¿Viene una nueva suspensión para el alcalde de Santa Marta?

El pasado viernes el líder del movimiento Fuerza Ciudadana, el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, recibió en la víspera de su inscripción como candidato de la Gobernación del Magdalena la noticia de que se abrió un pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la expedición de un decreto que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la capital del Magdalena.

Esto no es algo nuevo para Caicedo. “Yo en el pasado fui objeto de montajes judiciales de esta misma clase política que estuvo ligada a los grupos paramilitares, a los actos de saqueo y corrupción escenificados en Santa Marta. Por nuestra escasa presencia en el escenario político nacional, hemos sido víctimas. Y probar nuestra inocencia no ha sido expedito”, dijo en junio a SEMANA.

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El copartidario y sucesor de Caicedo en la Alcaldía, Rafael Martínez, tiene esa misma sensación. Viene de ser suspendido de su cargo y estar recluido en su propia casa durante cuatro meses y un día por cuenta de una medida de aseguramiento, en medio del proceso judicial que enfrenta por presuntas irregularidades en los contratos para la construcción de cinco centros de salud, de los que cuatro –dice el mandatario– ya están operando.

Durante ese lapso de suspensión, la presidencia de la República designó como encargado al secretario de Transparencia Andrés Rugeles, lo que significó un gran ascendiente de su jefa directa, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en los designios de la ciudad. El alcalde (e) ajustó e incluso detuvo la ejecución de varios contratos y cambió al gabinete por uno de su confianza.

Nuevo proceso

Cuando Martínez inició toda la labor de retomar el pulso de la ciudad, de realizar rotaciones entre los secretarios que no puede cambiar por estar en ley de garantías y de hacer el ejercicio de pasarlos al tablero para que rindan cuentas para establecer en qué está la ejecución de la ciudad, se ha empezado a mover un nuevo proceso disciplinario que eventualmente podría truncar el final de su mandato.

SEMANA tuvo acceso a un escrito en el que el procurador Delegado para la vigilancia administrativa y judicial, Germán Calderón España, fijó una audiencia por la presunta conducta de participación en política por parte del alcalde Martínez, cuando durante la inauguración del estadio de béisbol, usado en los Juegos Bolivarianos, estuvo acompañado de Caicedo, que para entonces era precandidato presidencial.

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El hecho ocurrió el primero de noviembre de 2018 y el anuncio del ministerio público fue dos días después. “La Procuraduría indaga si el exalcade Caicedo Omar ha estado presente en otros eventos de la administración de Martínez y si a esos actos ha llegado en vehículos de su campaña política”, señaló entonces una comunicación del organismo.

El auto en este nuevo caso señala que, originalmente, la audiencia estaba para efectuarse el 26 de abril, pero no pudo llevarse a cabo. “Por motivos judiciales tanto el servidor investigado, como su apoderado solicitaron aplazamiento solicitaron aplazamiento de la audiencia toda vez que el señor [Rafael] Alejandro Martínez se encontraba con detención domiciliaria”.

Si bien la decisión judicial que favoreció a Martínez y que le permitió el retorno a la Alcaldía se emitió el 22 de julio, la citación de la Procuraduría, incongruentemente, tiene fecha del 19 de julio. La cita es este miércoles 30 de julio en la sala de audiencias de la Procuraduría en Bogotá, aunque se solicita al secretario realizar “todas las diligencias para que a través los medios tecnológicos se cuente con la presencia del señor alcalde”.

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Manto

Si bien lo de la fecha puede ser un error (aunque uno protuberante ante la importancia del caso), hay otros indicios que siembran dudas razonables sobre la actuación. Dos fuentes diferentes señalaron por separado a este medio que el procurador Calderón España, un reputado abogado constitucionalista huilense, nombrado en el cargo en mayo de 2018, es cuota política del senador barranquillero Eduardo Pulgar. Además, ambas manifestaron que aqui se estaría cocinando una nueva suspensión de Martínez.

SEMANA intentó comunicarse con el congresista pero no fue posible. Sin embargo, fuentes de su entorno en Barranquilla negaron los señalamientos y la implicación con cuaquier acción disciplinaria contra el alcalde de Santa Marta.

El parlamentario, quien fungió como primer vicepresidente del Senado en la anterior mesa directiva fue criticado duramente y denunciado ante la Corte Suprema por el manejo de la sesión a su cargo en la que realizó un debate de control al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht, en el que no admitió réplicas de los citantes, los senadores Gustavo Petro, Jorge Robledo y Angélica Lozano.

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Pulgar tiene una larga historia con la Procuraduría. Según publicó La Silla Vacía, en 2014 el entonces procurador general Alejandro Ordóñez le revocó una inhabilidad por 18 años, que coincidió con el voto para elegir al jefe del ministerio público de la excongresista Karime Motta, para entonces esposa de Pulgar, aunque sin comprobarse que fuese un intercambio de favores.

La sanción a Pulgar le había sido impuesta en 2007, por una presunta defraudación de recursos públicos por 5.000 millones de pesos en su paso por el Consejo de Barranquilla, en el 2000.

Salud

Un rifirrafe por el tema de la salud en Santa Marta es aún más revelador. El 12 de abril de 2018 el alcalde Martínez se tomó la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend ante presuntos malos manejos y puso un nuevo gerente, Jairo Romo, mientras que la Personería Distrital suspendió por tres meses al titular, Ómar Suárez Prasca.

Aunque sin mayores pruebas, el nombre del senador Pulgar comenzó a mencionarse con insistencia. “Lo que siempre sucede con la E.S.E. es que se rondan nombres a los que yo les he llamado fantasmas. En el caso del senador Pulgar ya comienza a sobresalir con nombre propio porque gente lo señala, pero no me consta. Lo que sucede es que hay concejales, líderes comunales y gente que asegura eso”, dijo al alcalde en una rueda de prensa.

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“Es muy creciente el nombre del senador Pulgar entorno a la Procuraduría Regional. Yo creo en la institucionalidad y estoy seguro que hay garantías en todo este proceso”, agregó.

Precisamente, la procuradora regional de Magdalena, Ana María Muelle, aceptó una recusación de Suárez, gerente de la E.S.E., a quien los suspendió, el personero distrital Chadán Rosado. Con ello el proceso pasó a la Procuraduría Provincial de Santa Marta.

Así mismo, a finales de agosto de 2018 Pulgar hizo aprobar una proposición en la Comisión Séptima del Senado, en la que expuso su preocupación por la situación de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend y citó a un debate de control político al alcalde Rafael Martínez, entre otros funcionarios, incluso la gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes.

Garantías

En entrevista este viernes, Martínez manifestó sus temores al final de su mandato: “Los sectores políticos siguen presionando a los órganos de control para que produzcan decisiones contra Rafael Martínez. Lo que pido son garantías. Sé y tengo la plena confianza de en ese juego no van a caer el señor procurador, ni el señor contralor y mucho menos el fiscal general”.

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Añadió que “puedo afrontar mis investigaciones desde el cargo, terminar mi periodo y seguir en los procesos hasta que concluyan. Lo que no puede ser es que opositores traten de provocar separaciones de los cargos sin que se nos haya comprobado algo o nos hayan vencido en los procesos”.

Lo cierto de este caso es que es un paradigma de cómo las denuncias ante los organismos de control pueden eventualmente convertirse en un arma arrojadiza a la hora de la buscar el poder y los votos. De la institucionalidad depende no solo llegar hasta los responsables de cualquier irregularidad y sancionarlos, sino también no dejarse instrumentalizar de una política cada vez más polarizada.