Se acabaría la ley de garantías en las próximas elecciones

A través de un comunicado la Registraduría Nacional anunció que la Ley de Garantías en época electoral se eliminaría a partir de las próximas elecciones. Esta iniciativa se conoció en medio del foro de gobernadores que se lleva a cabo en el departamento de Caldas, cuando el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, anunció los avances en las discusiones del proyecto de reforma al Código Electoral.

Vega Rocha aseguró que “cumpliendo con el plan de reactivación económica, el presidente de la República tomó la iniciativa y, a través de una ponencia avalada entre las comisiones primeras de Cámara de Representantes y Senado de la República, se está determinando la eliminación de la Ley de Garantías”.

Así mismo, en la cumbre de mandatarios departamentales, el registrador nacional afirmó que el debate del proyecto de reforma al Código Electoral va por buen camino. Al respecto, aseguró: “Si las cosas se dan en el tiempo, y el código se aprueba antes del 30 de noviembre y pasa el examen de la Corte Constitucional, no habrá ley de garantías el otro año”.

Cabe recordar que el proyecto de reforma al Código Electoral, presentado conjuntamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado propone, entre otros aspectos, la implementación de cuatro modalidades de voto; la ampliación de la jornada electoral; la formalización del transporte público gratuito el día de la elección; la cédula de ciudadanía digital; la creación del concepto de “domicilio electoral”.

Entre otras pretensiones que tiene el proyecto está la eliminación del periodo de inscripción de cédulas; la exclusión del criterio partidista para la designación de los jurados de votación; el aumento de cuota de género al 40% en listas de candidatos; la instalación de nuevos puestos de votación, y la utilización de tecnologías amigables con el ambiente. Esos son algunos de los puntos que se mencionaron en el comunicado tras el encuentro con los gobernantes.

La Ley de Garantías Electorales se aprobó en 2005 en el contexto de la reelección del expresidente Álvaro Uribe, con el propósito de blindar las elecciones y garantizarle juego limpio a la oposición. Para compensar las inmensas ventajas que de entrada tenía el mandatario en ejercicio como candidato, se fijaron topes en los gastos de campaña, en el acceso a medios y se acordó, además, que cuatro meses antes de las elecciones quedaba prohibida la contratación directa y los convenios interadministrativos por parte de todos los entes del Estado.

En el 2015 en el gobierno de Juan Manual Santos se intentó acabar con la Ley de garantías, pero para ese entonces se generó bastante polémica por un lado estaban los gobernantes que prometían más gestión, pero por el otro estaban los opositores molestos que vaticinaban más politiquería.

En ese momento la propuesta también estaba argumentada en temas económicos más allá de los políticos. Ya que, para ese entonces con la caída en el precio del petróleo, la economía entró en desaceleración y las expectativas de ese año estaban puestas en el gasto público.

Se calculaba que, si la Ley de Garantías entraba en vigor, las administraciones tendrían apenas dos meses para ejecutar sus recursos. Una maratón en donde los dirigentes aprobarían contratos de afán.