Los 6 casos por los que el futuro político de Petro es incierto

La Corte Constitucional ratificó este jueves que las sanciones administrativas pueden ser impedimento para que las personas elegidas por voto popular se posesionen en sus cargos. La decisión aplica para todos pero de momento tiene un implicado directo: Gustavo Petro. Primero, porque fue el abogado del senador quien planteó el debate en el alto tribunal, y segundo porque el líder de la Colombia Humana tiene 6 procesos -en distintas etapas- que avanzan en la Contraloría Distrital, un ente que ya ha fallado en su contra y que con la determinación de la Corte, tiene el poder de sacarlo de la arena política a través de una eventual multa impagable.

El argumento de Petro siempre ha sido que un ente de control no tiene potestad para afectar los derechos políticos de un ciudadano. Una capacidad que solo recaería en los jueces. Sin embargo, la misma justicia acaba de controvertirlo. Eso sí, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay antecedentes que respaldan su tesis y esa sería una carta que se podría jugar y que ya ha anunciado.

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El tema se vuelve aún más polémico por cuenta de la situación jurídica de Juan Carlos Granados, el contralor distrital que tiene en sus manos la resolución de varias sanciones en curso. Petro no solo ha catalogado a Granados como un funcionario al servicio de Germán Vargas Lleras, uno de sus mayores rivales políticos, sino que el contralor está citado este lunes al Tribunal Superior de Bogotá, para ser imputado por presuntos delitos relacionados con el escándalo de Odebrecht, en los que habría incurrido cuando era gobernador de Boyacá. La misma Fiscalía ya anunció que pedirá que le impongan medida de aseguramiento.

Pase lo que pase con el contralor, los procesos ya están en curso. Así van los casos que pueden poner en jaque el futuro político de Petro.

El precio del pasaje

El 27 de junio de 2016, un mes después de que Juan Carlos Granados fue elegido como contralor distrital por el Concejo de Bogotá, el ente le impuso una sanción de 217.204 millones de pesos a Petro y a otros 4 funcionarios de su administración, cuando fue alcalde de Bogotá. La razón: la reducción de los ingresos del SITP por cuenta de un decreto que el exmandatario emitió en 2012, con el que bajó las tarifas del sistema de transporte público. En noviembre pasado, Granados ratificó la decisión de su Contraloría.

Petro, quien estaba en medio de la campaña presidencial, logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera los efectos de la decisión, mientras el Consejo de Estado emite una decisión de fondo. Si el tribunal llega a confirmar el fallo, la continuidad del excandidato presidencial en el Congreso podría comprometerse, pues para seguir en su cargo, o aspirar a uno nuevo, tendría que pagar una deuda que, como ha dicho, no está en capacidad de asumir. En cuanto al resto de funcionarios de la Bogotá Humana que fueron sancionados, el proceso está activo y no están cobijados por el amparo del Tribunal de Cundinamarca.

El precio del pasaje II

Hay otro proceso por las tarifas de Transmilenio durante la alcaldía de Petro, que se sumaría a la multa de 217.000 millones. Este es contra Petro y otros 9 funcionarios por la "reducción de los ingresos en el SITP durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 28 de agosto de 2015". El proceso se abrió el 31 de mayo de 2016 y desde el año pasado, el proyecto de imputación o archivo está en revisión.

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Los camiones de basura

Gustavo Petro y Diego Fernando Bravo, quien fue gerente del Acueducto de Bogotá, tienen una sanción de 40.545 millones de pesos por la "compra sobredemensionada y/o innecesaria de vehículos barredoras para la prestación del servicio de aseo en la ciudad". Concretamente, el ente sanciona por la compra de 116 camiones se aseo que no habrían sido usados. El 20 de octubre de 2017 se dictó el fallo en contra del senador, que interpuso una recusación a la decisión.

El pasado 17 de octubre, el proceso pasó al despacho de Granados para que, en segunda instancia, confirme o tumbe el fallo. En la Contraloría dicen que por cuestión de términos, el contralor pretende dejar resuelto este y el resto de casos de Petro que están en sus manos antes de que se acabe este año. Eso, sin embargo, depende de la decisión que tome el Tribunal Superior de Bogotá este lunes, cuando Granados sea imputado y la Fiscalía pida que lo priven de la libertad.

El esquema de aseo

El proceso que representa la menor cuantía es a su vez el que menos ha avanzado en la Contraloría. Se trata de una indagación preliminar por "presuntas irregularidades en la implementación del nuevo esquema de recolección de residuos sólidos en la Ciudad de Bogotá, adelantada en la Alcaldia Mayor de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. ESP, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la empresa Aguas de Bogotá S.A.".

Su auto de apertura fue emitido el 1 de octubre de 2013 e involucra a Petro y a otros 10 exfuncionarios de la alcaldía en un presunto detrimento de 26 millones de pesos. Actualmente el proyecto del auto de imputación o archivo del caso está en revisión.

La multa de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio multó al Distrito por haber violado la libre competencia en la implementación del esquema de basuras de la Bogotá Humana. La Contraloría le está cobrando esa sanción que pagó la ciudad a Petro y otros siete funcionarios de su mandato. Son 91.949 millones de pesos por la "inexistencia de acciones o medidas correctivas por parte de EAB ESP y UAESP, contrariando los presupuestos de diligencia, celeridad y oportunidad en la actuación administrativa, lo que hubiese impedido la transgresión a la Constitución, lo que finalmente condujo a la imposición de la multas por Parte de la SIC al Distrito".

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El ente de control distrital falló en contra de Petro el 20 de octubre de 2017 y la apelación está en manos del contralor Granados desde el pasado 17 de octubre, luego de que se negó una recusación interpuesta por Petro.

La recompra de TGI

Desde el 4 de octubre de 2016 hay un proceso de responsabilidad fiscal contra Petro y 14 funcionarios más de su alcaldía por 279 millones de dólares (alrededor de 900.000 millones de pesos). Este sería uno de los montos más altos en la historia de este tipo de procesos y va por cuenta del 31% de las acciones del Distrito tenía en la Transportadora de Gas Internacional (TGI), que vendió y luego recompró. Lo que se investiga es un posible detrimento porque el precio de recompra fue mucho mayor al de venta.

Sin embargo, Petro ha catalogado ese negocio como uno de los mejores de su administración, puesto que TGI es una empresa boyante y destacada en su sector. La Contraloría imputó al exalcalde en junio pasado por este caso, Petro recusó al ente y el proceso está en etapa probatoria, a espera de ser fallado en primera instancia.

La Fiscalía investigaba el mismo caso. Sin embargo, en agosto pasado, el ente investigador anunció el archivo del proceso, favoreciendo a Petro y a la exgerente de la EEB, Sandra Stella Fonseca, además de ocho integrantes de la junta directiva de esa entidad, al considerar que los estudios que se realizaron para valorar las acciones las acciones de TGI fueron adecuados.