Tumban destitución de Sabas Pretelt por Yidispolítica

A pesar de que está preso por haber contribuido a que se aprobara la reelección en el Congreso a través de dádivas, el exministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega quedó exento de castigo disciplinario por esos hechos, gracias a un fallo del Consejo de Estado.

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Con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara, la Sección Segunda de ese alto tribunal declaró nula la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 12 años a Sabas por la llamada Yidispolítica. Así lo conoció en primicia Semana.com.

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Cuando el Congreso reformó la Constitución para permitir la reelección inmediata del presidente, durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, el trámite del acto legislativo estuvo precedido de una cantidad de ofrecimientos a algunos congresistas.

Entre los favorecidos se encontraba la hasta ese entonces desconocida Yidis Medina, quien asumió la curul que ocupaba Iván Díaz Mateus, para votar a favor del proyecto, en contra de lo que opinaba la bancada de su partido, el Conservador.

Según lo esclareció la justicia años después, todo fue producto de un acuerdo ilegal en el que emisarios del Gobierno se comprometieron a garantizar cuotas políticas en notarías y otras entidades para algunos legisladores a cambio de su apoyo a la reforma.

Uno de los implicados fue el entonces ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega. Así lo concluyó la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó por cohecho hace un año y tres meses, y también la Procuraduría, que en agosto del 2010 lo sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años.

Mientras estaba tratando de demostrar su inocencia ante la justicia penal, el exministro interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, buscando tener nuevamente opciones para ejercer cargos estatales.

Y aunque al final no pudo demostrarle a la Corte Suprema de Justicia que no había sido parte en este acuerdo ilegal de dádivas por votos, salió victorioso de sus pretensiones en el Consejo de Estado.

Esa corporación anuló la decisión de la Procuraduría, por considerar que al momento de proferir el fallo ya se habían vencido los términos legales para ejercer la acción disciplinaria.

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