Tutela podría dejar sin piso seis meses de actuaciones contra congresistas

El remezón sin precedentes que provocó en la Corte Suprema de Justicia la corrupción que les llegó hasta los mismos despachos, llevó a que este tribunal le imprimiera a las investigaciones el impulso que durante años el país estaba esperando. Se desempolvaron expedientes engavetados a punto de prescribir; los casos de corrupción pasaron a ser los primeros en la lista de prioridades; se practicaron pruebas cruciales como interrogatorios, interceptaciones, testimonios.

Los últimos seis meses, la Sala Penal ha intentado entregar un trofeo tras otro en casos como el cartel de la toga, Odebrecht y parapolítica. Sin embargo, toda esta estantería se podría terminar derrumbando este miércoles por una tutela que se discute en la Sala Civil de este tribunal.

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El blanco de la acción es el mismo al que han intentado pegarle los implicados en graves investigaciones durante los últimos meses: el vacío que dejó el Acto Legislativo que creó la segunda instancia para aforados. Aunque la norma estableció la conformación de unas salas de investigación y juzgamiento que asumirán el conocimiento de los casos en primera instancia, dejó en el limbo los procesos porque omitió los artículos transitorios que establecerían las reglas para esta transformación.

De manera que la Sala Penal, dada la ausencia de artículos transitorios, habría perdido competencia de investigación y juzgamiento una vez entró en vigencia la norma en enero 18 del 2018. Y los casos se habrían quedado sin doliente hasta la elección de las nuevas salas. En este escenario, los magistrados de la Sala Penal frenaron el caos e impartieron una directriz bajo la cual sus competencias se mantendrían plenas hasta el momento en que fueran elegidos los nuevos magistrados.

Cobijados en esta sombrilla, lograron continuar las investigaciones que venían impulsadas desde el 2017: sacaron las acusaciones por parapolítica y corrupción en contra del senador Musa Besaile, llevaron a condena parcial y llamado a juicio al senador Bernardo Miguel Elías por el caso Odebrecht, le dictaron sentencia a 25 años de cárcel al senador Martín Emilio Morales Diz por parapolítica y bacrimpolítica. Evitaron la prescripción de las investigaciones por las masacres del Aro y la Granja, así como por el asesinato de Jesús María Valle, declarándolos crímenes de lesa humanidad. En este período también se tomó la determinación de archivar la investigación contra el senador Iván Cepeda por manipulación de testigos, y en cambio se compulsaron copias al expresidente Álvaro Uribe por este cargo.

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Las sentencias de Gustavo Moreno y Alejandro Lyons, las capturas de Ayda Merlano y Plinio Olano también se adelantaron durante este período. Sacudiendo expedientes, la Corte ordenó la captura del exsenador David Char y del senador Álvaro Ashton por parapolítica. Pese a que casi todos los implicados intentaron exigir el derecho a la segunda instancia y quitarle la competencia a la actual Sala Penal, la negativa de los magistrados ha sido la misma.

Después de tantos intentos, una tutela interpuesta por la defensa de Álvaro Ashton podría abrise un camino distinto.

El texto de 28 páginas que amenaza romper la armonía de la Corte, ya que se va lanza en ristre contra la Sala Penal -la sección de la corte que ordenó detener al congresista y lo está procesando por parapolítica-. Señala que este órgano actúa al margen de la ley “bajo su propia creencia”. Además, califica el trabajo de los magistrados penalistas como “desafortunado para el Estado de derecho” e irrespetuoso, pues “apelan a razones de conveniencia y oportunidad”. Y aún más, indica que por la vía de la interpretación, esos togados están reemplazando y desconociendo la ley.

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La acción interpuesta por Ashton encendió todas las alarmas, luego de que en lugar de rechazar su estudio, como lo ha hecho hasta ahora la Penal, los magistrados de la Sala Civil se tomaran varias salas sin poder llegar a consenso alguno. SEMANA conoció que en el último cónclave, el magistrado ponente Armando Tolosa presentó un proyecto de fallo en el que planteaba que la entrada en vigencia del Acto Legislativo de segunda instancia comenzaba a partir de la elección de los nuevos magistrados de primera instancia; es decir, se mantenía en firme la postura adoptada por la Sala Penal. 

Sin embargo, su posición no contó con las mayorías necesarias y sobre el proyecto de fallo se pidieron cambios importantes y de fondo. De hecho, hay magistrados de la Sala Civil que consideran que la entrada en vigencia de la segunda instancia debe ser a partir de enero del 2018, con lo que se caería la acusación de Ashton y desmoronaría en cascada todo lo actuado este año.

Para varios magistrados de la Sala Penal ya es sorprendente que sus colegas de la Sala Civil hayan admitido la tutela. Por ello, las últimas horas han sido de cálculos: si la Civil falla de ese modo, la decisión puede ser apelada ante la Sala Laboral. Y una vez salga de la Laboral, le queda un último recurso ante la Corte Constitucional. Aunque el camino de esta tutela puede no ser definitivo aún, si esta postura prospera –como es probable–, se desataría la debacle que llenaría de incertidumbre los procesos más importantes de la justicia.