Los odios a Santos

El eje de las recientes acusaciones han sido los supuestos nexos entre Odebrecht y las campañas presidenciales de 2010 y 2014. La premisa detrás de esas denuncias es que, a cambio de unos aportes financieros a la campaña reeleccionista, el Gobierno le habría dado contratos de obras públicas a la multinacional brasileña. Cabe agregar que en ese momento esa firma era una de las más respetadas del continente, pues los escándalos sobre la misma surgieron después.

Por esto, vale pena desmenuzar en forma precisa la relación entre Odebrecht y el Gobierno Santos, atendiendo a la información que ha sido publicada en los diferentes medios y que bien conoce la opinión pública. Lo primero que hay que decir es que, si los brasileños le hicieron aportes al entonces candidato esperando contratos como retribución, les fue muy pero muy mal. De 21 procesos en la ANI, Odebrecht no ganó ninguno. Tampoco se le aceptaron sus iniciativas privadas y no obtuvo ninguna adjudicación en Aereocivil. En Invías, de 221 procesos licitatorios, solo ganó uno. Tal vez más importante, para efectos de la actual controversia, es que la reclamación por la cual habían demandado al Estado por un valor de 700.000 millones de pesos no se les aceptó, y no recuperaron un solo peso. De lo anterior, se puede concluir que no hubo ningún favorecimiento; con esto se cae cualquier insinuación de que Odebrecht logró corromper al alto Gobierno, como sucedió en otros países.

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A diferencia de otros mandatarios de la región, el presidente Santos no ha sido acusado de recibir un solo soborno. Y, además, la verdad sea dicha, tampoco Uribe. El amarillismo de opinión ha buscado asimilar lo sucedido en Colombia con otros países donde hay presidentes presos o prófugos, cuando los hechos claramente demuestran que se trata de situaciones totalmente diferentes. Una cosa son los sobornos; otra muy distinta las contribuciones a campañas políticas no registradas o por encima de los topes, algo que, si bien puede ser reprochable, no se constituía como delito. Vale la pena agregar que fue el Gobierno de Juan Manuel Santos el que convirtió esa práctica en un delito. 

A diferencia de lo que pasa con los otros presidentes de la región, Santos nunca ha sido acusado de recibir un solo peso y, valga la verdad, Uribe tampoco.

En relación con el tramo Ocaña-Gamarra, es conveniente poner los hechos en su dimensión real. Es difícil entender que haya habido algún favorecimiento si se tiene en cuenta que al concesionario se le impusieron unas condiciones que redujeron su rentabilidad del 11,3 por ciento al 7,75 por ciento. Tampoco se extendió el tiempo de contrato como Odebrecht aspiraba. Según mis fuentes, el propio Contralor Edgardo Maya habría confirmado que hubo un ahorro muy importante para la nación en este proyecto estratégico. Aquí la discusión se centró en si ha debido ser o no por licitación, y el alto Gobierno en lo único que participó fue en aprobar en el Conpes las vigencias futuras, no en la modalidad del contrato.

Quedan entonces las supuestas contribuciones de Odebrecht a las campañas. La opinión pública conoció una serie de grabaciones entre el presidente Santos y Roberto Prieto, de las que se puede concluir que Santos nunca supo de los 400.000 dólares para afiches, en la campaña de 2010. Como tampoco supo del millón de dólares que Odebrecht le giró a la agencia de publicidad BBDO para, supuestamente, realizar unos estudios que favorecieran la campaña de 2014. Igualmente, cabe señalar que tal y como consta en los expedientes judiciales, uno de los empleados de Odebrecht investigados testificó que debido a la dificultad de abordar al alto Gobierno, se giró esa plata para ver si podía obtener un trato favorable en la reclamación de los 700.000 millones. Como se dijo anteriormente, de esa reclamación la multinacional no ha recibido un solo peso. 

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Por último, está la plata que un señor de apellido Sanmiguel dice haberle entregado a Esteban Moreno, gerente de la campaña liberal al Congreso, para, supuestamente, apoyar la campaña Santos, y sobre la que tanto han insistido los expresidentes Uribe y Pastrana. Ese giro puede, igualmente, haber sido con destino al Partido Liberal, circunstancia en la cual no aplicarían los topes. No se puede concluir, de acuerdo con la información que ha sido publicada, que el origen de ese aporte sea ilegal, dado que, tal y como se lee de las transcripciones de la declaración de Sanmiguel, dicho aporte habría sido objeto de una controversia entre dos empresas privadas: Consol (filial colombiana de la multinacional brasileña) y Odebrecht. 

Es responsabilidad de la Fiscalía averiguar si hubo algo ilícito en el manejo de esos recursos por parte de los señores Sanmiguel, Portilla y Moreno, y cuál fue su verdadero destino. ¿Fue para el Partido Liberal con el fin de apoyar la reelección, o se trató de un contrato de mantenimiento de la malla vial? Lo primero sería legal, en estricto sentido, y de acuerdo con las normas aplicables en ese momento; lo segundo, un asunto entre privados. El intermediario Sanmiguel dijo primero que el dinero era para el Partido Liberal; luego que era para apoyar la campaña de Santos, pero que no tenía conocimiento de a quién se iba a girar y que nada le constaba, pues todo era de oídas. 

Y ahora se destapa con bombos y platillos un supuesto megaescándalo de Cemex, “peor que Odebrecht” según una reciente columna. Eso fue rápidamente desvirtuado. De acuerdo con el vicepresidente Vargas, sus aportes a los partidos fueron debidamente registrados y no hay una sola prueba de favorecimiento indebido por parte del Gobierno nacional ni el pago de un solo peso a funcionario alguno. No sobra recordar que durante el Gobierno Santos, Cemex fue multada con la máxima cuantía (75.000 millones de pesos) por la Superintendencia debido a la cartelización del cemento.

El Consejo Electoral recibió copias de la Fiscalía (es un traslado automático por tratarse de un asunto electoral) sobre las declaraciones de Sanmiguel. Frente a la campaña no podría hacer nada distinto a desecharla o archivarla, porque el contenido de la carta de los expresidentes fue debidamente investigado. Dicha corporación ya había investigado los mismos hechos, y en pronunciamiento oportuno determinó que había operado la caducidad frente a los hechos denunciados. 

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El representante presidente de la Comisión de Acusación, Ricardo Ferro, del Centro Democrático, ha pretendido reabrir el proceso con intenciones políticas, a raíz de las declaraciones del Noño Elías. Ferro, quien hoy obra como investigador en el proceso, le anunció en tiempo récord al mundo que le abriría investigación a Santos, todo sin conocimiento de la comisión que preside y utilizando como única prueba una columna de Vicky Dávila, cuya animadversión contra Santos es ostensible. Ahora pretende el representante, faltándole un día para dejar la presidencia de la comisión, citar a Uribe y a Pastrana para oír su versión sobre las declaraciones de Sanmiguel, sin que ellos tengan nada que ver.

Hace bien Santos en no descender al lodazal a donde lo quieren meter. Debe seguir cumpliendo con su promesa de no inmiscuirse en las peleas políticas locales. Tiene que seguir acumulando prestigio en el exterior y añoranzas en el interior. Porque así como se dice de la justicia, la verdad también cojea… pero llega.