Santos declara 17,6 millones de hectáreas del país como "reserva estratégica minera"

Horas después de que el presidente Santos anunció en la cumbre de Río+20 (vea el especial multimedia de Semana.com 'La cumbre que definirá el futuro') su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, el ministro de Minas y Energía anunció en una rueda de prensa que 17,6 millones de hectáreas en los departamentos del Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada ofrecían grandes posibilidades para la extracción de minerales estratégicos y apetecidos como el uranio, el coltán, el oro, el hierro y el platino.

Aunque el ministro Cárdenas aclaró que en estos departamentos quedarán excluidas las zonas ambientalmente protegidas y algunas zonas de comunidades indígenas, en el resto del territorio de estos departamentos el Gobierno creará alrededor de 200 bloques para exploración y explotación minera. Para ello buscará a compañías mineras, nacionales y multinacionales, que se convertirán en socios estratégicos que extraigan estos recursos e impulsen a fondo la locomotora minera.

Esta nueva zona de reserva se suma a las 2,9 millones de hectáreas que habían sido declaradas como reserva minera por el Gobierno el pasado 24 de febrero que comprende algunas zonas de departamentos de la costa y el centro del país. Al convertirlas en zonas de reserva minera, el Gobierno decide a quién le entregan las concesiones luego de realizar rondas de negociación, siguiendo el modelo que utiliza la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y no a través de solicitudes de títulos, que era la forma como la autoridad minera adjudica los títulos en otras áreas y era la forma como la venía haciendo Ingeominas, antes de que crearan la nueva Agencia Nacional de Minería.

"Podemos decir que la feria de los títulos mineros ha terminado", dijo Cárdenas en alusión al escándalo que se destapó el año pasado cuando el propio Gobierno reveló cómo más de 9.000 títulos fueron adjudicados por parte de Ingeominas y las delegadas departamentales, sin cumplir necesariamente con la capacidad o experticia para desarrollar la minería. El resultado de este desmadre en la titulación dejó como consecuencia que algunas concesiones fueran entregadas en zonas ambientalmente protegidas como parques y páramos, pero también un jugoso negocio de venta y reventa de títulos, y de información estratégica sobre dónde había importantes yacimientos minerales en el país.

De hecho, al interior de esta nueva reserva minera hay 48 títulos legales vigentes, que seguirán adjudicados porque no se pueden reversar, y el Gobierno tendrá que tramitar igualmente 960 solicitudes de títulos que están en trámite desde febrero de 2010, cuando el ministerio e Ingeominas decidieron congelar la recepción de nuevas solicitudes hasta no evacuar la gran congestión y arreglar el desorden administrativo que había por la fiebre de títulos mineros. Además de los títulos legales otorgados, en esta región del país hay extracción de minerales por parte de mineros informales que no cuentan con licencias y también hay presencia de actores armados ilegales que también están en el negocio.

El mismo presidente Santos así lo afirmó en la cumbre de Río: "En esas zonas operan grupos ilegales; la minería ilegal se ha convertido, no solamente en Colombia, sino en muchos países del planeta, en uno de los dolores de cabeza para el medio ambiente, y en el caso colombiano no solamente es un dolor de cabeza para el medio ambiente, sino una fuente de financiación para los grupos ilegales", expresó.

Con la declaratoria de la reserva el Gobierno promete garantizar que la explotación minera en esta zona se hará respetando todas las normas legales y ambientales, y que se podrá organizar y supervisar mucho mejor la extracción de estos recursos. Pero la minería es una actividad, que así se realice en condiciones idóneas, genera un gran impacto ambiental. No solo la minería ilegal contamina y tiene impactos negativos sobre el medio ambiente. Grandes empresas y multinacionales legales también han sido grandes protagonistas de la destrucción y contaminación medioambiental.

Algunos ambientalistas y expertos como el exministro de medio ambiente, Manuel Rodríguez han solicitado al Gobierno considerar la moratoria para desarrollar la minería, ya que algunos de estos departamentos no sólo son estratégicos ambientalmente sino también porque hay presencia de grupos armados ilegales. Estudios de seguridad demuestran cómo en otros países, cuando se han descubierto importantes yacimientos mineros y petroleros, el conflicto armado se puede exacerbar.
 
El experto del Banco Mundial, Robert Goodland, quien estuvo de visita en Colombia a principios de año, recomienda la moratoria de la minería en zonas claves por su biodiversidad, fuentes de agua, patrimonio étnico y arqueológico, y también en lugares donde hay conflictos armados y el estado no puede garantizar la seguridad.

Sobre las condiciones de seguridad en esta región, el viceministro de Minas, Henry Medina, dijo que la minería se hará en la medida en que existan las condiciones apropiadas y añadió que le corresponde a la fuerza pública garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

Con este anuncio que el presidente Santos hace ante la comunidad internacional, Colombia queda entre los ojos del mundo. Lograr el desarrollo de la minería en zonas ambientalmente sensibles y con un mínimo impacto es de por sí es un enorme reto, hacerlo además en una región con presencia de grupos armados, en medio de un conflicto armado, es aún más difícil.