las llamas, decenas de personas acudieron al auxilio de los niños y del conductor. Por fortuna –y la rapidez de la ciudadanía– no hubo hechos que lamentar, más allá de lesiones leves y cuadros de inhalación de humo.

En decenas de municipios de Santander, miles de niños no tienen transporte escolar debido a la complejidad en el proceso de contratación y la falta de recursos para la misma. Este es el caso de municipios como El Playón, Rionegro, Puerto Wilches, Suratá, San José de Miranda, entre otros. En cada uno de estos lugares, son más de 500 estudiantes afectados.

Cabe precisar que el Ministerio de Transporte tiene prohibido el uso de buses intermunicipales para fines académicos y estableció un tipo de vehículo específico para transportar estudiantes.

Los habitantes de estos municipios santandereanos no quieren seguir llorando sobre la sangre derramada. Piden que las causalidades –productos de las improvisaciones– paren y, en cambio, se construya un modelo seguro para que sus hijos, la mayoría de escasos recursos, puedan ir –y sobre todo regresar con vida– a la escuela.