Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, la mensajera, fue enviada a la cárcel El Buen Pastor por el saqueo en la UNGRD

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, fue enviada a prisión en el marco del proceso penal que se le adelanta por su presunta participación en los hechos que rodearon el desvío de millonarios contratos y dinero de coimas ilegales en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La juez acogió la solicitud de la Fiscalía y la envió a la cárcel de mujeres El Buen Pastor.

En la decisión tomada este miércoles 18 de diciembre, la jueza de control de garantías advirtió que la exfuncionaria representa un peligro para la sociedad y puede afectar las pruebas recolectadas por la Fiscalía General, mediante la presión de testigos y la manipulación de las evidencias clave para este caso.

Esto teniendo en cuenta, tal como lo publicó SEMANA, la eliminación de chats de las conversaciones que sostuvo vía WhatsApp con Olmedo López para coordinar la entrega de 3.000 millones de pesos para el expresidente del Senado, Iván Name.

El informe forense que realizó la Fiscalía al teléfono celular de Ortiz, conocido en su totalidad por SEMANA, no deja dudas; fue comparado con el contenido del teléfono del exdirector de la UNGRD Olmedo López y hay piezas que no cuadran y a ese rompecabezas le faltaban fichas.

Para coordinar la logística del movimiento de ese dinero, según la Fiscalía, Ortiz no solo tuvo que hablar con el exsubdirector Pinilla, sino también con Olmedo López, quien entregó su celular a la Fiscalía para que obtuviera una copia espejo con todo el contenido, en medio de su proceso de colaboración con la justicia.

Fue en ese momento cuando la Fiscalía encontró que Ortiz borró información muy delicada. Justamente los chats con los que coordinó con Olmedo López: el lugar, la fecha, la hora y el encuentro en la famosa suite de residencias Tequendama, donde le habrían llevado el botín. Incluso, eliminó el contacto con la tarjeta de presentación y el teléfono de Iván Name.

La jueza, para tomar la decisión, también tuvo en cuenta los cambios de versión de uno de los integrantes de su esquema de seguridad, contrariando los informes técnicos sobre el movimiento de las camionetas que transportaban el dinero rumbo a la residencia del senador Iván Name los días 12 y 13 de octubre de 2023.

Igualmente, la entonces funcionaria habría movido sus influencias para que se “adicionara” al senador Name un contrato que adelantaba la UNGRD en el departamento del Atlántico, por un valor de 11 mil millones de pesos y en el cual, según la investigación, el congresista “tenía un interés”.

Las reuniones clave

El 25 de septiembre de 2023, en el segundo piso de la Casa de Nariño, se habría registrado un corto encuentro entre la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, y el entonces director de la UNGRD, Olmedo López. Este evento se presentó antes de un encuentro de ministros que iba a liderar el presidente Gustavo Petro.

En un rápido cruce de palabras, según señaló la Fiscalía General, se trasladaron las órdenes del director del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, sobre el envío de un contrato al senador Iván Name. Hay que tener en cuenta que Name, González y Ortiz son miembros del Partido Alianza Verde.

“Sandra Liliana Ortiz se acerca y se aproxima a él (en referencia a Olmedo López). Están reunidos en las instalaciones del Palacio de Nariño. En ese momento lo toma del brazo y lo aparta, momento en el cual sostienen la conversación”, precisó la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema en la solicitud de medida de aseguramiento.

Tras esto, la consejera de la Presidencia coordinó un desayuno en la habitación 2612 de las suites Tequendama, ubicada en el centro de Bogotá, y donde estaba viviendo desde hace varios meses. Hasta ese lugar llegaron Olmedo López y el senador Iván Name.

“Fue la anfitriona y estaba encargada del desayuno”, señaló la jueza al señalar que el lugar escogido fue clave “para generar ese ambiente de confianza” para hablar de los tres mil millones de pesos.

Sandra Ortiz fue señalada como la encargada de coordinar todo este envío de dinero hasta el apartamento del congresista, en inmediaciones del centro comercial Unicentro, en el nororiente de Bogotá.

La Fiscalía General le imputó a la exconsejera presidencial para las regiones los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.