El ‘dossier’ de la Fiscalía contra Santiago Uribe

Hay algo sobre lo que no existe la menor duda: el grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles existió en Yarumal, Antioquia, entre 1993 y 1998. Su huella de sangre y terror ha sido amplia y minuciosamente documentada en al menos 533 asesinatos que la Fiscalía le adjudica a esa organización.

El grupo criminal inicialmente perpetró un plan de “limpieza social” en la cabecera municipal contra vagos, borrachos y ladrones, y más adelante desplegó su accionar en la zona rural cumpliendo un plan antisubversivo. Los Doce Apóstoles operaron en complicidad con la Policía. Toda la comunidad en Yarumal lo sabía y más de uno declaró haber visto con pavor el “Toyota rojo carpado que lo llamaban el carro de la muerte”, el vehículo que de cuando en cuando se paseaba por el pueblo con el cadáver de una víctima atado sobre el parachoques delantero, para que todos se enteraran del destino que les esperaba a quienes cayeran en desgracia con la organización paramilitar.

Del proceder de los Doce Apóstoles también dan cuenta centenares de diligencias de levantamiento de cadáveres, así como las reiteradas alarmas que encendieron organizaciones sociales y la Personería ante las más altas autoridades. Solicitudes de auxilio, siempre desatendidas, que incluso lanzaron voces internacionales como la Acción Urgente de Amnistía Internacional (30 de septiembre de 1993), invocada ante el presidente de la república, la Procuraduría y la Gobernación de Antioquia.

Los Doce Apóstoles fueron la trágica pesadilla de Yarumal hace 20 años. Lo que ahora la Fiscalía pretende demostrar es que quien conformó y dirigió el grupo fue el ganadero Santiago Uribe Vélez. El hermano del expresidente fue capturado en febrero pasado por el ente acusador, y esta semana el fiscal del caso, Carlos Iván Mejía, decidió llamarlo a juicio. La Fiscalía, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, acusa a Santiago de dos cargos: concierto para delinquir (por la conformación de grupo paramilitar) y el homicidio de Carlos Barrientos Durán.

Para sustentar su imputación, cuenta con un voluminoso expediente y una serie de testigos que tienen en apuros al hermano del expresidente. Mientras que Santiago pasa sus días recluido en una guarnición militar en Rionegro, Antioquia, sus abogados trabajan en desvirtuar cada una las cartas con que la Fiscalía planea demostrarle a un juez que decir los Doce Apóstoles es decir Santiago Uribe.

¿De qué se le acusa?

La tesis de la Fiscalía gira en torno a la hacienda La Carolina. La propiedad está ubicada en zona rural de Yarumal y se trata de una extensa propiedad que adquirió en 1981 Alberto Uribe Sierra, padre de Santiago y Álvaro Uribe. Tras su asesinato, la hacienda pasó a manos de Santiago. La Fiscalía asegura que en La Carolina los jefes de los Doce Apóstoles se reunían para planear operativos, definir blancos y resolver asuntos de financiación, mientras que en las inmensas explanadas de la propiedad –de 3.250 cuadras de extensión en 1983–, los gatilleros del escuadrón practicaban en el polígono.

Dentro de los numerosos testimonios que tiene la Fiscalía en el expediente, hay dos particularmente significativos. El primero es el del mayor retirado Juan Carlos Meneses, excomandante de la Policía en Yarumal, quien asegura que cuando fue nombrado le recibió la zona al capitán Pedro Manuel Benavides, quien le explicó que allá trabajaban con los Doce Apóstoles y lo presentó ante Santiago Uribe al que debía obedecer y proteger. El mayor explicó que cuando advirtió que una de las prácticas del grupo era eliminar a sus mismos integrantes decidió apartarse llevándose un seguro: Meneses grabó secretamente una conversación con Benavides en la que se refieren al grupo y mencionan a Santiago.

Meneses reveló esa explosiva grabación hace varios años desde el exterior y provocó que el proceso contra el hermano del expresidente se reactivara en la Fiscalía, luego de que había sido cerrado en 2010. A la declaración de Meneses se sumó, desde España, la de Eunicio Pineda Luján, el segundo testigo clave. Pineda asegura que era un peón en la finca El Buen Suceso que colindaba con La Carolina y que pertenecía a Álvaro Vásquez, otro de los jefes de los Doce Apóstoles. El campesino dice que se fugó cuando escuchó que la próxima víctima sería él mismo porque había visto demasiado. Agrega que, tras huir por varios meses, regresó a Yarumal y que cayó en manos de alias Pelusa y Rodrigo, quienes le sacaron los dientes con un alicate y le ordenaron que corriera para dispararle por la espalda, momento en el que milagrosamente logró eludir la muerte. Escapó y permaneció ocultó para luego marcharse a Medellín y más tarde salir del país.

Jaime Granados, defensor de Santiago Uribe, asegura que el de Pineda es un testimonio alucinante, “el relato traído de una historia en donde como superhéroe logra escapar de todos los peligros”. Además, descalifica al testigo con una abultada carpeta con su historial psiquiátrico que daría cuenta de que no está en sus cabales. Pero la Fiscalía asegura que Medicina Legal conceptuó que el testigo no tiene perturbaciones graves, apenas “síntomas de trastorno de estrés postraumático” por cuenta de lo que vivió y está denunciado. Respecto a las afirmaciones de Meneses, la defensa de Santiago afirma que la grabación es manipulada, que hay cuando menos 22 mentiras en el relato y que se trata de un testigo fletado por los enemigos del expresidente Uribe. Granados asegura que una de las falacias de Meneses es decir que en enero de 1994 tuvo una reunión con Benavides y Santiago Uribe. “Tenemos ampliamente documentado que la semana en que Meneses dice que ocurrió esa reunión en La Carolina Santiago estaba en la Feria de Manizales con cientos de personas, y allí permaneció como lo demuestran los periódicos”.

El defensor del ganadero se pregunta: ¿Por qué, si la Fiscalía está segura de que Santiago fue el cerebro de los Doce Apóstoles, apenas lo acusa por un homicidio, el de Carlos Barrientos Durán? El ente acusador dice que Barrientos, conductor de un bus escalera, fue acribillado por los Doce Apóstoles que lo tenían en su lista negra por ser presunto colaborador de la guerrilla. La contraparte opina que la muerte se derivó de un altercado de la víctima con dos hombres.

El abogado Daniel Prado ha impulsado el proceso contra Santiago Uribe como defensor de la familia de Barrientos, y de otras tantas víctimas en la zona de Yarumal. “Son casi 900 muertos en la región y si nos ponemos a investigar esos 900 casos no acabamos nunca. La Fiscalía tuvo que buscar casos emblemáticos como el del conductor de bus Barrientos, asesinado en 1994 por policías asignados a Antioquia y bajo instrucciones de Santiago Uribe”, dice el defensor de víctimas.

Prado y Granados se verán en el juicio desde orillas opuestas. La defensa de Santiago Uribe radicó un recurso de apelación frente a ese llamamiento y el tema deberá ser resuelto por la vicefiscal, María Paulina Riveros.

El fiscal del caso dice en su argumentación que la razón para que hayan pasado tantos años sin que la justicia operara frente al grupo de los Doce Apóstoles, favoreciendo con impunidad a Santiago, es el poder que tenía Álvaro Uribe para obstruir la justicia. Por su parte, los abogados del expresidente aseguran que todo se reduce a intereses políticos, y que la única razón para que ahora se intente culpar a Santiago por hechos de hace 20 años es su lazo de consanguineidad con el expresidente. Y esa es la papa caliente que ahora le cae en manos a la vicefiscal, quien tendrá que ir más allá de esos dos planteamientos.