¡Se acabó el recreo!

Es toda una paradoja. El país se encuentra sumido en los peores escándalos de corrupción de su historia -el 70 por ciento de los colombianos cree que ese es el principal problema, según el más reciente Gallup Poll- y al mismo tiempo los organismos encargados de perseguir este delito -la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría- tienen cúpulas comandadas por guardianes de mano dura como no se había visto nunca antes.

Colombia había tenido fiscales des­tacados como Gustavo de Greiff o Alfon­so Gómez Méndez, Carlos Mauro Hoyos y Horacio Serpa, y contralores como Carlos Lleras Restrepo y Alfonso Palacio Rudas. Pero no había tenido nunca, por lo menos al mismo tiempo, tres mosque­teros como los que están hoy al frente de los máximos organismos de investigación y de control.

De los tres se pueden decir muchas cosas. Y cada uno tiene sus amigos y sus detractores. Pero en lo que todos están de acuerdo es en que a la fiscal Viviane Mo­rales, al procurador Alejandro Ordóñez y a la contralora Sandra Morelli no les ha temblado la mano a la hora de investigar y sancionar: son los más 'cuchillas' que han llegado a esos cargos.

El procurador Ordóñez ha destitui­do a más de cincuenta alcaldes, suspendi­do al alcalde mayor de Bogotá y destitui­do a otros seis gobernadores. La contralora se dio la pela al destapar graves irregularidades que estaban sucediendo en su propia entidad. Y la fiscal Morales, en menos de cinco meses, imputó cargos en el espinoso caso de las 'chuzadas' ilegales del DAS.

Las decisiones explosivas de cual­quiera de estos tres búnkeres son la noti­cia de todos los días. La semana que aca­ba de pasar, por ejemplo, la fiscal Morales anunció que va a imputar cargos al exmi­nistro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro, y la contralora Morelli la secundó al anun­ciar el embargo de bienes del exministro. Mientras tanto, el procurador Ordóñez comenzó la recta final del juicio al sena­dor Iván Moreno.

A ese talante particular del que ha­cen gala se les suma otro ingrediente: la opinión pública, cansada de años de im­punidad, quiere castigos. En un país en el que se volvió axioma la frase de que la justicia cojea o no llega, estos tres perso­najes han demostrado que a veces no solo camina, sino corre.

El procura­dor, en un abrir y cerrar de ojos, suspendió de su cargo al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, la Fiscal no llevaba cuatro meses en el cargo y -con una importante ayuda del nuevo grupo élite- logró desmontar la mafia de la salud y la contralora ha puesto a funcionar un esquema sin ante­cedentes de auditoría exprés para el con­trol de los dineros de la tragedia invernal.

Un alto funcionario de la Casa de Nariño lo dice sin tapujos: "Nunca había­mos tenido algo igual en el país. Es como si se hubieran alineado los planetas y hu­bieran coincidido en este mismo momento tres personas capaces, sin agenda oculta y dispuestos a morir por su causa. Es gente incorruptible".

¿Qué tienen de distinto?

La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría -ahora llamadas las 'ías', con una connotación de temor- estaban re­legadas a un segundo plano hasta hace poco. Entre otras razones porque el ex­presidente Álvaro Uribe, con su estilo omnipresente y microgerencial, y su popularidad, acapara­ba la atención de los medios por encima de los otros poderes y eclipsaba las fallas que se estaban presentando en otros ór­ganos del Estado.

Durante sus ocho años de gobierno, el cáncer de la corrupción hizo metástasis en la DNE, Ingeominas, Inco­der, la DIAN, el INCO, o el sistema de salud. Esto fue no solo por la infiltración de los corrup­tos, sino también porque los organismos encargados de detectarlo y erradicarlo no actuaron a tiempo. La Fiscalía ni siquiera tuvo fiscal en propiedad durante año y medio por cuenta del choque de trenes entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente alrededor de la terna. El contralor Julio César Turbay tomó decisiones importantes durante su periodo, como por ejemplo las de las regalías. Sin embargo, después de su retiro le han cobrado duro la aparición de nóminas paralelas y camionetas de lujo. Y el procura­dor Edgardo Maya, quien mostró pantalones en muchos temas, fue demasiado cauto en algunos casos espinosos, como la yidispolítica.

En ese contexto surgen estas tres fi­guras, Morales, Morelli y Ordóñez, quienes a pesar de sus diferencias y sus defectos, pa­recen tener un ingrediente común: el ca­rácter. Como dice un prestigioso decano al referirse a Viviane Mo­rales y a Sandra Morelli, a las que conoce bastante bien: "No son medias tintas. No vacilan. Se empeñan y sacan la cabeza por donde la meten". Descripción que le cabe también a Ordóñez.

El cruzado

El procurador es, de los tres, el que más tiempo lleva en el cargo. Completa un año y medio y en su despacho cuentan que la frase que más se le oye decir es: "El que la hace la paga".

Y si bien en sus primeras actuacio­nes, como la de la yidispolítica, dejó mu­cho que desear, y en su posición en temas como el aborto ha dado lugar a que se le tilde de fanático religioso, la verdad es que por estos días no deja títere con ca­beza. Sus fallos van a diestra y siniestra: destituyó, por un lado, al exministro Sabas Pretelt, al exsecretario general Bernardo Moreno y al gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y, por el otro, también a Piedad Córdoba y suspendió al alcalde Samuel Moreno.

A pesar de que llegó a su cargo con el supuesto guiño del presidente Uribe, fue el primero que le metió el diente a la guardia pretoriana del exmandatario. Y fue también el primero que le puso el acelerador a la investigación para frenar el espantoso carrusel de la contratación en Bogotá, incluido el retiro temporal del alcalde, con el argumento de que era necesario evitar poner en riesgo las billonarias inversiones que estaban pendientes de contratación, que, según se afirma, se acercan a los seis billones de pesos.

Pero tal vez Ordóñez dejará su sello personal en que ha sido el pri­mer procurador en hacer uso del proceso verbal, una herramienta que se aprobó desde 2002, pero que ningún otro ha­bía puesto en práctica. Y la diferencia es significativa: un proceso disciplinario que antes se tomaba dos años, con este nue­vo sistema se resuelve en dos meses. Lo que quiere decir que hoy, a diferencia de antes, es más probable que se destituya al gobernador o al alcalde mientras está en el cargo. ¿Habría tenido el mismo impac­to la suspensión de Samuel Moreno o la destitución de Juan Carlos Abadía cuan­do ya estuvieran por fuera del cargo y no tuvieran el manejo del presupuesto?

Hasta la llegada de Ordóñez, la ta­rea de sanción disciplinaria, es decir, sus­pensiones y destituciones de alcaldes y gobernadores en ejercicio, no se practicaba tanto en la Procuraduría, o por lo menos no en el caso de las grandes ciudades ni de los altos funcionarios.

Morelli 'sin miedo'

Sandra Morelli, por su parte, va a cumplir un año al frente de la Contraloría, pero su talante se hizo notar desde el primer momento. No tuvo pelos en la lengua para denunciar los ex­cesos que encontró en su entidad: una nómina paralela de 53.000 millones de pesos, una lujosa camioneta Mercedes-Benz adapta­da como oficina ambulante y, sobre todo, el asombroso dato de que 70 por ciento de los procesos por responsabilidad fiscal estaban a punto de prescribir. Morelli sacó de las gavetas casos paradig­máticos como el del TransMile­nio de la 26 y el de Agro Ingreso Seguro.

Ella no parece intimidarse. A los pocos días de llegar a su despacho se dio cuenta de que uno de los teléfonos estaba 'chuzado' desde otro piso del mismo edi­ficio de la Contraloría, y, sin mayor aspa­viento, cambió sus oficinas del piso 26 al 12 y le pidió a la Policía que investigara. Una persona cercana a su despacho cuen­ta que "en una ocasión le estaban dicien­do que unos abogados la iban a denunciar por prevaricato. Y ella respondió: 'Pues que lo hagan. Porque el día que repartie­ron el miedo, a mí no me tocó nada'".

Así como el procurador, un criterio trascendental que está aplicando la con­tralora Morelli es el de la oportunidad. Para ella es crucial adelantarse a los he­chos y evitar que los recursos públicos se pierdan. Al contrario de lo que antes se ha­cía, que era llegar solo para sancionar y cuando ya era difícil recuperar la plata perdida. Para citar unos pocos ejemplos, ha estado echándoles ojo a asuntos locales como la licitación del chance en Manizales, pues está empeñada en evitar que la ciu­dad pierda más de diez mil millones de pesos, y también a grandes proyectos nacio­nales como el del reparto de las ayudas a los damnificados por el invierno, para lo cual armó un equipo de control exprés con más de cincuenta personas, que han impedido despilfarros de miles de millones de pesos que probablemente hubieran sucedido sin esta medida.

Morelli ha recurrido a herra­mientas que hace décadas no usaba de manera frecuente la Contraloría, como suspender a funcionarios para evitar que entorpezcan las investigaciones -así lo hizo con el gobernador del Magdale­na y con el director del IDU en Bogotá- o embargar oportunamente las cuentas de los implicados -como hizo con bienes y cuentas de los hermanos Nule y el alcalde de Bogotá-. También le puso 'tatequieto' a la malsana costumbre de empeñar a los municipios y departamentos con vigencias futuras y ya advirtió que hará control estricto sobre el manejo de 65 billones de pesos del Esta­do que están en fiduciarias.

El desempeño de Morelli no sor­prende a quienes la conocieron como una estudiante brillante en la Universidad Ex­ternado. No en vano siempre tuvo beca de honor, fue summa cum laude y estudió en la Sorbona y en Montpellier también becada por la Unión Europea. "El perfil de Sandra Morelli ha sido sin duda una fortaleza muy grande para lo que nece­sita la Contraloría precisamente en este momento", anota el auditor saliente, Iván Darío Gómez Lee.

La fiscal de hierro

La fiscal Viviane Morales es, de los tres, la que menos tiempo lleva en su car­go: apenas cinco meses. Así como Mo­relli, también brilló en la academia, fue colegial de número de la Universidad del Rosario y se ganó una beca para estudiar Derecho Público en París.

Desde entonces, recuerda una de sus amigas, ha tenido un carácter muy fuerte. "Ella es de esas personas que se destacan en momentos de conflicto. Re­cuerdo mucho que cuando ella era colegial, le tocó la elección de un consiliario de la universidad, que es la posición de mayor prestigio en ese claustro. Uno de los candidatos era dueño de un banco donde trabajaba su papá. Ella votó por el otro candidato, y a su papá lo echaron del banco. Desde entonces se ganó la admiración de todos en la universidad".

Muestras de ese mismo carácter se han visto en los primeros meses de su gestión. Lo primero que hizo cuando llegó al búnker de la Fis­calía fue imputar cargos a Bernardo Mo­reno y a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado por las 'chuzadas' ilegales. A la fiscal no le tembló la voz para hablar de la existencia de "un complot contra la Corte desde la Casa de Nariño".

Y así como esa, su Fiscalía ha to­mado otras decisiones de casi la misma envergadura: la medida de aseguramien­to contra los implicados en el carrusel de la contratación en Bogotá -los primos Nule, el contralor distrital, la directora del IDU-, las medidas contra los involu­crados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro y el proceso que ha desver­tebrado la corrupción en el sistema de la salud. No se equivocan quienes afirman que se trata de un verdadero récord para tan poco tiempo.

¿Hasta dónde?

Figuras como la fiscal Viviane Morales, la contralora Sandra Morelli y el procu­rador Alejandro Ordóñez surgen en este momento porque pocas veces ha habido tanta presión de la opinión pública para exigir que se pongan límites a los continuos raponazos a las arcas del Estado.

En Colombia, durante décadas, se permitió que progresaran prácticas que llegaron a excesos vergonzosos, y eso ha creado este ambiente de "basta ya". Por esa tolerancia en el pasado, algunas personas castigadas en casos como el de las 'chuzadas' y la yidispolítica consideran que los están condenando por algo que en Colombia se ha hecho toda la vida.

Por eso, también hay que decir que en esa cruzada contra la corrupción en que están embarcados los 'tres mosqueteros', la presión del aplauso permanente de la opinión pública puede llegar a producir excesos. Este podría ser el caso de algunas decisiones de las entidades en cuestión que han sido objeto de controversia. En esta categoría podrían estar la deten­ción preventiva de los tres técnicos de Agro Ingreso Seguro, pues ninguno de ellos se constituía en una amenaza para la sociedad. Lo mismo se podría afirmar de la solicitud que hizo la fiscal para una detención preventiva al exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno. El juez del caso negó esta medida por encontrarla desproporcionada. También hubo polémica alrededor de la suspensión del alcalde Samuel Moreno: ¿puede ser sus­pendido un funcionario elegido por voto popular con el argumento de que es incompetente? Y también está la pregunta de hasta dónde puede llegar el poder exprés del procurador, quien hoy puede cambiar, en un abrir y cerrar de ojos, a punta de suspensiones y destituciones, el mapa político de toda una región.

Pero de lo que sí no hay duda es de que los tres altos funcionarios son personas de grandes convicciones. Son profundamente creyentes: el procurador es un ferviente católico no transaccional; la fiscal, una cristiana evangélica convencida y la con­tralora, sin fanatismos religiosos, es una mujer de armas tomar. Pues otra cosa que han demostrado tener en común es su capacidad para tomar decisiones difíciles.

Cada uno de ellos llegó a ese alto cargo sin ser el favorito de la terna: Or­dóñez tuvo que entrar a última hora a reemplazar el candidato del Consejo de Estado que renunció; en el caso de Mora­les, muchos creyeron que los aspirantes masculinos a ese cargo, Juan Carlos Esguerra y Carlos Gustavo Arrieta, le llevaban ventaja. Y en el caso de Morelli, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que jugársela toda para que el Congreso la eligiera.

Con la llegada de este nuevo trío de funcionarios, definitivamente se les ha dado nuevos bríos a esas entidades. Reina en el país una sensación de que se están sancionando con firmeza prácticas que habían llegado a niveles intolerables en el pasado. La copa se había desbordado, y tal vez ese timonazo era necesario.