Santa Marta, en crisis política tras captura del alcalde Rafael Martínez

La caótica situación política y administrativa de Santa Marta está fielmente plasmada en el episodio del pasado sábado, cuando varios hombres de la Dirección Nacional de Inteligencia llegaron a tomarse el despacho del detenido alcalde distrital, Rafael Martínez. Lo grave del hecho fue que aparentemente no se identificaron, no medió orden judicial ni hubo acompañamiento de la Procuraduría.

Así lo denunció el gabinete de Martínez, cuyos miembros llegaron hasta el ayuntamiento generando una gran tensión. Buscaron infructuosamente explicaciones del personal que estaba allanando y exigieron la presencia del secretario de Transparencia del gobierno y del alcalde encargado, Andrés Rugeles.

Martínez fue cobijado el pasado 21 de marzo por una medida de aseguramiento —detención domiciliaria— emitida por un juez penal de Santa Marta, a la espera del resultado de las pesquisas de la Fiscalía General sobre presuntos hechos de corrupción en contratación pública.

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Se trata de las obras para concluir la remodelación de una red de cinco centros de salud en la ciudad, que originalmente fueron contratados en el mandato anterior —el de su antecesor y aliado político Carlos Caicedo—y cuyas obras quedaron a medias. Hoy cuatro puestos están terminados y operando pues para uno, el de Mamatoco, no hubo recursos. Tres de ellos han sido entregados en la actual administración.

Las dudas de la justicia son  sobre los incumplimientos en las fechas de entrega, y la entrega dos veces (la primera por 6.537 millones de pesos y la segunda por 5.863 millones) de las obras al mismo contratista, Mediredes SAS, que luego se presentó como Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta 2016.

También está pendiente de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Martínez, Iván Cancino, que se pregunta por qué a su cliente se le dictó medida de aseguramiento luego de 16 meses de ser solicitada por el ente acusador y a nueve meses del final de su mandato. Las razones por las que la justicia procesa al mandatario local son los delitos de contrato sin el lleno de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Terna rápida

El movimiento en el poder, Fuerza Ciudadana —que preside el exalcalde Caicedo, hoy candidato a la Gobernación—, se movió rápido y presentó al día siguiente (22 de marzo) ante la Casa de Nariño una terna con el ánimo de que Duque escogiera de allí el reemplazo del alcalde asegurado y no nombrara un encargado.

Justamente esta última fue la opción presidencial y la decisión fue nombrar interinamente el 30 de marzo al secretario de Transparencia, Andrés Rugeles, quien llegó a reemplazar al funcionario que dejó Martínez en encargo para irse a vacaciones.

Un hecho aparte, pero con implicaciones políticas en esta historia, fue el fallo disciplinario en primera instancia conocido el 3 de abril contra el exalcalde Caicedo. Por presuntas irregularidades en la contratación de pozos de agua durante la emergencia hídrica de 2014 en la ciudad, la Procuraduría lo destituyó y los inhabilitó por 12 años para el ejercicio de funciones públicas.

Parte de la popularidad de Caicedo en la ciudad proviene de que durante su mandato presentó una acción popular con la que sacó de Santa Marta al operador Metroagua —filial de Inassa, la escandalosa filial en America de Canal de Isabel II—, por considerar el contrato firmado con ellos para el arriendo de las infraestructuras era “violatorio de la moralidad administrativa y del patrimonio público”.

Si bien el apoderado legal de Caicedo, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, presentó el 6 de abril un recurso de apelación contra la decisión de la Procuraduría, las posibilidades de que logre la Gobernación se han empezado a poner en duda y en redes sociales se han visto movimientos ambientando un eventual cambio de un aspirante que sea “el que Caicedo dice”.

Líderes e integrantes de Fuerza Ciudadana, en varias ocasiones, han denunciado persecución política, judicial y hasta amenazas por parte del tradicional clan Cotes, hoy en cabeza del exmandatario de Magdalena Luis Miguel ‘Mello’ Cotes (hijo y sobrino de los cuestionados Álvaro y Luis Miguel Cotes Vives), que logró poner en la Gobernación a su tía, Rosa Cotes.

Tensiones

Pese a que entre sus primeras declaraciones el alcalde (e) Rugeles anunció que su encargo sería breve, mientras que el presidente Duque estudiaba la terna, su llegada no hizo más que atizar aún más el fuego entre funcionarios del Distrito. También entre los seguidores de Caicedo y Martínez, quienes reclaman que se escoja prontamente uno de los nombres propuestos: el secretario jurídico Adolfo Torné, a quien Martínez quiso dejar encargado, la exsecretaria de Promoción Social –Ingrid Padilla—y el gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, Luis Guillermo Rubio.

Según el portal local Seguimiento.co, que siempre atina en la situación política de Santa Marta, durante el consejo de Gobierno realizado el pasado viernes, entre Rugeles y las cabezas de los despachos, ya se habían presentado situaciones tensionantes.

En esa reunión, el enviado de Bogotá les pidió a los funcionarios una serie de datos detallados, sobre todo en materia de procesos de contratación de cada cartera, que deben ser entregados este lunes a las 2 p.m. La petición fue considerada como “descomunal”. Por si fuera poco tuvieron roces por los por el presunto carácter altisonante con el que fueron tratados por un sombrío asesor de Rugeles, que se identificó como Emiro Castro.

Sin embargo, lo que ocurrió en la tarde del sábado hizo que la olla de presión estallara. Pese a que no era día laboral, los funcionarios que paulatinamente fueron llegando a elaborar sus informes se encontraron con la sorpresa de que cinco hombres, entre ellos Castro, se habían tomado el despacho del alcalde revisando información oficial. Alguna de esa información estaba en los computadores.

Al ver los reclamos en su contra los sujetos procedieron a encerrarse, sin identificarse, ni mostrar orden judicial o contar con acompañamiento de la Personería o la Procuraduría locales. Posteriormente, en videos que se divulgaron en redes sociales, se ve cómo procedieron a tapar con trapos los lentes de las cámaras de seguridad para evitar ser grabados.

¿Operación de inteligencia?

En algunas tomas se ve que los integrantes de la comisión de Rugeles usaron una enorme caja, lo que algunos identificaron como un artefacto empleado para hacer el análisis forense de computadores, celulares y otros aparatos electrónicos.

Posteriormente, en otros videos se ve cómo insistentemente les golpea la puerta el personero distrital, Chadán Rosado, a quien tiempo después le habrían permitido el ingreso. Los hombres luego se retiraron del edificio con escolta de la Policía y al parecer se llevaron consigo discos duros y memorias.

Para entonces, Rugeles se encontraba en la vecina Aracataca (Magdalena) acompañando al presidente Iván Duque en el taller sabatino Construyendo país. Momentos después, envió  por redes sociales un comunicado en el que señaló que “teniendo en cuenta las denuncias ciudadanas, solicité a los organismos de inteligencia una revisión exhaustiva de la seguridad de mi despacho”.

Fue cuando reveló que personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) había sido el que llevó a cabo lo que llamó “revisiones pertinentes” y cuyos resultados serían dados a conocer a la luz pública próximamente.

“Así mismo, se ha solicitado el levantamiento de un acta, con la presencia del personero municipal, que recoja el desarrollo de la jornada de investigación”, dice el texto, en referencia al mismo funcionario al que se le negó el ingreso buena parte del tiempo.

Caicedo, en declaraciones a los medios, señaló que Rugeles había ordenado el retiro del personero y de la Policía presente durante los hechos porque argumentó que se trataba de un asunto de “seguridad nacional”.
Pidió también acompañamiento de los organismos de control.

Las versiones frente al episodio van y vienen. Lo cierto es que la gestión del mismo episodio como si fuera un asunto de seguridad nacional posiblemente no hizo más que exacerbar de forma innecesaria los ánimos que hay en Santa Marta. Mientras tanto, la prestación de servicios en la ciudad sigue hecha un caos.