Santurbán: ¿una jugadita ambiental?

Un falso positivo ambiental, una jugadita, una estratagema. Políticos, ambientalistas y opositores al proyecto de minería subterránea Soto Norte usaron calificativos de ese calibre para referirse a la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de archivar esta iniciativa minera que impulsa desde 2015 la Sociedad Minera de Santander (Minesa) en inmediaciones del páramo de Santurbán.

No les cayó en gracia la medida porque no fue definitiva. Para muchos se trató de una estrategia del Gobierno nacional para alinear la gestión con el llamado a crear una estrategia planetaria de defensa de los páramos que hizo el presidente Iván Duque en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, para la Anla la decisión está ajustada al marco normativo colombiano.

A su director, Rodrigo Suárez, no le parece justo que digan que hay algo raro detrás de la decisión. Argumenta la transparencia en el reconocimiento de 44.000 terceros intervinientes del proceso, lo que, para él, demuestra que la entidad garantizó la participación de todos los actores. También dijo que pidieron el acompañamiento de los entes de control (Procuraduría, Contraloría y la Secretaría de Transparencia). Suárez tendrá a su cargo resolver el recurso de reposición que Minesa presentará.

¿Por qué no negaron la licencia ambiental, como querían los defensores de Santurbán, o la aprobaron, como quería Minesa? Es decir, ¿por qué no hubo decisión de fondo? Ese fue el reclamo mayoritario en el Senado en el debate de control al proyecto esta semana. Allí quedó demostrado el consenso político, que incluye al Centro Democrático, contra el proyecto de megaminería en cercanías del páramo.

El debate elevó la temperatura con la aprobación de una propuesta que busca que el Gobierno nacional prohíba la megaminería en Santurbán y en los demás páramos, así como en el territorio circundante, lo que le apunta directamente al proyecto de Minesa.

La Anla no decidió de fondo por la incertidumbre sobre los impactos ambientales que pueda traer el proyecto. En especial por aspectos como la definición del área de influencia, el depósito de relaves –donde quedarían alojados los residuos de la actividad minera–, así como consideraciones sobre geotecnia, hidrología, emisiones atmosféricas e hidrogeología.

Como explicó Suárez, “la información que recibimos en el Estudio de Impacto Ambiental, más la información solicitada como complemento, nos generó incertidumbre e inseguridad para tomar una decisión de fondo y por eso aplicamos el marco normativo vigente”.

Expertos consultados coinciden en que en el caso de Santurbán debería primar el principio de precaución para negar la licencia. El hidrólogo Diego Arévalo, que asesora técnicamente al Comité por Santurbán, explica que hay argumentos de fondo, técnicos, no subsanables, cuando la Anla dice en el auto que no hay información suficiente. “Hay una incertidumbre gigante frente a los modelos que presentaron en el Estudio de Impacto Ambiental y a cualquiera que presenten”, dice.

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez dice que el Gobierno colombiano no tiene un estudio hidrogeológico para comparar la información que presentó la multinacional. Y que tampoco cuenta con una norma sobre los impactos a perpetuidad de la megaminería.

Los argumentos ambientales también se refieren a los posibles efectos irreparables en el ecosistema porque perdería su equilibrio natural. Alexis Jaramillo, geólogo MSc doctor y profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, advierte que tras el daño ambiental que generaría el proyecto “no habrá recuperación. La rehabilitación será nula. Es imposible volver al ecosistema que tenemos actualmente”.

Incluso la Anla también lo planteó al advertir sobre la posibilidad de una alteración de la calidad de aire durante el escenario más crítico que corresponde a la etapa constructiva del proyecto, al presentarse la mayor tasa de emisiones atmosféricas de material particulado. “Los contaminantes tienen una alta probabilidad de ser dispersados sobre el municipio de Suratá”, dice. Para Gustavo Guerrero, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (Ceplac), los procedimientos administrativos en Colombia, por principio general, deberían resolverse de fondo.

Según el Código de Procedimiento Administrativo, en la medida de lo posible las autoridades deben tratar de superar las barreras o limitaciones que les impidan tomar decisiones de fondo. El director de Ceplac explicó que la autoridad ambiental puede archivar un proyecto cuando resulta insuficiente la información aportada por el peticionario de la licencia. Supone, entonces, que la información que le entregó Minesa a la Anla no reunía la calidad, las condiciones ni los contenidos que la autoridad le fijó. En todo caso, como no hubo una decisión de fondo (negar u otorgar la licencia), el peticionario puede volver a solicitar la licencia.

Tanto Minesa como el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán le apostarán a estrategias jurídicas en esta semana que viene. La primera dijo que desarrolló una solicitud de licencia completa, “con base en cinco años de extensos estudios técnicos representados por más de 8.000 páginas de información”. Añadió que en los últimos ocho meses respondió 107 solicitudes de información adicional de la Anla, que estudiará el texto en detalle y presentará los recursos correspondientes.

Para pedir la reposición tienen diez días hábiles después de notificados, así que se prevé que la multinacional pedirá la viabilidad de la licencia ambiental, mientras que los terceros intervinientes solicitarán negarla de fondo.

La Anla puede confirmar su decisión y archivar el proyecto, pero independientemente sigue su curso en el Tribunal Administrativo de Santander la acción popular que interpuso el Comité por la Defensa del Páramo, que busca suspender el proceso de licenciamiento ambiental en definitiva. “La demanda propone de fondo declarar la zona excluida de la megaminería”, explicó Hernán Morantes, integrante del comité.

Para la senadora Angélica Lozano (Verde), detrás de este proyecto existe un tinglado de intereses económicos muy fuerte, con lobistas de todos los niveles. “La Anla y el señor ministro de Ambiente tienen una responsabilidad histórica y tenemos los ojos puestos sobre ellos. Tienen el sustento suficiente para negar de fondo esta licencia y promover el cuidado efectivo de los páramos”, sostuvo.