Se enreda proceso contra policías implicados en interceptaciones a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

Como si fuera un discurso repetido, los policías que fueron capturados por las interceptaciones a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, recitaron la misma frase: “no acepto cargos”. Se pararon firmes en su decisión y ahora su defensa presentó un conflicto de competencias.

De acuerdo con los abogados, existe un conflicto de competencia para que una jueza en Bogotá asuma el juicio en contra de los cuatro uniformados que fueron capturados por las interceptaciones ilegales. En criterio de la defensa, los hechos que son materia de investigación de la Fiscalía ocurrieron en el departamento de Chocó y es en esa jurisdicción donde se debe adelantar el juicio.

La Fiscalía rechazó la solicitud de la defensa tras advertir que, si bien uno de los fiscales que resultó engañado por los uniformados para obtener las interceptaciones, tenía sede en el departamento de Chocó, lo que motivó u originó las actuaciones, presuntamente, ilegales de los uniformados ocurrió en la capital del país y es allí donde debe avanzar el proceso.

La representación de víctimas en este caso, justamente de los fiscales que fueron engañados por los uniformados para obtener las órdenes de interceptación, también rechazó la solicitud de la defensa, insistiendo en que toda la investigación del ente acusador arrancó en la ciudad de Bogotá, justamente por hechos en la misma capital.

“Nos oponemos totalmente a este tipo de solicitudes que hacen los abogados defensores y nuevamente insistimos: las víctimas en Colombia no pueden seguir siendo estigmatizadas, no se puede seguir tratando de ocultarlas y que deban ellas ceder y permitir ante los victimarios”, señaló el abogado Wilson Pulido, representante de la fiscal que fue engañada por los uniformados.

La jueza que en teoría daría trámite a la acusación en contra de los uniformados negó las pretensiones de los abogados, insistiendo en que era la competente para asumir el proceso y el eventual juicio; sin embargo, en el marco de la ley, trasladó la solicitud de la defensa a la Corte Suprema de Justicia para que analice la decisión y estime la competencia del caso.

Se trata de la patrullera Danna Cañizales, del intendente Alfonso Quinchanegua y los patrulleros John Fredy Morales y Fredy Alexander Gómez. Los cuatro resultaron enredados en un escándalo nacional cuando recibieron la orden de investigar un caso de hurto y terminaron en una serie de actuaciones que para la Fiscalía fueron ilegales.

“Ya para el 2 de febrero del presente año se allega nuevo informe, anexándose denuncia penal, entrevistas, declaración jurada, informe ejecutivo y formato de fuente no formal con su respectivo código CARDEX, quien suministró unos alias, al igual que sus números telefónicos, correlacionados con los hechos relativos al hurto de dólares”, señala el escrito de acusación de la Fiscalía contra los uniformados.

Aunque los uniformados confían en demostrar su inocencia, la Fiscalía tiene otro escenario en la experiencia. Los cuatro policías que usaron su conocimiento y alcance para lograr las interceptaciones a las comunicaciones de Marelbys Meza y sus amigos, en criterio del ente acusador, acudieron a actos de engaño, hechos criminales, para conseguir su objetivo; por orden de quién es lo que se espera resolver con el curso de la acusación.

“Actuó en coautoría impropia, con Alfonso Quinchanegua y Dana Canizalez, procesados en el caso surtido por anticorrupción”, señala el escrito de acusación. Estos últimos le presentaron el informe del hurto a la fiscal primera, “prestando un aporte esencial, pues era la fuente DIJ10 — Rafael Santos y no otra, la fuente a utilizar para producir la información mentirosa, a través de un acuerdo previo o concomitante”, agrega.

Con la acusación en firme, arranca otro capítulo, en el cual la Fiscalía y la defensa podrán destapar las cartas, por un lado, para lograr una condena y, por el otro, para demostrar su inocencia. En cualquier caso, la decisión ahora está en manos de los jueces, no de la Fiscalía, así que desde el Gobierno no podrán señalar que el ente acusador actúa conforme a pretensiones políticas.