“No permitiré que los soldados acaben en la cárcel y los guerrilleros libres”

Cinco días después del histórico acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, en el punto relacionado a las víctimas del conflicto, el presidente Juan Manuel Santos presentó el documento, diseñado por el gobierno, para garantizar justicia transicional a los agentes del Estado que hayan cometido graves delitos contra los derechos humanos, con ocasión del conflicto.

Refiriéndose al actual proceso de paz, el mandatario aseguró que no iba a repetir el error de ocasiones anteriores, que los guerrilleros terminaban amnistiados, mientras que los militares o policías terminaban condenados. El caso emblemático, sin duda, fue la condena que en primera instancia se impuso al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia, por lo que alcanzó a pagar 8 años de prisión, mientras que los desmovilizados del M-19 recibieron perdón y olvido.

“En esta ocasión no iba a permitir la injusticia de años anteriores, donde los soldados y policías acaban en la cárcel y los guerrilleros libres”, dijo Santos. El presidente reveló que ese fue el compromiso que adquirió hace cinco con el general Alejandro Navas, entonces comandante de las Fuerzas Militares, y con el general Óscar Naranjo, director de la Policía. A ellos fue a los primeros a quienes notificó de sus intenciones e poner fin al conflicto por la vía negociada.

El documento que Santos presentó durante la ceremonia de ascensos, celebrada en Bogotá, parte de la base de que todas las acciones de la fuerza pública son legales, legítimas. “Nuestros soldados y policías combaten con la Constitución en una mano y el fusil en la otra, defienden a los colombianos dentro de la ley”. Esa definición marca el carácter diferenciado frente a las FARC, explicó el mandatario, pues es claro que la guerrilla actúa por fuera de la Constitución y la ley.

Por eso el Presidente aclaró que las acciones de los agentes del Estado se presumen legales, y que todas las decisiones que adopte la Jurisdicción Especial de Paz, harán tránsito a cosa juzgada. “Lo que se decida en esa jurisdicción no podrá ser cuestionado o reabierto por ninguna otra instancia.
El propósito es cerrar definitivamente el conflicto”.

El jefe de Estado también explicó que los militares y policías que se beneficien de justicia transicional no estarán en inferioridad de condiciones, pues aclaró que los magistrados de ese tribunal de paz “no serán escogidos, ni uno solo, por las FARC”.

Al explicar ese detalle, el mandatario le envió un mensaje a la oposición: “A quién se le puede ocurrir que nuestros soldados serán juzgados por las FARC. A los que quieren desinformar. Serán magistrados escogidos con toda la objetividad por instituciones con toda legitimidad”.

El presidente Santos también explicó que el tribunal de paz absorberá la competencia sobre cualquier otra jurisdicción, además, la privación efectiva se hará en establecimientos previstos por el régimen carcelario especial para los uniformados.

Pero quizás el punto neurálgico del documento, que fue recibido con una larga ovación, fue el de la cadena de mando. Santos dijo que ningún comandante de batallón, brigada, o división, sería responsable por los hechos de sus subalternos. “Solo serán sancionados los directos responsables”.

Otro de los puntos trascendentales del documento es que los policías y militares que hoy están cumpliendo una condena por delitos cometidos con ocasión del conflicto armado, podrán someter ante ese tribunal de paz la revisión de sus procesos. “Y en muchos casos saldrán libres por cumplimiento de la pena…”, explicó el mandatario.

Por eso Santos calificó este documento como un paso histórico, que cumplo con el compromiso de darle beneficios a la fuerza pública en igualdad de condiciones que los de la contraparte (las FARC). “Aquí estamos cumpliendo con la palabra empeñada”.

El texto del mecanismo de justicia transicional para los militares no fue discutido con la guerrilla, aclaró Santos, y su redacción estuvo a cargo de los generales (r) Jorge Mora Rangel y Óscar Naranjo, dos de los plenipotenciarios del gobierno en la Mesa de La Habana.