El desgobierno manda en Santa Marta

Una discreta reunión que tuvo lugar este viernes en la sede de la Alcaldía de Santa Marta inquietó a los samarios. El alcalde encargado, Andrés Rugeles –quien también ostenta el cargo de secretario de Transparencia de la Presidencia–, tuvo un encuentro con la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, y con seis parlamentarios del departamento: los representantes Carlos Farelo (Cambio Radical), Hernando Guido (La U), José Pinedo (Cambio Radical), Franklin Lozano (Opción Ciudadana), Kelyn Johana González (Partido Liberal) y el senador Fabián Castillo (Cambio Radical).

Los samarios supieron del encuentro por una fotografía publicada en el portal local Seguimiento.co y lo llamaron con sorna en redes sociales “la última cena”. Parece haber sido un nuevo intento de Rugeles para ganar algo de gobernabilidad en una ciudad sumida en crisis, desatada cuando el titular del cargo, Rafael Martínez, recibió detención domiciliaria.

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En efecto, el 21 de marzo un juez penal de Santa Marta decidió imponerle la medida de aseguramiento mientras salen los resultados de las pesquisas de la Fiscalía General sobre presuntos hechos de corrupción en contratos públicos. “La foto de la reunión de este viernes refleja lo que pasa en Santa Marta: el interés de una clase política voraz que muere de inanición burocrática, que no ha controlado el presupuesto por ocho años y tiene un afán desmedido por retornar a la Alcaldía”, manifestó el suspendido alcalde Martínez.

El movimiento en el poder, Fuerza Ciudadana, presidido por el exalcalde Carlos Caicedo, hoy candidato a la Gobernación del Magdalena, se movió rápido. Presentó al día siguiente una terna a la Casa de Nariño para que el presidente escogiera de allí el encargado y no resultara alguien ajeno. Pero el mandatario decidió seleccionar a alguien diferente a este movimiento político.

Pie izquierdo

Entre sus primeras declaraciones, el alcalde encargado anunció que su encargo sería breve, mientras que el presidente Iván Duque estudiaba los nombres a su disposición, tal y como manifestó también la vicepresidenta de la república, Marta Lucía Ramírez, quien habría propuesto el nombre de Rugeles para la Secretaría de Transparencia. Sin embargo, comenzó su gestión con el pie izquierdo.

El alcalde encargado Andrés Rugeles, quien también desempeña el cargo de secretario de Transparencia de la Presidencia, tuvo un encuentro con la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, y con seis parlamentarios del departamento: los representantes Carlos Farelo (Cambio Radical), Hernando Guido (La U), José Pinedo (Cambio Radical) Franklin Lozano (Opción Ciudadana), Kelyn Johana González (Partido Liberal) y el senador Fabián Castillo (Cambio Radical).

Fuentes consultadas por SEMANA señalan que Rugeles ha tenido una actitud de profunda desconfianza con los miembros del gabinete. Eso explicaría el incidente en el que miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se tomaron durante los primeros días de su gestión el despacho del alcalde. Y lo peor, con aparentes irregularidades como no exhibir orden judicial alguna, y tener al frente del operativo a un hombre identificado como Emiro Castro, para ese entonces solo un particular, aunque días después Rugeles lo nombró secretario general.

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La permanente compañía de una persona durante los primeros días causó curiosidad en la ciudad. Se trataba de Eduardo Campo, un samario que se ocupó de la logística del alcalde encargado en Santa Marta y que se conoció con él en Washington, cuando Rugeles trabajaba en la CAF como jefe de gabinete. Campo, por su parte, se desempeñaba en el BID de la mano de Sergio Díaz-Granados, quien antes le había abierto las puertas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Se presumía que Campo sería uno de los asesores estrella de Rugeles. Pero la cercanía con Díaz-Granados, representante de una de las más tradicionales castas políticas samarias, causó un tsunami político que impidió cualquier nombramiento. Un capítulo similar vivió con el cienaguero Maikol Grandett, quien duró 24 horas como director de contratación. “Al ver los ataques decidí dar un paso al costado”, declaró el abogado, a quien asocian con otra familia de la política samaria, los Cote. Sin embargo, algunas versiones hablan de que la orden de descabezarlo llegó de Bogotá. 

Por si fuera poco, el viernes se le abrió otro frente de batalla a Rugeles por cuenta de la abogada Hilda Caballero, quien formó parte del equipo de campaña a la presidencia de Marta Lucía Ramírez. La mujer, según versiones periodísticas, hace las veces de secretaria privada de Rugeles, le organiza la agenda y hasta ha recibido hojas de vida, sin que ella tenga un cargo formal. Esta revista intentó conversar con Rugeles, pero al cierre de la edición no había respondido.

Ingobernabilidad y agua

De toda esta situación proviene la dura crisis de gobernabilidad que sufre Rugeles. SEMANA habló con fuentes cercanas al gabinete distrital, que están a la espera de saber si continuarán en su cargos. Uno de los funcionarios, que pidió el anonimato, manifestó que “es difícil hacer el trabajo rodeados de policías, lo mismo que asistir a las reuniones”. El ambiente de estigmatización los tiene frustrados. Ante la incertidumbre, la Alcaldía prácticamente está estancada.

Todo ello quedó en evidencia también en las últimas dos semanas con la crisis del suministro de agua. Miles de turistas que visitaron a Santa Marta durante la Semana Santa, y los propios samarios, presenciaron un intrincado lío que proviene de la histórica mala gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

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Parte del éxito del movimiento Fuerza Ciudadana y de Carlos Caicedo proviene de que durante su mandato presentó una acción popular con la que sacó de la ciudad al operador Metroagua –filial de Inassa, la escandalosa sucursal en América de la empresa española Canal de Isabel II–. Lo hizo por considerar que el contrato firmado con ellos para el arriendo de la infraestructura era “violatorio de la moralidad administrativa y del patrimonio público”.

Hasta hace un par de semanas prestó el servicio la multinacional Veolia. La terminación de este contrato dejó sin margen de maniobra a Rugeles, quien buscó impedir que el servicio recayera en la firma pública local Essmar, tal y como tenía presupuestado la administración de Martínez. Mientras que el alcalde encargado le pidió al operador tres meses más de prórroga para sacar adelante una licitación, la firma solo estaba dispuesta a firmar mínimo por un año.

Carlos Caicedo / Rafael MartÍnez.

Hizo acercamientos con la empresa de Ciénaga, Operadores de la Sierra, e incluso con Triple A, pero tampoco logró sacar nada en claro. Finalmente, Essmar asumió el servicio el Jueves Santo y se presentó con un verdadero desfile de carrotanques que abastecieron a hoteles, hospitales y hogares.

La solución definitiva también parece enredada. Martínez habia impulsado un costoso proyecto de acueducto regional para llevar agua desde el río Magdalena (de donde Barranquilla toma también el líquido). Pero quedó desechado cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos terminó sin dejarlo financiado. Incluso, la Procuraduría local bloqueó cualquier intento de continuar esa senda.

Sorprendentemente, el jueves Rugeles anunció la resurrección del proyecto con algunas variaciones, de la mano de la gobernadora Cotes y del viceministro de Agua, José Luis Acero. Ambos buscan aunar recursos junto con las Alcaldías de Ciénaga y Puebloviejo, pero no han explicado cómo van a proceder contra la acción del Ministerio Público ni de dónde saldrá el agua. Ese tema, según algunas fuentes, podría terminar por afectar con obras civiles la Sierra Nevada. 

Desde su residencia, Martínez insiste en que su detención “es un hecho político y no jurídico” y aspira a que el presidente Duque nombre a alguien de la terna o que resuelvan su apelación en mayo próximo. Acusa a Rugeles de no asumir su encargo como es debido porque “lo que está haciendo es cambiar secretarios, meterles la mano a los proyectos estratégicos y reunirse con los parlamentarios. Que deje de hacer política”.

Mientras tanto, en esta aparente batalla entre vertientes ideológicas opuestas salen perdiendo sobre todo los ciudadanos, que exigen a la clase política arreglar los graves problemas que atraviesan.