JUSTICIA
¿Por qué se cayó el preacuerdo con el 'ventilador' del caso Tunjuelo-Canoas?
La jueza consideró que la pena negociada fue mal dosificada. Las declaraciones del contratista Andrés Cardona son claves en las anunciadas imputaciones de cargos contra constructores de la capital.
Últimamente, las cosas no han salido muy bien para quienes han querido negociar preacuerdos con la Fiscalía General. Por lo menos en cuanto a procesos relacionados con el escándalo del ‘carrusel‘ de la contratación de Bogotá.
Después de que la Corte Suprema de Justicia aumentó en más del doble la pena negociada inicialmente entre la Fiscalía y los hermanos Nule, Miguel Nule dio una entrevista en W radio en la que explicó haberse sentido traicionado por la justicia.
Luego, este viernes, se cayó el preacuerdo concertado entre el ente acusador y el empresario Andrés Cardona Laverde, quien se había convertido en una pieza clave de la fiscalía para explicar lo que realmente sucedió en la licitación de Tunjuelo-Canoas
De acuerdo a lo que se ha dado a conocer en audiencias, la teoría de la fiscalía es que el multimillonario contrato fue obtenido por el consorcio conformado por Odebrecht y CASS Constructores gracias a sobornos entregados a funcionarios y empresarios, así como al alcalde Samuel Moreno, quien los habría supuestamente ayudado a "direccionar" el contrato.
Pero esta versión acaba de sufrir un tropiezo importante, en el momento en el que la juez 90 de conocimiento estimó que la pena de 8 años y 10 meses negociada a cambio de la aceptación de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, fue mal dosificada.
“La Fiscalía no tuvo en cuenta las circunstancias de mayor punibilidad en relación a los dos delitos presentados en el preacuerdo y (...) adicionalmente, la Fiscalía señala una rebaja de hasta la mitad de la condena por aceptación de cargos”, explicó la togada durante la audiencia.
Para comprender porque se trata de un hecho relevante, hay que tener en cuenta que Cardona era el copropietario de la firma ACC ingeniería -una empresa que contrataba regularmente con el acueducto de Bogotá- y que se había convertido en el segundo "ventilador" de la fiscalía en este caso.
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Si bien en un primer momento Cardona sostuvo su inocencia, tanto en medios de comunicación como en los juzgados; después de la imputación aceptó su responsabilidad en el presunto negocio, a través del preacuerdo que le fue negado este viernes.
¿Cómo llegó Cardona a los estrados judiciales?
Hasta donde se sabe, el primero en relacionar a Andrés Cardona con los presuntos sobornos de Tunjuelo-Canoas fue el polémico contratista Emilio Tapia, quien aseguró que a través de ACC Ingeniería, Cardona se había logrado convertir en el ‘mandamás’ del acueducto de Bogotá.
Tanto el fiscal Juan Vicente Valbuena como su reemplazo, Jaime Cetién, afirmaron que Cardona había sido uno de los encargados de ‘direccionar‘ la licitación del contrato y que había sido luego el encargado de recoger los sobornos del consorcio y pasárselos a Emilio Tapia, para que este se los hiciera llegar a los hermanos Moreno.
Para demostrar su teoría, los acusadores alegaron que Cardona viajó a México junto con Emilio Tapia para acordar los detalles del negocio con el senador Iván Moreno y que, a cambio de sus servicios, la firma de ACC Ingeniería había sido nombrada subcontratista en la licitación por medio de unas obras en las que “hubo sobrecostos por 664 millones de pesos, un 35 por ciento más del valor total del contrato”.
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De acuerdo con lo que expuso en audiencias la Fiscalía, Cardona Laverde sería también el principal ‘ventilador’ en contra del exgerente del acueducto Jorge Pizano, al que supuestamente habría aconsejado en cuanto a la postura de defensa que tenía que adoptar.
Sin embargo, lo extraño del caso es que hace tan solo unos meses, la versión presentada por Cardona ante la Corte Suprema de Justicia era radicalmente diferente de la que adoptó en el marco de su preacuerdo, de acuerdo a lo que ha dado a conocer la Fiscalía.
En la mencionada diligencia, Cardona Laverde aseguró que no sólo no mandaba en el acueducto -lo cual trató de demostrar con el hecho de que perdió grandes licitaciones y fue multado por el acueducto en reiteradas ocasiones- sino que fue directamente extorsionado por Emilio Tapia en marzo de 2011, cuando este le habría solicitado 1.200 millones de pesos para no involucrarlo en las declaraciones que rindió ante la Fiscalía, relacionadas con el tema de Tunjuelo-Canoas.
Luego de aclarar las dudas que persisten en este caso, el ente acusador tendrá otra oportunidad para gestionar un nuevo preacuerdo. Sin embargo, ello implicará que Andrés Cardona acepte renegociar una pena que aumentaría sustancialmente si se consideran las agravantes que acaba de solicitar la jueza.