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Santiago Uribe, ¿quién podrá defenderlo?
El juez del caso negó las principales pruebas con las que el hermano de Álvaro Uribe planeaba defenderse ante el estrado, entre estas el testimonio del propio expresidente. Si las cosas no cambian, el ganadero tiene todas las de perder en un juicio que puede significarle 30 años de cárcel.
Luego de 23 años de cometido el crimen por el que se le acusa, está punto de arrancar formalmente el juicio contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe. El juez de la causa negó el 90 por ciento de las pruebas solicitadas por la defensa de Santiago para ser discutidas en el juicio –así como la mayoría de las pedidas por la Fiscalía– por lo que esa determinación fue apelada.
La defensa del ganadero insiste en que los testimonios y las pruebas técnicas solicitadas son determinantes para llegar a la verdad. Pero el juez piensa que esos elementos son redundantes y que carecen de pertinencia para el juicio que está a punto de arrancar, y en el que Uribe aparece acusado por la Fiscalía del crimen del conductor de bus Camilo Barrientos Durán y de la conformación del grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles, que operó en Yarumal, Antioquia, en los años 1993 y 1998.
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Hoy y mañana, en el complejo administrativo de La Alpujarra, en Medellín, se escuchará la parte final de la argumentación con la que se trata de tumbar la decisión del juez, la determinación de segunda instancia le corresponderá a la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia. De quedar en firme la decisión del juez, Santiago Uribe tendría que enfrentar el juicio sin las principales cartas con las que planeaba replicar la tesis de la Fiscalía. Desde febrero de 2016, el ganadero está detenido y recluido en una guarnición militar.
Eunicio Pineda Luján es uno de los testigos más cruciales que no será llevado al juicio según la determinación del juez. Pineda ha declarado dos veces dentro del expediente en la etapa de instrucción, señalando que trabajó en la hacienda La Carolina de propiedad de la familia Uribe y que observó allí cómo los paras hacían entrenamiento de polígono, planeaban crímenes y recibían órdenes de Santiago. Asegura además que huyó del lugar porque lo iban a matar. Sin embargo, las afirmaciones de Pineda están viciadas de incongruencias, además se trata de una persona con un amplio historial psiquiátrico y que fue desechado en otros procesos donde también intentó posar de testigo de excepción. Este es uno de los tres testigos directos con que cuenta la Fiscalía para inculpar a Santiago. El ente acusador ha dicho que es verdad que Pineda tiene afectaciones mentales pero insiste en que son secuelas justamente consecuencia de la experiencia traumática por la que pasó.
La Fiscalía no pidió la concurrencia de Pineda en el juicio, mientras que la defensa sí con la idea de probar ante el estrado que su dicho es falso. El juez negó esta prueba explicando que Pineda ya ha declarado dos veces, pero los otros dos testigos directos, Alexander de Jesús Amaya y Juan Carlos Meneses, sí fueron admitidos aunque estos ya han declarado dentro del expediente seis y cuatro veces, respectivamente. Una amplia lista de ganaderos que aseguran fueron difamados por Pineda también aparece dentro de las pruebas rechazadas por el juez.
Así mismo, dentro de las pruebas negadas está la petición de que al juicio pudiera concurrir el expresidente Uribe para sustentar que contra su hermano lo que habría es una persecución con trasfondo político. Este planteamiento apunta a que uno de los testigos directos contra Santiago Uribe, el mayor Juan Carlos Meneses, condenado por paramilitarismo, actuó a órdenes del clan narco Los Comba, cuyas cabezas fueron perseguidas y extraditadas por el gobierno de Uribe. En síntesis, la tesis que plantea la defensa en este punto es que Meneses actuó como un instrumento de jefes narcos quienes buscaban afectar a Álvaro Uribe en represalia a la mano dura de él frente a estos.
El juez, además de negar la concurrencia del expresidente, también excluyó los testimonios de los narcos Ramón Quintero, alias RQ, y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojos, quienes purgan pena en Estados Unidos. Estos enviaron cartas a Colombia en las que manifiestan tener información relevante sobre “fraudes a la justicia” en el caso de Santiago, información que coincide con el planteamiento que haría el expresidente Uribe. Pero el juez rechazó esos testimonios argumentando que estos no resultaban útiles. “La mera manifestación de una persona de querer declarar no basta para que esta ya sea útil al proceso”, explicó el togado Jaime Herrera Niño.
Dentro de las pruebas técnicas denegadas por el juez, la más significativa es la de practicarle un peritaje a una grabación aportada por Juan Carlos Meneses. El audio es una conversación grabada en secreto entre este con Pedro Manuel Benavides, capitán de la Policía que le entregó a aquel la comandancia de Yarumal, supuestamente con la instrucción de que allá mandaban Los 12 Apóstoles en cabeza de Santiago Uribe. La defensa de Santiago insiste en que se trata de una prueba ilegal, y que en caso de que aun así sea llevada a juicio, esta debe ser sometida a un análisis científico que determine si fue editada. El juez rechazó esa pretensión aduciendo que los elementos recaudados por la Fiscalía se presumen legítimos.
“No estamos pidiendo nada distinto a que Santiago se le permita defenderse debidamente en el juicio. Por eso insistimos en la admisión de las pruebas, son elementos relevantes para que la Justicia llegue a la vedad”, dice Jaime Granados, abogado de Santiago.
Pero el togado Herrera está decidido a que el juicio gire en torno a solo 12 pruebas testimoniales admitidas, además de todo el acervo documental que contiene el voluminoso expediente. Siete de esos testigos que irán a juicio son peticiones compartidas por la Fiscalía y la defensa, es decir que de 86 pruebas solicitadas por el abogado de Santiago Uribe, apenas 5 fueron admitidas. La última palabra acerca de quién podrá o no defender ante el estrado al ganadero la dirá el Tribunal.
Pero entre tanto, el juicio avanzará. De ser hallado culpable, el hermano menor del expresidente Uribe podría enfrentar una pena de cerca de 30 años de cárcel.