Santos: "Colombia no seguirá compareciendo ante la Corte de La Haya"

El Gobierno toma las primeras medidas luego de que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (Países Bajos), se declaró competente para estudiar las dos demandas presentadas por Nicaragua.

Con un tono enérgico el presidente Juan Manuel Santos aseguró que tras esta decisión, Colombia "no seguirá compareciendo ante la Corte de La Haya". Por el contrario, indicó que, como lo indican las normas del Derecho Internacional, buscará una negociación directa con el país centroamericano.

En primer lugar Nicaragua reclama que Colombia incumplió el fallo de ese tribunal de noviembre del 2012 que le otorgó derechos sobre casi 72.000 kilómetros de aguas en el mar Caribe que Bogotá consideraba bajo su jurisdicción.

La otra discusión, que estaba planteada desde el 16 de septiembre del 2013, consiste en que Nicaragua acudió a la CIJ para que le fuera reconocida una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su litoral, distancia a la que todo país con costa tiene derecho.

Para el presidente Santos, las pretensiones expansionistas de Managua no van a seguir sujetas a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes.

Durante su intervención, el jefe de Estado recordó que las intenciones nicaragüenses no son nuevas y ya habían sido oídas por La Haya. "La Corte no podía volver a conocer de un tema que ya había fallado. No obstante el tribunal internacional, en un empate pocas veces visto, se declaró competente para tramitar esta demanda. En este pronunciamiento, que es de forma, la Corte de La Haya ha incurrido en contradicciones de fondo".

El mandatario advirtió que primero, la CIJ "no respetó su propia sentencia del año 2012; desconoció su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado; y pretende aplicar a Colombia un tratado del que no hacemos parte, como es la Convención del Mar".

Por estas razones el gobierno colombiano decidió no acatar el anuncio de la Corte de este jueves, y en una retadora posición señaló que van a precindir de su intervención en este caso.

"Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho, y eso es lo que no ha ocurrido hoy. Los colombianos pueden estar tranquilos de que Colombia preservará hasta el último centímetro de nuestro territorio", puntualizó el mandatario.

Las implicaciones

La decisión del presidente Santos de no acatar este último pronunciamiento de la Corte de La Haya no fue bien recibida por expertos en Derecho Internacional, quienes además de criticar el manejo que se le ha dado al caso consideran que dicha determinación tendrá consecuencias en el futuro.

"En lo jurídico el proceso sigue su curso. Si Colombia no se defiende, nadie la va a defender", manifestó la internacionalista Laura Gil, para quien, en el ámbito político, el país "queda al margen de la ilegalidad internacional". 

"¿En qué beneficia al país la decisión de no comparecer ante la CIJ? Qué incentivo genera a Nicaragua para negociar? Decisiones desesperadas", trinó el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario Andrés Molano Rojas.

A juicio del académico, "una decisión que compromete la suerte de procesos tan delicados no se debería tomar en la efervescencia del momento, sin ponderar consecuencias".

Además, para Gil, Colombia está sufriendo las consecuencias de las "omisiones" del gobierno colombiano durante mucho tiempo, porque la salida negociada a este diferendo fue la primera que se debió agotar.

De hecho, en el caso por incumplimiento la Corte hizo notar que Colombia no tuvo voluntad de negociar, puesto que desde el fallo del 2012 no se ha llevado a cabo el primer encuentro con Nicaragua en busca de un acuerdo bilateral.

"¿Qué interés tendría Nicaragua para negociar tras la decisión de Colombia? ¿Qué incentivo le vamos a ofrecer?", cuestiona Molano Rojas.

Para el excanciller y hoy director editorial de SEMANA, Rodrigo Pardo, la decisión de Santos tiene "una explicación en la radicalidad y en la falta de coherencia que han tenido las decisiones de la Corte". 

En segundo lugar, tiene explicación en el clima político "que generan unas decisiones tan extremas como las que ha tomado la Corte, pero también tiene un precio en materia internacional para Colombia porque rompe una tradición de acatamiento a las instituciones internacionales, de respeto al DIH y de utilización de esos mecanismos para defender los intereses del país”, puntualizó.