¿Qué pasa con el proceso judicial contra el alcalde de Santa Marta?

Desde el pasado 21 de marzo Santa Marta se mantiene en la incertidumbre política y administrativa. Ese día fue asegurado con detención domiciliaria, por orden de un juez penal de la ciudad, el alcalde Rafael Martínez, a la espera del resultado de las pesquisas de la Fiscalía General sobre presuntos hechos de corrupción en contratación pública.

Mientras el tiempo corre en contra del mandatario, la demora en la resolución de la apelación contra la medida ha causado llamamientos al juez por parte la Procuraduría General de la Nación, a la espera que se dé una decisión definitiva.

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Es una historia con varios caminos y sobresaltos. Fuerza Ciudadana, movimiento al que pertenece Martínez y el candidato a la Gobernación del Magdalena y exalcalde Carlos Caicedo, inscribió una terna ante la Presidencia de la República para nombrar un encargado, como lo indica la ley en el entendido de que las elecciones no solamente las gana un candidato, sino también una corriente política y su plan de gobierno.

Quince días después el 4 de abril asumía el encargo de la ciudad el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Rugeles, un exfuncionario de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que tuvo laoportunidade de codearse varias veces el exministro de Comercio Sergio Díaz-Granados, quien funge como representante de Colombia ante otra entidad multilateral, el BID. Hay un nombre en común entre los dos: Eduardo Campo, un samario que se encargó de la logística para la llegada del alcalde (e) a Santa Marta y quien fue mano derecha de Díaz-Granados en el BID.

Rugeles también tiene fuertes lazos con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien fue encargada por el presidente del tema transversal de la lucha contra la corrupción en este gobierno. Ambas cercanías le han ocasionado más de un dolor de cabeza al alcalde (e), quien desde que llegó se enzarzó en una tensa relación con sus subordinados.

En su afán de gobernar con personas de confianza, el mandatario encargado cambió a la mayor parte del gabinete para nombrar a abiertos contradictores políticos de la administración de Martínez, entre ellos cercanos a los Díaz-Granados, una poderosa casta política en la ciudad, y a la misma vicepresidenta, lo que le ha costado señalamientos de favorecimiento político.

Ello mientras hay problemas acuciantes, como el servicio de agua potable, que sigue sin tener una solución de fondo. El 70% del poco líquido al que tiene acceso la ciudad se escapa por entre las viejas tuberías del acueducto —un problema que viene de décadas atrás— en tanto que buena parte de la población debe surtirse de los carrotanques.

Sin embargo, es evidente el empeño con el que la administración actual ha hecho denuncias frente a presuntas irregularidades que ha encontrado. Entre mayo y junio, Rugeles informó que ha presentado ante la Contraloría y la Procuraduría once casos de contratos que consideró que debían ser investigados.

No se resuelve

Lo cierto es que, mientras hay una medida judicial que mantiene a Martínez preso en su propia casa, a su mandato —que termina en diciembre— le va quedando cada vez menos tiempo. El presidente Iván Duque no ha tomado decisión alguna frente a los integrantes de la terna, que ya fueron viabilizados por el ministerio del Interior y entrevistados por la vicepresidenta, aunque justo para ese entonces se revivió un proceso judicial contra una de las aspirantes, Ingris Padilla.

En cuanto a la medida de aseguramiento, la Procuraduría General de la Nación elevó el pasado 14 de junio una solicitud de vigilancia judicial administrativa ante el proceso y recordó que desde el mismo 21 de marzo (día en que fue asegurado Martínez) interpusieron los recursos.

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“Procedí —señala la procuradora 360 Judicial II penal, Claudia Patricia García— en mi condición de Ministerio Público a enviar oficios fechados 30 de abrir y 15 de mayo del año que transcurre a esa instancia, solicitando se procediera a la fijación de día y hora para la práctica de esta audiencia. El 17 de mayo recibí comunicación del señor juez Primero Penal del Circuito de Santa Marta en la que me notificaba que el día 24 de julio de 2019 a las 5:00 p.m. se llevaría a cabo la audiencia de lectura de apelación”.

La procuradora señala ademas que a dos meses y medio de tener en su poder la carpeta, el juez Carlos Julio Zagara pidió la transcripción de la decisión del juez Octavo Penal, quien en su momento actuó como juez de garantías, “solicitud que resulta tardía frente a la eficacia y eficiencia judicial”.

La Procuradora García destacó además que el juez Primero solicitó ante el Tribunal Superior de Santa Marta una licencia no remunerada por el mes de julio, que le fue concedida, “situación fáctica y procesal que pone en riesgo real que la audiencia ya programada no se llegue a celebrar”.

Justamente el 24 de julio se habrán cumplido cuatro meses sin que, previsiblemente, se haya resuelto el recurso de apelación, en un proceso con un privado de la libertad que, ni más ni menos, es el alcalde de la ciudad.