Se cayó acción popular que pretendía que Centros Poblados devolviera $70 mil millones por contrato de conexión a escuelas rurales

En una decisión definitiva, el Consejo de Estado enterró la acción popular con la que la Procuraduría pretendía que la Unión Temporal (UT) Centros Poblados devolviera los 70 mil millones de pesos que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (TIC) le entregó de anticipo por el contrato para la conexión de internet a miles de escuelas rurales.

Con esa escandalosa situación, el Ministerio Público puso una acción popular para que protegieran los derechos colectivos del contrato, al considerar que se habrían vulnerado con la presentación de garantías bancarias falsas para que se diera el anticipo sin que presuntamente se cumplieran los requisitos de ejecución por parte de la UT.

Pero ante ese recurso, el Tribunal de Cundinamarca expuso que cuando la violación de un derecho afecta directamente a una entidad pública, esa entidad es la que debe adelantar todo el proceso para solicitar la defensa de interés patrimonio, y en ese momento ya existían cuatro procesos contractuales por las presuntas irregularidades es en dicho contrato.

Por esa razón, el Tribunal consideró que por pérdida de competencia, declaró la terminación del proceso explicando que “la Sala advierte que la razón que dio origen al presente medio de control fueron las presuntas irregularidades surtidas para la entrega del anticipo del contrato de aporte núm. 1043 de 2020 y la consecuente pérdida del mismo, esto es, de los $70.243′279.599, los mismos que son reclamados como perjuicios por el representante legal del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las acciones contractuales (...) por lo que, con la presentación de dichos medios de control contractuales, este es el juez natural a quien recae el análisis de dichos perjuicios y no al juez popular”.

Con esa consideración, el caso llegó hasta el Consejo de Estado para qué se revisará una medida que proteja los derechos colectivos y se recupere el adelanto del dinero por el millonario contrato, después de que se detectaron irregularidades y actuaciones de los contratistas para evitar que los recursos se devolvieran.

En una auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se definió definitivamente sobre ese recurso que declaraba vulnerados la defensa al patrimonio, los derechos colectivos, a la moralidad administrativa y el acceso al servicio esencial de internet, por las anomalías que se presentaron en la licitación y el contrato entre MinTic y la UT Centros Poblados.

Pero para el Consejo de Estado la decisión del Tribunal de Cundinamarca frente a esa decisión fue “bien denegado el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación contra el auto del 28 de septiembre de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección A”.

Hay que recordar que con la decisión de finalizado ese proceso, el Tribunal levantó las medidas cautelares de embargo que habría sobre las cuentas de la Unión Temporal, de los cuales existía un depósito consignado por Prosperidad Social por 85 millones de pesos en las cuentas judiciales que fueron objeto de embargo.

Abogados expertos consultados por SEMANA manifestaron que con el fin de este recurso, se interpuso otra acción por la vía de la reclamación contractual con la que se estaría buscando que la plata que se pagó por ese contrato no se pierda y regrese a las arcas del Estado.