Sancionan a empresa de vigilancia del edificio donde asesinaron a la pequeña Yuliana

Antes de suicidarse, el celador Fernando Merchán dejó una carta en la que decía que era inocente y que no quería volver a la cárcel.

Marchán era el celador que había estado de turno en el edificio Equus 66, de Chapinero Alto, en Bogotá, el día en que Rafael Uribe Noguera secuestró a la niña Yuliana Samboní, luego de lo cual la llevó a su apartamento, abusó de ella y la asesinó.

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El testimonio del vigilante iba a convertirse en una pieza clave de la Fiscalía para resolver el caso. De hecho, Merchán, antes de morir, alcanzó a dar su versión a las autoridades.

Sin embargo, según lo dijo en su momento el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la declaración del celador no coincidía plenamente con las pruebas que se estaban recaudando.

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"Advertimos que el vigilante no manifestó la verdad ante la Fiscalía y tampoco las anotaciones que hizo en el libro de ingresos corresponden a la verdad. Había conocimiento y coparticipación de su parte", dijo en su momento.

Las hijas de Merchán rechazaron tiempo después las declaraciones del Fiscal. A Semana.com le dijeron que su padre, quien había entrado en depresión al sentirse culpado por sus jefes de la empresa de seguridad, no había tenido nada que ver con el crimen de Yuliana.

Este martes, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tomó una decisión que despejó algunas dudas frente a los protocolos que el celador debió seguir aquel 4 de diciembre.

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Advipor Limitada, la empresa encargada de la vigilancia del edificio Equus 66, cometió a juicio de la entidad, faltas graves: “una de ellas por no tener acreditado al vigilante que prestaba el servicio en ese edificio…porque esta persona no tenía los cursos de capacitación adecuados para ese trabajo”, dijo Israel Londoño, Superintendente encargado.

La hecho más delicado para la Superintendencia tiene que ver con que el vigilante de turno esa mañana no reportó el ingreso irregular de Yuliana Samboní al edificio: "El no reporte de la novedad, la situación de que esta persona hubiera ingresado a la fuerza a esta niña debió ser reportada por el vigilante a su supervisor y este a su vez a la Policía", según indicaban los protocolos.

La empresa en consecuencia fue sancionada con 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, también recibió cargos por el exceso de las jornadas laborales y el cobro de tarifas por debajo de lo establecido. Tendrá 15 días para interponer recurso de reposición.

La multa será tenida en cuenta para la renovación de la licencia de funcionamiento que vencerá a finales de 2018.