Se busca alcalde para Riohacha… La Procuraduría lo suspendió, él aprovechó para irse de vacaciones y MinInterior lleva más de un mes sin nombrar reemplazo

El desgobierno está reinando en Riohacha, la capital de La Guajira y una de las ciudades con más complejas problemáticas sociales. En esta ciudad el alcalde José Ramiro Bermúdez fue suspendido por la Procuraduría por irregularidades en un gigantesco contrato que tenía como fin definir el operador del sistema de acueducto y alcantarillado del Distrito, de eso ya pasó más de un mes y la interinidad se mantiene.

Así, mientras los cerca de 200 habitantes esperan que llegue alguien a gobernarlos, desde el Ministerio de Interior no han nombrado reemplazo, por el contrario, han puesto trabas y requisitos que han mantenido esta interinidad sin respuesta, pese a los contantes llamados de la Procuraduría para que se cumpla la sanción.

El alcalde Bermúdez no se queda atrás sacándole el cuerpo a la sanción y evitar ser notificado. Tan pronto supo de la drástica sanción de la Procuraduría en su contra, de forma casual, tomó vacaciones.

Según documentos de la misma alcaldía, el tiempo aprobado fue de del 2 al 23 de mayo, dejando como encargado a su mano derecha, el secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Leandro José Mejía, quien, según se conoce, es la sombra de Bermúdez, en la práctica como si nunca se hubiera ausentado del cargo.

Mientras Bermúdez vacacionaba, el Ministerio del Interior tampoco hizo nada. Son más de cinco los oficios que le ha enviado la Procuraduría a los asesores jurídicos y hasta al mismo ministro Luis Fernando Velasco, pero han hecho oídos sordos, mientras Riohacha está al garete.

En primer lugar, luego de anunciada la sanción que impone una suspensión por tres meses del cargo, no realizó el nombramiento del alcalde encargado de reemplazar a Bermúdez con una excusa particular: requirieron el fallo con el que se profería la sanción, aunque según la norma esta decisión es de inmediato cumplimiento. Esa misma notificación llegó a al presidente Gustavo Petro.

Hasta el momento no se ha dado respuesta ni ejecución a la decisión, al punto que la misma procuradora Gloria Yaneth Quintero tuvo que ir a averiguar por la situación hasta el ministerio de Interior y hasta llevó la decisión en la mano para entregarla y evitar que se siguieran dando largas. Eso fue el 25 de mayo.

Ya se acabaron las excusas para ejecutar la sanción presuntas y complejas irregularidades del alcalde José Ramiro Bermúdez. A él ya se le acabaron las vacaciones, el Ministerio del Interior ya está más que notificado y ya no tiene más excusas. Sin embargo, en Riohacha nada pasa y solo queda una pregunta ¿Por qué el Gobierno no ha ejecutado la sanción que lleva más de un mes durmiendo el sueño de los justos?.

La suspensión

Desde el pasado mes de diciembre de 2022, la Procuraduría General de la Nación emitió un oficio dirigido al alcalde de la ciudad de Riohacha, en el departamento de La Guajira.

En dicho documento, solicitaban información sobre el manejo del proceso de contratación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la ciudad y en la zona rural, a fin de corroborar la transparencia en el proceso de licitación pública.

Tras cuatro meses de investigación, en la mañana de este sábado 29 de abril la Procuraduría ordenó la suspensión del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por un periodo de tres meses, debido a presuntas irregularidades el proceso de contratación de la empresa de acueducto.

El mandatario fue informado de su suspensión por la Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Contratación Estatal, quien además le informó sobre la apertura de una nueva investigación.

Ahora bien, esta nueva indagación no solo incluye a Bermúdez Cotes, también están involucrados: asesores jurídicos para la contratación, secretario de obras y otros funcionarios; el punto en común de estas personas, es el manejo de la contratación y obras públicas de Riohacha.

La decisión tomada por la Procuraduría se da en el marco de la “Licitación Pública LP1008/2022, cuyo objeto fue contratar el operador para la gestión, financiación, operación, rehabilitación, construcción, diseño, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario en el Distrito de Riohacha”.

Al parecer, empezaron a notar irregularidades en el proceso licitatorio desde el inicio de la convocatoria, información que obtuvo la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Contratación estatal, quienes además daban sus observaciones a medida que avanzaba el proceso para “corregir probables fallas detectadas”. Incluso, el Ministerio Público sugirió suspender el proceso.

Aunque la licitación fue suspendida, según la Procuraduría, la documentación presentaba problemas que posteriormente afectarían a las partes involucradas, es ahí cuando el ente de control pidió hacer las correcciones pertinentes.

No obstante, a pesar de las advertencias, en marzo de este año, se conoció que la Administración de Riohacha, a través de la resolución 0311 suscribió el contrato con la Promesa de Sociedad futura Aqualia S.A.S. y E.P.S.