Renuncia del fiscal: ¿qué tan posible es la Constituyente que proponen algunos uribistas?

La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz de negar la extradición de Jesús Santrich produjo un efecto dominó sin precedentes. A través de una rueda de prensa, este miércoles los magistrados de la Sección de Revisión del Tribunal anunciaron que no había suficiente evidencia para evaluar si los hechos por los que se señala al exguerrillero ocurrieron antes o después de la firma del acuerdo de paz. Por ende, con tres votos a favor y dos en contra, decidieron no acatar la solicitud que hace un año hizo el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. 

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En su veredicto, la JEP no solo solicitó aplicar la garantía de no extradición sino que también ordenó a la Fiscalía disponer su libertad inmediata. Es decir, al mismo fiscal Néstor Humberto Mártinez le habría correspondido firmar la boleta de salida del exguerrillero. Su respuesta a la noticia, esa misma que con rapidez reproducían los medios, fue anunciar su irrevocable renuncia. "Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden", aseguró. 

El tsunami político que provocó la decisión de la JEP frente al caso Santrich caldeó los ánimos. Mientras el partido político que nació fruto del acuerdo de paz celebraban, el uribismo condenó al tribunal especial como "cómplice" de la Farc y en medio del escenario de crisis institucional se asomó una propuesta que siempre vuelve: la Constituyente.

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El primero que habló de ella a través de su cuenta de Twitter fue José Obdulio Gaviria. Desde esta red social el senador aseguró: "Lo acompañamos, señor fiscal. Alguien tenía que pararle el macho a la coalición Santos-FARC, de la cual es excrecencia la JEP. Usted es un patriota. Ahora tiene la palabra Ivan Duque. ¿La Constituyente?", fue la propuesta que el senador le lanzó al presidente que tuvo que regresarse intempestivamente de Medellín. 

La propuesta en el transcurso de la tarde hizo mella. El mismo presidente del Senado, Ernesto Macías, le dijo a la W radio que este sería el mecanismo más útil para reformar la justicia y la política en Colombia. En esa misma linea se pronunciaron los senadores Santiago Valencia y Alejandro Corrales. 

La propuesta no cayó muy bien al otro lado del espectro que con rapidez descartó un eventual escenario que recogiera esa propuesta. "En vivo y en directo, están haciendo trizas la institucionalidad del país. El Presidente tiene la responsabilidad de convocar a los poderes para darle rumbo a este barco. Hoy no tiene. Ojalá no escuche la idea de convocar a una Asamblea Constituyente que sería el acabose", aseguró el excandidato presidencial Sergio Fajardo. 

En esa misma orilla se paró la senadora de la Alianza Verde Claudia López y el exministro del Interior Rodrigo Rivera: "Deduzco que aquellos que están empezando a promover la idea de una Constituyente están felices con la decisión que hoy dio a conocer la JEP. Frente a la inviabilidad de sus aspiraciones en el Congreso y en la Corte Constitucional estaban buscando una excusa para la constituyente".

¿Es posible la Constituyente?

El problema de la fórmula de una Asamblea Nacional Constituyente son sus riesgos y su complejidad. En términos generales, cuatro son los obstáculos que enfrenta.

1) Se sabe dónde comienza, pero no dónde termina: quienes temen a este mecanismo señalan que es fácil que comience convocada para revisar un tema, como en este caso una supuesta crisis institucional, y termine por revisarlos todos, por ejemplo, la reelección presidencial, que hoy ha quedado prohibida. Hay un miedo generalizado a que se aproveche el interés para que los voceros del no tramiten las propuestas que no calaron en medio de la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc. En ese sentido, la estructura de la JEP, las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a esta misma Jurisdicción. Temas tan álgidos como el número de magistrados que debe tener la justicia de paz, la ruta que seguirán los procesos de los agentes de Estado o incluso los temas de libertades fundamentales. La Constitución política señala que existe la posibilidad de tener un temario limitado, pero la verdad es que una vez se conforme la constituyente esta se puede declarar omnímoda. Es decir, ratificar que tienen competencia para comenzar con borrón y cuenta nueva.

2) Los antecedentes: Nada asegura que una constituyente no pueda desbordarse. En 1953 cuando el presidente Laureano Gómez convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) se señalaron unos temarios. Sin embargo, luego vino el golpe de Estado de Rojas Pinilla y la Constituyente no solo desbordó su campo de acción, sino que legitimó el golpe de Estado y se convocó una asamblea legislativa. En 1991, después del histórico movimiento de la Séptima Papeleta también pasó algo similar. Al principio se consideró que el temario debía ser limitado, pero una vez constituidos, los constituyentes terminaron siendo omnipotentes. Por eso, juristas como Alfonso Gómez Méndez rechazan esta fórmula y sostienen que la solución podría ser más bien algo similar a la pequeña constituyente de Alfonso López Michelsen. El exmandatario la planteó en su momento para arreglar los líos de la justicia, pero las Altas Cortes la declararon inconstitucional.

3) ¿Quiénes la presiden? La Carta Política sostiene que los ciudadanos elegirán en forma directa los delegatarios a esa Asamblea. Es decir, que no pueden existir ni siquiera circunscripciones especiales y que para cualquier escenario alterno se tendría que reformar la Constitución. Esas cuotas para la guerrilla existieron en los primeros años de la nueva constitución de 1991, pero las propias Farc desistieron de ellos. El presidente Cesar Gaviria, por ejempló, gobernó con esa facultad pero no la usó porque finalmente la entonces guerrilla no entró a la negociación en ese momento

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4) Un camino largo y espinoso: El último problema del mecanismo es práctico. Como está planteado hoy, el camino para llegar a una Constituyente es largo y está lleno de obstáculos. Se requiere que el Congreso de la República apruebe una ley para preguntarle al pueblo en votación popular si convoca o no a una Asamblea Constituyente para reformar parcial o totalmente la Constitución. La ley deberá definir el número de delegatarios, el sistema para elegirlos, la competencia de la Asamblea, la fecha de su iniciación y su periodo. Una vez aprobada, esta pasará a tener control previo por parte de la Corte Constitucional. El paso que sigue es diseñar una tarjeta electoral para la consulta. En esas elecciones el Sí a la Constituyente deberá superar cuando menos la tercera parte del censo electoral, es decir más de 11, 6 millones de votos. Teniendo en cuenta que en el plebiscito de 2016 participaron un poco más de 12 millones tanto del Sí como del No, la cifra es bastante difícil de lograr. Solo así se podría llamar a elecciones, que en esta coyuntura acarrearían una enorme polarización. Esta se realizaría entre dos y seis meses después a partir de la expedición de la ley.